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De toallazos y tapaderas

[OPINIÓN]
[OPINIÓN]

Hay una turbidez espesa, tan densa, que nubla el entendimiento y la acción frente a asuntos evidentes.

Más allá de la postración colonial, de la falta de poderes, de la aplanadora avasallante y destructora de la Junta de Control Fiscal, y del Congreso imperial en estado de coma sobre el territorio de Puerto Rico; lo cierto es que los gobernantes electos y hasta la inelecta gobernadora Wanda Vázquez Garced, debieran tratar al menos de guardar la compostura y comportarse entre ellos cumpliendo sus obligaciones.

Debieran ahorrarse desplantes e interferencias, empujones y espectáculos forzudos. Debieran atenerse, al menos formalmente a lo que son.

Si hubiera conciencia y práctica real de lo que la separación de poderes es, y tambien de lo que corresponde hacer aun desde el punto de vista formal, conforme la posición pública que cada quien ocupa, sin duda que se reducirían las metidas de pata. Pero en Puerto Rico se ha puesto en el triturador al sistema republicano de gobierno, y lo mismo da ser legislador que juez --se intercambian a veces-- primer ejecutivo o presidente de la conferencia legislativa del partido de gobierno; o presidente del senado o gobernador. Todo es una mezcladora, sin fronteras, ni barreras, en aras del partido, del partido de la mayoría, uno sólo, de una sola rama, sin sutilezas republicanas.

El nombramiento del 'Secretario' de Asuntos Públicos

Este es un cargo de la confianza de quien sea gobernador o gobernadora. No requiere confirmación de nadie. No existe el cargo para complacer al aparatchik del partido de gobierno. Es un funcionario que plantea las posiciones del Primer Ejecutivo.

Resulta que para ahí nombraron hace unos días a alguien que no cumplía con el elevadísimo estándar de alza colas del partido de gobierno.

Se trató sin dudas de un nombramiento o contratación hecho libremente y a sabiendas de quien era el contratado, de su reputación, aciertos y opiniones. La gobernadora inelecta Vázquez Garced lo seleccionó. Tan pronto se anunció la contratación, saltaron a objetarla quienes no tenían vela en ese entierro --los presidentes legislativos y la Comisionada Residente. La Gobernadora inelecta, 'la que no es política', dio media vuelta, corrió veinte pasos para atrás, revocó la contratación y sacrificó en el altar de la nimiedad al abogado y analista. Lo peor de todo, fue la explicación que la Gobernadora ofreció --confundiendo una vez más gobierno con partido político-- y haciendo de la gobernación una presa de la ferocidad de perros de caza partidista.

La falta de entendimiento político de su cargo y de sus responsabilidades llevó a la Gobernadora a claudicar a su derecho a mandar sobre lo que se hace en Fortaleza, y eventualmente, sobre lo que se hace en el Ejecutivo.

La supuesta fiesta de Navidad del Senado

En política, una debilidad conduce a otra debilidad, y un error lleva por lo general a un disparate mayor.

La gobernadora Vázquez Garced sintió un deseo grande de ir a congraciarse todavía más a una fiesta oficial del Senado. Tengamos claro que si la fiesta no era 'del Senado', sería una fiesta partidista. Se fue para allá con su esposo, ya conocido miembro de la Judicatura, y se encontró ella misma dando vivas a la Palma.

Por más que trate de buscarle la cuadratura al círculo, la actividad donde no había ni sombra de la minoría senatorial --al parecer no fue invitada-- era en efecto una fiesta política --crucemos los dedos que pagada con fondos de campaña, nunca públicos. Si este fuese el caso, la recurrencia en la debilidad de la Gobernadora, podría meter en un lío al juez, su esposo, quien la acompañaba, si en efecto se trató de una actividad política. La rosca no da para más. De lo contrario, si no fue una actividad política, habría que saber de dónde salieron los chavos --quizás fue un serrucho bien montado, o una fiesta del sorullo-- o una donación por contabilizar. No sabemos, pero la consecuencia de ser una actividad proselitista o partidista no se la quita nadie. El deber --por las dudas judiciales-- era marcharse de allí a toda prisa, no estar dándole vueltas a la manigueta, para ver si en uno de los giros la interpretación de los hechos cambiaba.

El tema de la familia de los ocupantes de Fortaleza

Este es un tema que no es nuevo en el cuatrienio, de hecho, no es nuevo en absoluto. Cuando se cae en una contradicción aparentemente insalvable o de difícil y creíble explicación, el gobernante suele invocar la sacro santidad de la familia. Recordamos cuando el entonces Gobernador renunciante afirmó energicamente que no dejaría que metieran a su hermano en una discusión sobre el Departamento de Educación y las escuelas charter.

El hermano del Gobernador, era presuntamente, un contratista 'traductor en un bufete' estadounidense. Afloró a conocimiento público, luego de la renuncia de la secretaria Julia Keleher, que el hermano del Gobernador serviría para acompañar a personas o entes interesados en entrar en negociaciones para establecer escuelas charter en el país. Una alegada intermediación mucho más cercana o próxima que la aducida en el 'ataque' objeto de energico rechazo protector familiar del entonces incumbente.

