Aunque la precaria situación de liquidez de la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) y su descalabro total proyectado para el 2018 fue asunto de discusión durante la campaña electoral, el comite entrante de gobierno cuestionó las medidas que tomó la administración saliente, en particular el incumplimiento en pagar la aportación patronal especial.

El administrador de la ASR, Pedro Ortiz, compareció el miércoles a las vistas de transición donde reveló que de los $500 millones que suponía recibir la agencia este año en virtud a la ley 32, solo recibió $138 millones. Tanto Cortés como el secretario de Estado, Víctor Suárez, establecieron que se pagó esa cantidad debido a la situación fiscal que atraviesa el gobierno central, pero el presidente del comité de Transición, Elías Sánchez, objetó la apreciación de ambos pues se trata de una obligación que tiene el efecto a largo plazo de atentar contra el pago de las pensiones de los jubilados.

De inmediato, el licenciado Ramón Rosario, integrante de la delegación entrante, preguntó a Ortiz si ha contemplado la posibilidad de demandar al estado para exigir el desembolso de esos fondos. El administrador indicó que la Junta de Síndicos de la ASR es el ente que toma esa determinación, sin embargo su respuesta varió pues en principio indicó que ha recomendado a la Junta evaluar la posibilidad de demandar, mientras en el transcurso de la vista sostuvo que ha optado por un 'camino diplomático' mediante el envío de cartas a aquellas agencias que aún no han remitido su aportación patronal. Después afirmó que una demanda no sería viable debido a la presente situación de liquidez del gobierno que no le permitiría efectuar el restante de ese pago adeudado.

La situación se torna aún más crítica tomando en cuenta que la ASR tiene más beneficiarios que aportadores, a lo que se añadió durante la vista el detalle que mensualmente ingresan $44 millones y cumplen con obligaciones de $117 millones. Aunque Ortiz aseguró que la ASR cuenta con una cartera de inversiones de $1,288 millones de los que $600 millones son activos líquidos que podrían usarse para cumplir con el pago de sus obligaciones con los pensionados, Sánchez insistió que este cuadro supone que al presente la ASR está en estado de insolvencia, aseveración que fue rechazada por Ortiz al insistir en la liquidación de los activos del sistema para alcanzar el 2018.

No obstante, a preguntas de Rosario el administrador indicó que el cumplimiento del gobierno a la aportación patronal adicional conforme a la ley 32 podría allegarle solvencia al sistema. A su vez esto supone otra fuente de liquidez que perdería el estado, por lo que Suárez argumentó que para resolver la precaria situación de la ASR primero hay que resolver el problema de liquidez del gobierno central.

A ese fin,Suárez insistió que la situación se podría remediar mediante una inyección considerable de capital que podría ser provista mediante un proceso de reestructuración de la deuda del gobierno.

Luego del receso, continuarán las vistas para el Sistema de Retiro de Maestros.