Las 37 represas que hay en la Isla mantienen una clasificación de alto potencial de riesgo y no se han sometido a una inspección rigurosa para asegurar que su integridad estructural sea resistente a eventos telúricos.

Sin embargo, a pesar de que esas estructuras han estado bajo inspección continua desde el terremoto del 7 de enero, no existen escenario de potenciales de perdida de vida ni daños a infraestructura en caso de que una de estas estructuras falle.

'Nosotros en la Unidad (de Inspección de Represas) lo único que hacemos es estudios de rotura de represas. Hasta donde llegaría una potencial inundación en caso de una rotura, en terminos de cuánto costaría, no entramos en ese detalle', afirmó el director de la Unidad de Inspección de Represas de la Autoridad de Energía Electrica, Jose Bermúdez.

Actualmente, las represas con mayor prioridad para recibir refuerzos estructurales son las represas de Patillas y Guayabal en Villalba. A pesar de que los planos para esa obra se han desarrollado desde el año pasado, la fase de desarrollo y construcción no ha progresado por falta de fondos.

No obstante, Díaz precisó que están evaluando la posibilidad de incluir financiamiento para la represa Guayabal mediante Procedimientos Alternativos del Programa de Asistencia Pública de FEMA, mientras que la represa de Patillas está en proceso de ser recipiente de fondos para obras permanentes de FEMA por concepto de Mitigación de Riesgos.

En cuanto a los señalamientos sobre el estado de las represas provienen de un informe elaborado por el American Society of Civil Engineers (ASCE) y el cual emite calificaciones al estado de la infraestructura de la Isla. Para el 2019, el Infraestructure Report Card otorgó un grado de D- a Puerto Rico.

El informe de la ASCE dedicó una parte al estado de las represas de la Isla, utilizando datos suministrados por el gobierno local, el National Inventory of Dams (NID) del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de Estados Unidos (USACE) y el Dam Safety Performance Report del Association of State Dam Safety Officials (ASDSO). En síntesis, el reporte advierte que, aunque 81% de las represas de Puerto Rico están en condición satisfactoria, 'la oficina de seguridad de represas estatal carece del presupuesto para realizar análisis sísmicos comprensivos y estudios hidráulicos necesarios para determinar a fondo las condiciones actuales, riesgos y modernizaciones necesarias'.

Como contexto, la mayoría de las represas de Puerto Rico fueron edificadas previo a la decada del 1960, por lo que muchas de esas estructuras no fueron construidas con refuerzos sísmicos. Por ello, el reporte insiste en que las represas requieren un estudio comprensivo y la ejecución de medidas correctivas para reforzar sus estructuras.

Según el Dam Safety Performance Report del 2018, una condición satisfactoria significa que no existen deficiencias de seguridad reconocibles. Sin embargo, el Infraestructure Report Card señala que la información para llegar a esas conclusiones las emite el estado de forma voluntaria por el Programa Estatal de Inspección y Reglamentación para la Seguridad de Represas y Embalses, adscrito a la Autoridad de Energía Electrica (AEE).

'Las inspecciones de seguridad a las represas son la herramienta principal para evitar accidentes. Sin embargo, para al menos 10 represas registradas ante el NID en el 2019, la fecha de la última inspección es de hace más de tres años', señala el informe, haciendo la salvedad de que la información ante el NID puede tomar meses para actualizar.

De hecho, al momento de publicación de esta nota, el portal del NID estaba fuera de línea, según confirmó una portavoz de ese programa a este medio.

Aun así, 36 de las represas en servicio sí cuentan con un plan de acción de emergencia ante desastres. El mismo incluye procedimientos estándares para atender una ruptura o una falla y un listado de agencias a alertar para notificar a personal de emergencia sobre las áreas que requieren evacuación.

Los planes de acción de emergencia de las represas deben ser ensayados, sin embargo, el Dam Safety Performance Report indicó que a penas el 35% de los planes de las represas en la isla han cumplido con ese requerimiento.

El presupuesto del Programa de Inspección y Reglamentación para la Seguridad de Represas y Embalses ascendió a $230,686 para el año 2018, lo que implicó una asignación de $6,234 para cada represa - aunque esa asignación supera el promedio nacional de $4,000. Sin embargo, aunque el programa cuenta con un presupuesto y una plantilla de personal mayor al promedio nacional - con cinco personas a tiempo completo para las 37 represas - se requiere mayor financiamiento para inspeccionar todas las represas de forma más rigurosa.