El Senado y el Municipio de Ponce son las entidades públicas que han dado el paso al frente para recoger, mediante contratación, a la exvicealcaldesa de Guaynabo, Aurialis Lozada Centeno, y al exoficial de Prensa de dicho Municipio, Alexis Ramos Merced.

Lozada y Ramos sirvieron bajo el exalcalde Hector O'Neill, a quien se le presentarán cargos este viernes por parte de los fiscales especiales independientes Guillermo Garau Díaz y Leticia Pabón Ortiz.

El Senado, presidido por el defensor político de O'Neill, Thomas Rivera Schatz, otorgó un contrato de $60,000 al bufete de Lozada, ALC Legal Services Group, el 30 de agosto con vigencia del 1 de septiembre al 30 de junio de 2018. Además, otorgó un contrato de $24,000 a ARM Consulting Group, compañía de Ramos Merced. El contrato fue firmado el 26 de octubre con vigencia desde el 1 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018.

Por su parte, el Municipio de Ponce extendió contrato a ALC Legal Services Group el 3 de noviembre de 2017 con vigencia hasta el 5 de abril de 2018 y con monto de $155,000. Se trata de la contratación por servicios legales más cuantiosa que ha pactado la alcaldesa María Melendez desde el paso del huracán María.

ALC fue registrada como entidad corporativa el 11 de agosto de 2017, unas dos semanas antes de su contrato con el Senado. Mientras, ARM fue registrada el 24 de octubre de 2017, dos días antes de su contrato con el Senado.

De ser una de las figuras más dominantes en el Partido Nuevo Progresista (PNP) y uno de los alcaldes más influyentes de cualquier partido, O'Neill perdió su escaño tras conocerse que había transigido una reclamación de hostigamiento y violencia sexual por parte de una mujer policía del municipio.

La investigación de los fiscales cubre no solo esas alegaciones, sino tambien otros ámbitos.

NotiCel reveló en exclusiva una demanda federal que involucra a O'Neill y a uno de sus hijos y en la que se alega que existía en la Alcaldía un ambiente de hostigamiento sexual y un entendimiento de que para que las empleadas feminas pudieran ascender tenían que acceder a avances de padre e hijo. Ese pleito sigue pendiente.

Durante esa controversia, Lozada ganó críticas tras contratar a un equipo de relaciones públicas para escenificar un evento en el que mujeres empleadas del municipio aseguraban que no había ambiente ni patrones de hostigamiento sexual en la Alcaldía.

La contratación de Lozada por parte del Municipio de Ponce fue reportada inicialmente por el semanario La Perla del Sur, que contrastó el contrato con las reducciones de personal y de compensación que han sufrido los empleados de dicho ayuntamiento sureño.