El Gobierno de Puerto Rico aceptó 'recomendaciones' del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), lo que incluye que estos revisen algunas estructuras, aunque aclararon que no pueden indagar en estructuras para las que no han sido requeridos.

Así lo hizo saber el presidente de ese gremio, Juan F. Alicea en declaraciones escritas en las que aludió a que se encuentran 'colaborando' con el Gobierno de Puerto Rico según le solicitó la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, pero que solo cuentan con 'autorización legal para entrar a inspeccionar estructuras' que les refieren, como ha sido el caso en Guánica, Guayanilla y Yauco.

'[E]l Gobierno tambien ha contratado a una serie de empresas locales para inspeccionar. Nosotros estamos colaborando con recomendaciones y trabajo de campo, pero debe quedar claro que el Colegio no tiene autorización legal para entrar a inspeccionar estructuras si el Gobierno no nos autoriza. El Gobierno es quien nos abre la puerta. Nosotros trabajamos según lo que nos requiere el COE, y la estructura que nos asignan', explicó Alicea en declaraciones escritas.

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Sus declaraciones surgen luego de que la ciudadanía levantara bandera sobre las inspecciones a escuelas públicas tras el desplome de la escuela intermedia Agripina Seda en Guánica, que se debió al sismo de magnitud 6.4 ocurrido el pasado martes. Tras el terremoto, el CIAPR se hizo disponible para colaborar con el Gobierno de Puerto Rico gratuitamente, sin embargo, la Gobernadora anunció que en cambio, se contrataron tres empresas para que revisaran las estructuras educativas.

ROV Engineering Services, E.A.S & Associates y Benítez, Ramos y Asociados (BRA), son las firmas contratadas en una movida que supone un gasto de más de un millón de dólares. Una investigación de NotiCel refleja que todos los dueños de esas empresas han sido donantes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

'Se hace evidente que necesitamos un esfuerzo de organización masivo. Sin esa organización los esfuerzos no fluyen con la efectividad que deberían. Tenemos que estar todos en la misma página sobre el tipo de inspección, las certificaciones y el modo de hacer los reportes. De otro modo, el proceso va a ser accidentado', finalizó diciendo Alicea.

Las clases en el sistema público de enseñanza suponen iniciar el 22 de enero, sin embargo, tanto Vázquez Garced como el secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández, apuntaron a que ninguna escuela iniciará el semestre hasta que se complete su inspección.