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Tribunales

Plazo de 24 horas de Cuevas Ramos a la OGP para que se exprese sobre trámite de aumento salarial de los jueces

La representación legal de los demandantes está inconforme con la manera en que la dependencia gubernamental ha manejado el asunto.

Frank Torres Viada (a la izquierda) y José Andreu Fuentes.
Foto: Juan R. Costa / NotiCel

El juez Anthony Cuevas Ramos le ha otorgado a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) un plazo de 24 horas para que se exprese en torno a una moción presentada por la representación legal del juez Ricardo Marrero Guerrero en que se plantea una serie de preocupaciones en torno al trámite iniciado por la dependencia gubernamental para hacer valer la Sentencia en que se validó el incremento salarial a los jueces.

En una escueta orden firmada hoy, Cuevas Ramos le indica a la OGP que tiene el plazo mencionado para cumplir con la Sentencia, que implicaría identificar los fondos para hacer valer el incremento salarial a los jueces y jueza o exponer cualquier otro asunto por escrito.

Cuevas Ramos actuó en respuesta a una moción presentada por los abogados José Andreu Fuentes y Frank Torres Viada, representantes legales de Marrero Guerrero, quienes le plantearon al magistrado su inconformidad con la manera en que la OGP ha atendido la determinación judicial tomada el 17 de noviembre.

En su orden inicial, Cuevas Ramos le indicó a la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) que hiciera las gestiones necesarias ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que se cumpliera con su sentencia. La OAT concluyó que quien tenía que hacer la gestión ante el ente fiscal era la OGP y así se lo dijo saber a su director ejecutivo Juan Carlos Blanco.

“De este intercambio quedó aclarado que es la OGP quien debe formalizar la petición para el desembolso de los fondos bajo su custodia a los fines de subvencionar el aumento de los sueldos de los jueces”, indicaron los letrados al hacer referencia a una serie de comunicaciones entre la OGP, la OAT, estos abogados y el bufete Aldarondo & López-Bras, quienes representan a la otra parte demandante, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura.

En síntesis, Torres Viada y Andreu Fuentes sostienen que los documentos remitidos por la OGP a la JSF “no recogen adecuadamente” la orden emitida por Ramos Cuevas. Menciona, por ejemplo, que la OGP no le solicitó a la JSF “nada específico” al enviar una carta y un memo interno de la OAT. Tampoco alude en comunicaciones con la JSF la Sentencia del tribunal y tampoco incluye las escalas específicas para cada categoría de juez que se consignaron en la Sentencia.

Estas escalas son: Jueza Presidenta ($154,556), Jueces Asociado ($144,480), Jueces de Apelaciones ($130,579), Jueces Superiores ($118,133) y Jueces Municipales ($91,764).

“Recordemos que, según fue determinado por este Honorable Tribunal en la Sentencia, estos aumentos salariales solo estarían condicionados a que la JSF revise las escalas salariales propuestas para asegurar que estas resultan consistentes con la Reforma del Servicio Público dispuesto por dicho ente fiscal”, indicaron Torres Viada y Andreu Fuentes.