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No todo cuestionamiento a las relaciones contractuales de familiares del gobernador electo o no electo, con el gobierno o entes públicos, constituye un ataque a la familia. Despachar los cuestionamientos --algunos de los cuales pueden ser razonables-- con el socorrido 'no respondo a ataques familiares' o 'defendere a mi familia', puede ser una estrategia efectista para salir del apuro, pero tarde o temprano retorna el planteamiento con más fuerza. No es lo mismo, meterse con la familia del gobernador, que traer, mejorar o agrandar a la familia del gobernante en el gobierno. El pueblo tiene derecho a asegurarse que nadie saca ventajas indebidas de su relación familiar con cualquier funcionario público. Aún las condiciones de empleo que no hayan sido, ni sean objeto de tratamiento especial, pueden ser cuestionadas y verificadas.

El tema de la flota flotante

Hace meses, cuatro para ser exactos, la Contralor encontró una flota de cuatro vehículos flotantes pagándose desde Fortaleza sin que mediase contrato, subasta, adjudicación, o justificante mediante un procedimiento oficial público.

La operación venía corriendo aparentemente desde el inicio de la Administración de Ricardo Rosselló. Había un muerto muy irregular que nadie atendía y seguía apestando. Una especie de 'deja eso quieto' parecería que se apoderó del 'trámite-no tramite' totalmente irregular. La Contralor detectó no solamente la tamaña irregularidad --difícilmente 'clerical'-- y se debatía entre si esperar por unos documentos que solicitó a Fortaleza, o referir… hasta que en algún momento en agosto o posteriormente, Fortaleza le refiere el asunto a la Contralora, que ya estaba aparentemente, más que enterada. Bonita jugada, se informa a la Contralora, lo que ya fue detectado por la Contralora.

El tema de la flota flotante --¿pagada con fondos públicos?-- involucraría no sólo la ausencia de contrato y por lo tanto el recobro de lo pagado, o el desentendimiento de cualquier cobro por parte del gobierno, porque simplemente no sería exigible; sino tambien una cadena de irregularidades --actos negligentes o quizás hasta de naturaleza criminal, obstrucción o encubrimiento-- de uno o más funcionarios interventores quienes dejaron correr y correr, debo decir flotar a la flota de cuatro vehículos privados. No importa que el gobierno se libere de pagar o que no tenga que pagar nada, o que recupere, si algún dinero debiesen devolverle; las irregularidades o violaciones en el proceso, requerirían una adjudicación de responsabilidades.

Ojalá este no sea otro caso en el que fiel a la tradición del cuatrienio el Departamento de Justicia, u otro organismo fiscalizador se queden deshojando margaritas. Tienen que investigar y fijar responsabilidades, donde las hubiere.

La moda de sentarse a esperar por una querella

Resulta cansino ya, el pretexto esgrimido por un funcionario para no actuar aduciendo que necesita recibir una querella. En algunos casos los imperativos del debido procedimiento de ley exigen que se inicie un procedimiento con la presentación de una querella. Sin embargo, los entes fiscalizadores no sólo tienen autoridad, sino que deben actuar con prontitud ante la aparición pública de información indicativa de que se puede estar cometiendo un delito, una violación de ley, o un acto u omisión que resulte en daño o detrimento al orden público, a la etica gubernamental o al interes público. Hay razones prácticas como la búsqueda y protección de la prueba, la seguridad de testigos y el aseguramiento de testimonios, la prevención de mayores daños u otras faltas o delitos, entre otros.

Puede variar quienes tengan la obligación de actuar, o el momento o etapa en la que tienen que actuar, pero de que hay que actuar, no le quepa duda a nadie.

Me preocupa personalmente la pasividad del Departamento de Justicia, su burocratismo y lentitud que a estas alturas del cuatrienio son emblemáticas. Siento lo mismo por la virtual ausencia de la Oficina del Inspector General que parece haber hecho muy poco o nada, a pesar de que lleva más de un año de haber sido restituida mediante ley. Me preocupa que los organismos fiscalizadores no esten utilizando sus facultades para actuar con agilidad y precisión, para levantar declaraciones juradas, recopilar evidencia y asegurarla. Similar preocupación consigno en cuanto a las comisiones legislativas que languidecen sin hacer investigaciones significativas prospectivas, u otras relativas a casos que los organismos del ejecutivo no atienden por congestión de casos, falta de recursos, carencia de imaginación o por vocación decorativa.

Hay algo que la gobernadora, las agencias fiscalizadoras, y que el legislativo no saben, o que no entienden. El verano de hace cuatro meses estremeció al país por tanta injusticia acumulada, mucha de ella por la insensibilidad e inacción de los organismos del gobierno ante saqueos y violaciones a derechos humanos evidentes. Está claro que el país no quiere más tapaderas.

Esta abulia gubernativa investigativa y encubridora no pare más. Aunque en el país de los toallazos algunos crean que nunca faltará la tela.

*El autor es doctor, abogado, profesor y estudioso de los procesos legislativos y reglamentarios. Fue asesor y luego portavoz del PIP en la Cámara durante 24 años.

El licenciado Víctor García San Inocencio. (Juan R. Costa / NotiCel)

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