El Tribunal Apelativo dejó sin efecto la determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en el caso de las pensiones que reclaman maestros de varios colegios católicos.

El panel de jueces, compuesto por la jueza Nereida Cortes González, y los jueces Troadio González Vargas y Felipe Rivera Colón, devolvió al TPI el caso 'para su reevaluación y final disposición'.

'Es preciso concluir que ni a las escuelas parroquiales aquí codemandadas, ni a la Arquidiócesis de San Juan, se les puede imputar ser responsables de contraer la obligación del pago de las pensiones, según estas han sido reclamadas por los demandantes, a la luz de las normas de derecho contractual previamente esbozados', lee la determinación del Apelativo.

'Reiteramos que la obligación de los patronos participantes sobre este asunto se diseñó e implantó bajo el palio, alcance y limitaciones de la figura jurídica del Fideicomiso', agrega la sentencia.

El juez Rivera Colón emitió una opinión disidente.

Originalmente, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan le ordenó a la Iglesia Católica Apostólica en la isla de Puerto Rico, Inc., entidad jurídica que recoge los asuntos de la Iglesia Católica en la isla, y al Arzobispo Roberto González Nieves a que continúe pagando las pensiones de los maestros retirados de los colegios católicos mientras se dilucida un pleito, todavía pendiente, sobre el pago de dichas pensiones.

La orden del juez Anthony Cuevas Ramos es para que la reanudación de pago sea 'inmediatamente y sin más demoras'.

De acuerdo con el Arzobispo, con su decisión el TPI alteró la organización interna de la Iglesia Católica, asunto vedado a los tribunales, según así tambien determinado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

'La Arquidiócesis de San Juan se reitera que cualquier pago relacionado a este caso lo debe hacer exclusivamente el Fideicomiso Plan de Pensiones de las Escuelas Católicas, una entidad jurídica separada de la Arquidiócesis de San Juan, las cinco diócesis, y las escuelas católicas parroquiales y orden religiosa', manifestó González Nieves.

Luego, el juez Cuevas Ramos ordenó un embargo de las cuentas y bienes de la Iglesia Católica, pero el Apelativo detuvo esa orden el mismo día.

Todo comenzó cuando unos 300 maestros, empleados y exempleados de 13 colegios alegaron que la Superintendencia de Escuelas Católicas, adscrita a la Arquidiócesis de San Juan, que dirige González Nieves, actuó en perjuicio de los demandantes al eliminar de manera retroactiva el Plan de Pensión, porque supuestamente se quedó sin fondos.

Para el mes de junio del 2017, los empleados de las escuelas católicas radicaron en el Tribunal Federal una demanda en la que solicitaban, además de la paralización de la venta de activos del plan de pensión, una indemnización de 50 millones de dólares por daños.

Los colegios involucrados en la demanda son: Academia San Jorge, Nuestra Señora De La Providencia, Colegio San Benito, Colegio María Auxiliadora, Colegio Católico Notre Dame, Colegio Nuestra Señora De la Piedad, Colegio San Antonio, Colegio San Antonio Abad, Colegio Nuestra Señora De Lourdes, Colegio Sagrado Corazón, Colegio Nuestra Señora De la Guadalupe, Colegio San Jose de Caguas, Colegio Santa Rosa y Academia Perpetuo Socorro.

Puedes leer la sentencia aquí: