En horas de la mañana la Junta de Control Fiscal (JCF) presentó su Plan de Ajuste de Deudas para Puerto Rico durante su más reciente reunión pública, por lo que poco despues, los miembros del ente financiero y el representante del Gobierno se dedicaron a resumir los pormenores del documento, a felicitarse por el 'arduo trabajo' y a insistir en lo que pretenden sea una despedida ligera.

La votación sobre el documento, radicado ante la jueza federal Laura Taylor Swain para su aprobación, no se dio en el cónclave celebrado en el Centro de Convenciones, sino a puerta cerrada ayer, jueves. De acuerdo al presidente del ente, Jose Carrión III, su aprobación fue unánime.

El Plan de Ajuste reduce la obligación anual del pago de la deuda del Gobierno de Puerto Rico de a $1,500 millones por los próximos 30 años, producto de la reestructuración del debito. Inicialmente, la cifra consistía de $4,200 millones. En general, suponen cubrir $35,000 millones y $50,000 millones en responsabilidades de pensiones durante ese período.

Sumado a eso, los pensionados que reciban más de $1,200 al mes tendrán una reducción de 8.5%, o una equivalencia que logre disminuir la pensión a no menos de $1,200 mensuales. Esto implica que, según cálculos de la JCF, un 40% de los pensionados verán recortes en sus pagos. Parte del dinero disponible al presente se depositaría en un fideicomiso o fondo de reserva para emitir pagos en un futuro, lo que a su vez depende del cumplimiento de proyecciones económicas para asegurar esa entrega, según acordado.

'Depende que todo el mundo haga su trabajo, no solo el Gobierno con sus números, sino pensionados, trabajadores, ustedes [la prensa] vigilando que se hagan esas aportaciones', explicó Jose Ramón González, uno de los integrantes de la Junta.

En ese aspecto, la propuesta incluye acuerdos alcanzados con el Comite Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico, la Coalición de Deuda Constitucional Legítima, el Grupo de Bonistas QTCB y el sindicato Servidores Públicos Unidos.

A preguntas de la prensa, González reconoció que el plan no resuelve todos los problemas de Puerto Rico, pero insistió al igual que los demás integrantes, en que se trata de un paso importante para salir de la bancarrota de la Isla.

'No es una panacea. Todavía Puerto Rico tiene que atender un problema de competitividad y trabajar duro hacia adelante. Es una condición necesaria, pero no suficiente para mover el desarrollo económico', reconoció González.

El documento, además, es 'la mejor opción para Puerto Rico', de acuerdo a la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko. La funcionaria subrayó sobre el carácter viable y sostenible del plan de cara al futuro de la Isla, a toda vez que clamó por apoyo al acuerdo presentado, ya que es la única vía de salida de la entidad financiera con prontitud.

'Esperamos confirmar este plan en la Corte Título III durante la primera mitad del 2020 y esperamos probar que el plan es justo. Para que el que quiera ver el fin del estado de bancarrota en que está Puerto Rico, les pido que continúen apoyándonos para trabajar en esto. Para todos los que quieren vernos [a la Junta] fuera de Puerto Rico, pues les pido que apoyen este Plan de Ajuste, porque así la Junta acaba con su mandato y nos disolvemos', exclamó Jaresko.

De acuerdo a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA por sus siglas en ingles), el fin de la Junta Fiscal depende de al menos cuatro presupuestos balanceados y acceso a los mercados capitales. La aprobación del plan podría, en un futuro, dar acceso a los mercados.

En esa línea, cada integrante de la JCF --tanto presente físicamente como los que participaron por vía telefónica-- felicitó a sus compañeros y al equipo de trabajo envuelto en la elaboración del documento, uno que surge tres años despues de instaurado el ente financiero por el Congreso y el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

La presentación del Plan tambien surge en momentos en que se continúa la discusión en la corte federal sobre la constitucionalidad de los nombramientos del ente, vista que tendrá lugar en Washington D.C. a mediados de octubre.

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De entrada, el representante de la gobernadora ante la JCF, Elí Díaz Atienza, tambien felicitó a todos los que estuvieron envueltos en la elaboración del plan, uno que se basa 'en los exitos' de las reestructuraciones de agencias como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA), según el funcionario.

En terminos porcentuales, y combinado con la reestructuración de la deuda de COFINA a principios de este año, el Plan reduce el servicio de la deuda anual a poco menos del 9% de los ingresos del Gobierno, comparado con casi 30% antes de la Ley PROMESA.

Díaz Atienza aludió a los momentos de 'desacuerdo significativo' entre el Gobierno de Puerto Rico y la JCF en el pasado, sin 'ponerle culpa a nadie' pese a que claramente hacía referencia a Ricardo Rosselló Nevares y su interacción con la entidad financiera.

'En aras de continuar la relación, el Gobierno estuvo de acuerdo en una reestructuración constructiva, pero realista para Puerto Rico', mencionó el representante durante la reunión, quien anticipó que la gobernadora Wanda Vázquez Garced se dirigiría al pueblo en un mensaje durante el día.

En conferencia de prensa, Díaz Atienza, así como el principal oficial financiero de la Isla, Omar J. Marrero, aseguraron que el gobierno reconoce los riesgos del proceso, a toda vez que considera beneficioso el recorte a la deuda. No obstante, los pormenores del acuerdo continuaban sumidos en un análisis. Sin adelantarse a lo que serían las declaraciones de la Gobernadora durante el día, el dúo recalcó sobre la posición del gobierno en rechazo a los recortes en las pensiones.

'Este es el primer paso o el principio del fin de la Junta de Control Fiscal para que Puerto Rico recupere su autonomía fiscal', reiteró Marrero, quien insistió en que la salida de la JCF y los litigios redundarían en un ahorro de $150 millones en abogados y consultores, tanto del ente financiero como del gobierno, cantidad equivalente al presupuesto de educación especial y el pago de pensiones, entre otros.