La Contraloría de Puerto Rico emitió el martes, una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Hormigueros.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio formalizó dos contratos y 11 enmiendas para servicios de diseño y construcción del parque acuático, y del sistema de disposición en el vertedero por 1.4 millones de dólares, con dos corporaciones regulares que no estaban autorizadas a ejercer la práctica de la ingeniería ni a ofrecer servicios de diseño. La ley y la jurisprudencia vigente disponen que una corporación regular no puede prestar servicios profesionales de ingeniería.

'En la tarde de hoy, advine en conocimiento de la publicación del informe del contralor que cubre los años de 2015 al 2017. Del informe se desprende que no hay ningún señalamiento de mal uso de fondos públicos, solo algunas fallas administrativas. Los señalamientos están siendo atendidos por este servidor y nuestro equipo de trabajo. Las obras a las que hace referencia el informe, están bien construidas y en uso, brindando un servicio de primera a la ciudadanía Hormiguereña. A pesar de que diferimos del informe publicado y sus hallazgos, una vez recibimos el informe preliminar del contralor fuimos proactivos y radicamos la demanda correspondiente en los tribunales para el recobro. Que sea el Tribunal el que determine si la falla administrativa imputada por el Contralor al Municipio es correcta o no. Entendemos, que este proyecto de la construcción de una celda en el vertedero municipal, es demostrativo al pais ante la crisis de desperdicios sólidos existente. Mi administración es una sana y siempre cumple con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No somos perfectos pero somos honestos', reaccionó por su parte el alcalde de Hormigueros Pedro García Figueroa.

La auditoría de un hallazgo señala, además, que el Municipio no solicitó ni obtuvo de las corporaciones, copia de las licencias profesionales que los acreditaba para ofrecer los servicios de ingeniería. El Colegio de Ingenieros de hecho, certificó que los oficiales, empleados y agentes de la corporación A, no estaban colegiados, y que una oficial corporativa y un gerente de la corporación B, tampoco. Estas situaciones se refirieron al presidente del Colegio de Ingenieros el 23 de mayo de 2019 para la acción correspondiente.

El informe recomienda a la secretaria de Justicia considerar las situaciones y tomar las medidas que correspondan, y al alcalde evaluar una posible acción de recobro. Además, recomienda a la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

La contralora explicó que estas situaciones tienen el efecto de que limitan el campo de acción del Municipio y propicia que personas no autorizadas ejerzan la profesión de ingenieros. Además, situaciones similares ya se habían señalado en el Informe de Auditoría M-17-22 del 2017.

Este segundo y último informe de Hormigueros cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2017, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.