El caso del niño de cuatro años que resultó baleado en un residencial de Ponce, y en cuya ropa había droga escondida, no es uno aislado, sino que forma parte de los muchos casos de trata humana que se viven en Puerto Rico a diario, y que son clasificados como abuso de menores, por falta de educación.

En conversación telefónica con NotiCel, el doctor César Rey Hernández, quien ya ha realizado tres estudios sobre trata humana junto con la Fundación Ricky Martin, expresó que este caso, que ha conmocionado a todo el país, ganó relevancia por la manera directa en la que afectó al menor, llamando la atención mediática. Sin embargo, es algo que se vive día a día en la Isla.

“Primero, hay que estipular que el caso de este niño es una explotación, que debe haber sido a través de la coacción, de la manipulación o de la intimidación. Un niño de cuatro años que debería estar en un pre kínder, debe estar en un ambiente extremadamente nocivo en su casa o en ese hogar… En la casa hallaron más droga y ese caso guarda todos los requisitos para la definición de trata que, de nuevo, es explotación, por parte de un familiar o figura de autoridad, que lleva a una ganancia de alguien”, dijo.

Los hechos ocurrieron a inicios de semana en un apartamento del residencial Santiago Iglesias en Ponce. Daban las 10:24 p.m. cuando John P. Hernández Santana, de 26 años, identificado como el padrastro del menor, fue acribillado por pistoleros y, en un intento de protegerse, buscó refugio en el apartamento donde vivía su pareja con sus padres. Los hombres armados lo siguieron, momento en el que cuatro balas alcanzaron al pequeño. Luego, mientras el niño era atendido en el hospital, se hallaron 156 decks de heroína ocultos en su camiseta.

“Esto reitera lo que llevamos 10 años explicando, que es que en este país hay una economía informal, ilegal, sumamente próspera. La de los puntos de droga se calcula casi en tres mil millones de dólares y, según el estimado de hace unos años atrás, de 1,600 puntos de droga a través de toda la Isla, se nutre en más de un 80 por ciento, de menores de 18 años”, abundó Rey.

Según el también catedrático de la Universidad de Puerto Rico, los menores son los más afectados porque son los más vulnerables, invisibilizados y atractivos, ya que nadie sospecha de ellos. “Así que no nos sorprende lo del niño de cuatro años, ya nosotros habíamos visto casos de niñas que se prostituían a los nueve años por parte de sus padres adoptivos, hay casos dramáticos de hace años atrás de una madre que daba a su hija de dos años para favores sexuales… esto no es un caso aislado. Venimos advirtiéndolo hace 10 años. Hay tres trabajos documentados por la UPR y la Fundación Ricky Martin”, puntualizó.

Rey Hernández añadió que es fundamental la educación, ya que la trata humana suele catalogarse en Puerto Rico como abuso de menores, aún cuando aparece como crimen en el código penal.

“Creo que el no entender este fenómeno nos tiene donde estamos como país. Si el Policía piensa que eso es abuso, y no entiende que tener ciento y pico de sobrecitos de heroína es un transporte de mula, y dice que es que alguien está abusando de un menor, pues nunca se levanta el delito. Significa que sigue invisibilizado. Si el policía no está educado en un protocolo, si en la sala de emergencia el médico tampoco está educado para determinar que el niño es víctima de esto, y el fiscal eventualmente tampoco está educado en esa dirección, evidentemente nunca va a haber un trato para esto en este país”, señaló.

El experto señaló que en los registros de las autoridades solo aparece catalogado bajo trata humana un solo caso en Aguadilla. Añadió que, aunque se han hecho esfuerzos como adiestramientos a trabajadores sociales en el Departamento de la Familia y a jueces, no se les da continuidad ni se elabora una estrategia en donde se garantice que se complete la educación a todas las partes que componen la cadena necesaria para levantar los casos criminales.

Irónicamente, febrero es el mes de prevención contra la trata humana, por lo que Rey Hernández aprovechó para recordar que hay legislación en el país para trabajar con esto y que lo que falta es educación y continuidad de políticas publicas.

“Hay jurisprudencia. Hace falta voluntad política”, concluyó.