Reconociendo que su fallo tendrá implicaciones en la habilidad de Puerto Rico para operar eficientemente o la posibilidad que la Junta de Control Fiscal (JCF) pueda ejercer sus funciones designadas por el Congreso, la jueza federal Laura Taylor Swain reservó su decisión en cuanto el pleito incoado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

La demanda del primer mandatario persigue una sentencia declaratoria por parte del tribunal para prohibir a la JCF de hacer cumplir ciertas iniciativas presupuestarias mediante el plan fiscal que el gobernador sostiene son recomendaciones al amparo de la ley PROMESA.

Durante la vista, la representación legal de la Junta, encabezada por el abogado Martin Bienenstock de la firma Proskauer Rose, se encargó de plantear los argumentos en contra de los señalamientos del gobernador.

Por una parte, aseveró que el gobernador tiene la facultad, al amparo de la ley 230 (ley de Contabilidad de Gobierno) de realizar reapropiaciones al presupuesto. Sin embargo, esta facultad es incompatible con PROMESA en la medida que el gobernador reasigne partidas no utilizadas en presupuestos pasados pues sería contrario al plan fiscal y presupuesto certificado por la JCF, derrotando así la misión de ese cuerpo.

'La noción de que esto podría ocurrir no solo destruye la habilidad (de la Junta) de controlar el presupuesto… tambien destruye la percepción de que esto es un proceso transparente', indicó Bienenstock en corte, añadiendo que ve difícil que la intención del Congreso fuese permitir tal acción, pues socavaría el plan fiscal.

En su turno, el abogado del gobierno, Peter Friedman de la firma O'Melveny and Myers, señaló que el alivio que buscan al impugnar la autoridad de la JCF esta dirigido a balancear el rol del gobierno y rechazar la idea de que no tienen un rol funcional con la imposición de la Junta. A esos efectos, sostuvo que nada en la demanda ataca los poderes que tiene la Junta bajo la ley PROMESA.

Friedman tambien insistió que la ley PROMESA habla en terminos de recomendaciones que pueda hacer la JCF al gobernador, por lo que la decisión de acoger la recomendación o no recae sobre el mandatario.

El mismo argumento se repitió para la demanda que radicaron los presidentes legislativos, tambien contra la JCF, que perseguía prohibir a ese cuerpo hacer cumplir su presupuesto certificado, en vez del aprobado por la asamblea legislativa. A ese fin, el abogado de la Cámara, Israel Roldán, reiteró que aún cuando la Junta exigió derogar la ley 80 de despido injustificado, en calidad de recomendación, certificó su propia versión del presupuesto que se basaba en la derogación de ese estatuto, aún cuando la legislatura rechazó derogarla.

Sobre el presupuesto, Roldán añadió que el asunto no es si la Junta tiene el poder de certificar su versión, sino que si las razones para certificarlo fueron válidas. Agregó que la JCF optó por esa vía como represalia contra la legislatura por no derogar la ley 80.

Por su parte, el abogado del Senado, Claudio Aliff, señaló que los estimados que ofreció la JCF no demuestran una mejoría en el panorama económico como resultado de la derogación de la ley 80 hasta el 2020. Sostuvo que la advertencia que planteó la Junta de que al no derogar la ley 80 se descuadran las proyecciones es una representación falsa por parte de la Junta para acomodar su pedido de eliminar ese estatuto laboral, lo que va contrario a sus poderes según la ley PROMESA.

Bienenstock abordó el asunto de la ley 80 al recordar que la derogación de la ley 80 fue resultado de un acuerdo entre la JCF y el gobierno local a cambio de no recortar los presupuestos de Fortaleza y la Legislatura. Swain cuestionó que era tan especial sobre la ley 80, a lo que el abogado respondió que se trata de un asunto práctico de la empresa privada de poder terminar empleos sin incurrir en litigación costosa.

Sobre el planteamiento del licenciado Roldán, Bienenstock insistió que la derogación de la ley 80 fue producto de una negociación con la legislatura a cambio de un presupuesto mayor. Bienenstock manifestó que la palabra 'represalia' no está en el vocabulario de la JCF.

Acreedores advierten polemica con el presupuesto afectará acuerdos

Resaltando que no tomarán una posición sobre la controversia, el abogado del Comite de Acreedores no Asegurados (CANA), Luc Despins, manifestó ante la corte que la controversia en pie tiene el potencial de afectar las negociaciones que han alcanzado con los bonistas de COFINA para repartir una porción del IVU.

Según Despins, tanto el presupuesto como el plan fiscal son esenciales para las negociaciones pues establecen los fondos que el gobierno tendrá disponible para el pago de la deuda. En el caso del acuerdo en principio entre los bonistas del gobierno central y los bonistas de COFINA, ese acuerdo estaba basado en el plan fiscal aprobado el 5 de junio, el cual consignaba ciertas proyecciones en relación a la capacidad de deuda del gobierno.

En respuesta, Bienenstock indicó que la JCF no alterará su plan fiscal o el presupuesto para acomodar cualquier acuerdo crediticio y recordó que cualquier reestructuración que acuerden debe caber dentro lo que el gobierno puede pagar. 'El plan fiscal debe ir primero, no el resultado deseado', manifestó el abogado.