A pedidos de la carbonera AES Puerto Rico y la Utility Solid Waste Activities Group (USWAG), el nuevo administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Andrew Wheeler, autorizó que los estados y territorios puedan suspender los monitoreos de agua subterránea que se realizan en vertederos y estanques de cenizas, y ordenó que se eleven los niveles permitidos de plomo, cobalto, litio y molibdeno en esos acuíferos.

La primera reforma de Wheeler entrará en vigor en un mes y tendrá el efecto de ocultar información crítica a las comunidades cercanas, además de permitir que quienes producen este desecho no tengan que responder por la contaminación causada.

La USWAG es un influyente conglomerado de compañías electricas de Estados Unidos que interviene junto a sus cabilderos en asuntos de política pública sobre desperdicios sólidos y peligrosos. AES Corporation, empresa matriz de la carbonera de Guayama, tambien es miembro de esa asociación.

Wheeler agregó que los reclamos formulados el año pasado por la USWAG y AES Puerto Rico ameritaban ser atendidos 'por el interes público' y aceptados por la agencia federal, porque su implementación resultará en economías netas de hasta $31.4 millones anuales para dueños y operadores de centrales electricas de carbón.

Además, porque 'garantizan la protección de la salud humana y el medio ambiente', alegó el funcionario federal en un comunicado de prensa oficial. No obstante, en ninguna línea del mismo, ni en las 82 páginas del nuevo decreto de la EPA se precisa cómo lograrán ese objetivo.

Los cambios se anuncian justo cuando una nueva avalancha de resultados de laboratorio confirma que en casi todas las regiones de la EPA depósitos de cenizas están liberando radiación y elementos tóxicos al subsuelo. Los primeros hallazgos trascendieron el pasado mes de marzo.

Orden riesgosa

En la directriz, Wheeler tambien ordena que se extienda hasta octubre de 2020 la vida de los estanques de cenizas con fugas contaminantes - que debían cerrar en abril de 2019 - y autorizó que funcionarios estatales puedan certificar que los depósitos existentes cumplen con estándares ambientales 'adecuados', en lugar de ingenieros profesionales certificados como establecía el reglamento original.

En Puerto Rico, la EPA podrá delegar este poder a la Junta de Calidad Ambiental (JCA), agencia que ha tratado con guantes de seda a la carbonera AES.

La entidad ordenó sin exito en septiembre de 2017 que la empresa AES cubriera las 400 mil toneladas de cenizas de carbón amontonadas a la intemperie en su sede industrial de Guayama, tras la presión pública por el potencial impacto de los huracanes Irma y María.

La JCA tambien avaló entre los años 2004 y 2011 que sobre 2 millones de toneladas de cenizas se descartaran en 12 municipios de la isla, sin una barrera o material que evitara el traspaso de sus contaminantes al suelo o cuerpos de agua. Entre los más peligrosos resaltan metales pesados como arsenico, cromo hexavalente, cadmio y mercurio.

De ser ingeridos, estos tóxicos aumentan el riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, además de infligir daño cerebral permanente a infantes, ha reiterado la organización Physicians for Social Responsibility en investigaciones sobre el tema.

Estudios pagados por AES Puerto Rico han demostrado que su montaña de cenizas está liberando algunos de estos elementos al agua subterránea y que esa contaminación se desplaza a otros lugares.

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