La juez federal Laura Taylor Swain denegó el prestamo de $550 millones - con tope hasta $1.2 billones - emitido por el gobierno para la Autoridad de Energía Electrica (AEE) para mantener operaciones, pero dejó la puerta para que el gobierno pueda enmendar su moción a los efectos de reducir el prestamo hasta $300 millones.

En su decisión, Swain indicó que tanto la Junta de Control Fiscal (JCF), la AEE y el gobierno central no demostraron que en efecto hicieron un esfuerzo para negociar un prestamo con un tercero, que no suponga trastocar las prioridades de pago del resto de los bonistas, tal como pretendía la propuesta de prestamo presentada.

Sentenció además que el prestamo fue confeccionado desde el punto de vista de la AEE, sin tomar en cuenta las protecciones aplicables a los acreedores y bonistas de la corporación pública.

La moción enmendada debería ser entregada en los próximos días y debería ser modificada para reflejar mayores detalles sobre el financiamiento no asegurado y para que el alivio a la paralización de litigios sea más justo para todos los constituyentes de la AEE.

Advierten apagones empezando este fin de semana

A juicio del principal asesor financiera de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), Todd Filsinger, si la corporación pública no recibe autorización para recibir un prestamo a corto plazo, empezando este fin de semana tendrían que reducir la capacidad de generación de sus generatrices, provocando apagones a clientes residenciales.

Así lo testificó Filsinger a preguntas del abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Joseph Davis, durante su comparecencia en la vista de hoy, celebrada en el tribunal federal del distrito sur de Nueva York, que atiende la solicitud para que el gobierno central otorgue un prestamo de $550 millones a la AEE, con un tope de hasta $1,000 millones.

El asesor financiero de la AEE fundamentó sus advertencias en base a una proyección de flujo de efectivo hecho por la corporación pública que indica que para este viernes tendrían aproximadamente $144.8 millones en caja. Tomando en cuenta que la Autoridad require entre $40 millones y $50 millones para sufragar sus gastos operacionales cada semana, Filsinger estimó que durante este mes la AEE alcanzaría un flujo de caja de menos de $100 millones, lo que obligaría la toma de medidas de emergencia para evitar que se queden sin dinero.

Estas medidas extraordinarias tomarían forma en la reducción de la carga electrica generada por las generatrices, lo que redundaría en apagones para los clientes residenciales. Además, supondría tambien la reducción o suspensión de la jornada labora de los empleados de la corporación pública, en la medida que la corporación pública siga perdiendo dinero en caja.

En el peor escenario, la AEE tendría que suspender operaciones, dejando a todos aquellos clientes que logaron reconectar al sistema electrico sin luz hasta tanto pueda costear combustible. Pero ahí tambien enfrentan otro gran reto.

Filsinger indicó que, con la actual liquidez de la AEE, podría estirar operaciones por 3 o 4 semanas, sin -embargo, un cese total de operaciones causado por falta de combustible tambien tendría implicaciones mayores en el suplido. Según testificó en corte, de no efectuar pagos a la línea de combustible diesel, se arriesgan a perder completamente ese suplidor, mientras que en el caso del suplido de bunker C, el suplidor tendría que aumentar el costo del barril a razón de $12.

Mientras, el director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo Portela Franco, dijo que la AAFAF 'se encuentra analizando la determinación de la jueza Laura Taylor Swain para decidir cuáles son los próximos pasos por seguir. Nuestro norte sigue siendo velar por los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico, y que las operaciones de la AEE no se vean interrumpidas. La AAFAF continuará trabajando incansablemente para lograr estabilizar la situación financiera de la corporación pública'.

Bonistas cuestionan por que AEE no cobra facturas adeudadas por agencias y corporaciones públicas

Por otra parte, los opositores a la propuesta de financiamiento - compuesto por bonistas de la AEE, aseguradoras de bonos y otros acreedores - esgrimieron un argumento a los efectos de dilucidar si el gobierno hizo algún esfuerzo para cobrar energía adeudada por corporaciones públicas y agencias. Ellos consignaron que la ley 22 del 2016 obliga a las corporaciones públicas que no están al día con su factura energetica deberían llegar a acuerdos para efectuar un plan de pago dentro un termino de 45 días.

Dicho mandato no se cumplió, aunque Filsinger afirmó que hubo conversaciones en las pasadas semanas para intentar compeler el pago de las corporaciones públicas a la AEE. Abundando a ese detalle, el director ejecutivo de la AAFAF, Gerardo Portela, indicó que su agencia emitió notificaciones a finales de diciembre a las corporaciones públicas que más adeudan a la AEE para compelerlos a pagar sus montos adeudados.

Sin embargo, el abogado del grupo Ad Hoc de Bonistas de la AEE, Gregory Horowitz, demostró que la AAFAF no necesariamente solicitó el pago completo de los montos adeudados. A esos efectos demostró la carta que enviaron al Centro Cardiovascular, indicando que adeudaban más $921 mil, pero según documentos de la propia AEE, esa dependencia realmente debía $12.6 millones.

Horowitz despues demostró copia de la Ley 5 del 2017 (Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal), a lo que Portela declaró que no conoce la ley de memoria. El abogado argumentó que la ley habilita al gobernador con poderes de emergencia que incluyen la capacidad de obligar el pago de deudas a las corporaciones públicas, lo que Portela reconoció como cierto, aunque desconoció si el periodo de emergencia que establece el estatuto sigue vigente.

Por su parte el abogado Lawrence Robbins, representante de los bonistas Ad Hoc, cuestionó en reiteradas ocasiones al director de la AAFAF si en algún momento evaluaron si en efecto la AEE se perjudicaría con un prestamo cuyos terminos de interes sean mayor a los que estableció el gobierno (una tasa de interes de 0% que aumenta a razón de 0.5% cada seis meses hasta un máximo de 3%, pagado a 30 años).