Absoluto silencio. El Departamento de Justicia, las autoridades federales, el Senado, la Administración de Tribunales y los principales implicados en La Fortaleza optaron por guardar silencio ante el informe de la División Legal de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) que determinó que el juez Rafael Ramos Sáenz violó los cánones de etica judicial al participar en la pasada campaña electoral.

'No hay comentarios', contestó a este diario Mariana Cobián, portavoz del Departamento de Justicia, agencia que realiza a la par otra pesquisa luego de trascender la participación del juez Ramos Sáenz en grupos políticos de la campaña del entonces candidato a la gobernación por el PNP, Ricardo Rosselló en la red social WhatsApp.

La Oficina de la Administración de los Tribunales no contestó una petición de NotiCel para conocer si se iniciaría una investigación para conocer si existen otros jueces que hayan o esten participado en actividades o grupos políticos.

Tampoco contestó una petición sobre el informe Wanda Nazario, la portavoz del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, quien encabeza una investigación sobre el polemico chat de WhatsApp y quien ha dicho que espera por la investigación que realiza el Departamento de Justicia

Ayer, el senador por el Partido Popular Democrático, (PPD) Aníbal Jose Torres confirmó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles), dio inicio a las entrevistas de implicados en en chat de WhatsApp que provocó la salida de Ramos Sáenz de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

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No obstante, las autoridades federales no negaron ni confirmaron la pesquisa. 'En estos momentos no podemos negar o confirmar la existencia o estatus de investigaciones', dijo Luis Rivera Santana, portavoz del FBI en Puerto Rico.

Aunque el informe confirma que el secretario de la gobernación, William Villafañe y la subsecretaria de la gobernación Itza García intervinieron directamente con el juez durante la campaña electoral, ninguno de los funcionarios quiso emitir declaraciones públicas. El gobernador Ricardo Rosselló se reunió en la mañana con ambos abogados, según trascendió, y luego de eso el Primer Ejecutivo dijo que no relevaría a ninguno de los miembros de su equipo involucrados en el informe.

El extenso documento refiere al suspendido a la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal General para que inicie un proceso disciplinario en su contra. El informe de la Comisión concluye que 'la independencia judicial del juez Ramos se vio comprometida, no solo al considerar la cantidad de electores de un partido que podrían verse impactados por su decisión, sino tambien al haber consultado o intentado consultar la controversia electoral que surgió ese día, precisamente con personas afiliadas a un movimiento o partido político'.

A raíz de los serios señalamientos, la Oficina de la Administración de Tribunales debería tomar pasos afirmativos para evaluar si otros jueces violentan los cánones de etica que expresamente prohíben el activismo político, coincidieron dos abogados.

'Yo no lo trataría como un caso aislado aunque lo sea, por profilaxis. Creo que hay que purificar los procesos y le corresponde a la judicatura actuar para verificar si no hay o ha habido otras instancias parecidas o similares y corregir ese proceso', planteó el expresidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Ferdinand Mercado.

El abogado, vinculado al PPD, sostuvo que es posible desvincularse de la política partidista para tomar decisiones objetivas basadas en derecho por lo que es necesario limpiar la judicatura de aquellos que no pueden hacerlo.

Reiteró que la activa participación de Ramos Sáenz en la campaña política afecta la imagen de toda la judicatura, sobre todo porque existen cientos de jueces municipales que presiden las Juntas de Inscripción Permanente durante el proceso electoral, y se desconoce si este patrón se repite. Recordó que la comisionada electoral del PNP, Norma Burgos dijo es normal que jueces hagan ese tipo de consultas.

'Este un grado de activismo que no había visto. Tuve conocimiento de un juez que fue a una actividad política acompañando a su pareja y cuando comienza el proceso de sanción renuncia a la judicatura. Fue consistente su participación', indicó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres dijo que los hallazgos de la investigación que confirman su participación afectan la imagen de la judicatura por lo que la Rama Judicial debe tomar medidas cautelares.

'Rama Judicial tiene mecanismos internos para que este tipo de cosas no ocurran. Me temo que en este caso ha habido una fisura en el proceso que de probarse obliga a la Rama Judicial a revisar esos mecanismos y a tomar medidas cautelares', señaló Torres.

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Torres indicó que de todos los señalamientos el elemento de mayor trascendencia es la conclusión del grupo de investigadores que con la actuación del juez quedó comprometida la independencia judicial de este.

Sostuvo que no se debe esperar a que ocurra en una segunda ocasión para tomar la medida más severa posible ya que la independencia judicial es fundamental para que una persona pueda ejercer la responsabilidad de adjudicar controversias entre ciudadanos o ciudadanos y el Estado.

'Un juez no puede comprometer su criterio al momento de analizar los asuntos y adjudicar una controversia. En la medida en que se señale que está comprometida la independencia judicial, lo que se imputa es el desempeño del juez en funciones de la política partidista y sus intervenciones en el proceso de la campaña política de un candidato de un partido pone en entredicho cual será la objetividad de ese juez al momento cuando llegue a su consideración una controversia donde la figura del estado, del gobierno de ese partido sea una de las partes', reiteró.