El senador pidió en una carta la aplicación de la Ley contra el Crimen Organizado.

El senador popular Eduardo Bhatia informó hoy vía Twitter que envió una carta al jefe de fiscalía federal W. Stephen Muldrow para ver analizar la posibilidad de aplicar la Ley contra el Crimen Organizado (Ley RICO, en inglés) en el marco de los acontecimientos más recientes y relacionados con la emergencia por coronavirus, uno de los últimos dejando al descubierto contrataciones millonarias del Departamento de Salud a empresas sin experiencia, entre otras irregularidades, para pruebas rápidas de coronavirus.

En la carta, Bhatia menciona que miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) han utilizado sus posiciones para enriquecer a donantes y allegados en un esquema orquestado pese a la emergencia que vive el país.

Además, menciona la falta de experiencia de estas empresas, así como la inflación de precios en pruebas rápidas que ni siquiera cumplían con los requerimientos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés) al momento de procesar la orden.

"El atraso causado por tener que devolver al menos 1 millón de esos kits ha, literalmente, puesto en peligro la vida de la gente en Puerto Rico. Por la falta de kits, Puerto Rico tiene una de las tasas más bajas de pruebas en los Estados Unidos", dice el documento.

En la carta, Bhatia también hizo alusión a varias de las acusaciones más recientes que involucran funcionarios del PNP, y que han sido parte de esquemas de crimen organizado y lavado de dinero, como la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, y la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Angela Ávila Marrero.

"Estas nuevas alegaciones relacionadas con las pruebas -- igual que otras recientes -- sugieren que la conspiración continúa hoy en anticipación a las elecciones pautadas para el 3 de noviembre de 2020", termina la misiva.

La solicitud de Bhatia se da tras trascender que el Departamento de Salud solicitó en marzo pasado un millón de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 a contratistas que no tienen experiencia alguna en suministros médicos, que iban a proveer pruebas sin el aval la FDA, y que no iban a llegar a tiempo a Puerto Rico.

El total de la transacción ascendió a $38 millones.

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