Solo 30 % de la Rama Ejecutiva y OAT cumplen con manejo de presupuesto (documento)
Solo 30 por ciento de las agencias en la Rama Ejecutiva y la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) cumplieron con los criterios del Programa de Control Interno y de Prevención (PROCIP), informó hoy, lunes, la Contraloría de Puerto Rico.
Apenas un 27% de las entidades cumplieron sustancialmente y 43% no cumplieron.PROCIPtiene el propósito de verificar la implantación de medidas de control interno que protejan y aseguren que la propiedad y los fondos públicos se utilicen para el fin que fueron destinados. Además, busca que las entidades establezcan medidasanticorrupciónquedesalientenel mal uso de los recursos del Gobierno.
Entre las 19 entidades que cumplieron se destacan los departamentos de Estado, Hacienda y Vivienda. Entre las 17 que cumplieron sustancialmente se menciona la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la del Contralor Electoral y a la Policía de Puerto Rico. Entre las 28 agencias que no cumplieron se identificó al Departamento de Educación, al de Salud y a la Administración de Familias y Niños.
Los resultados revelan que aproximadamente el 50%, unos $5,278 millones del presupuesto del año fiscal 2014-15, era administrado por entidades que cumplieron o cumplieron sustancialmente, lo cual representa una mejoría de 36% con respecto a la evaluación realizada en el 2013. Sin embargo, unos $5,239 millones del presupuesto era administrado por entidades que no cumplieron con lo establecido por el Programa.
A nivel general, la evaluación efectuada a 116 entidades públicas reveló que solamente 23 cumplieron con los criterios de control interno según establecido por el PROCIP, 36 cumplieron sustancialmente y 57 entidades no cumplieron.
Los criterios de control interno del PROCIP se clasifican en: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Los resultados de la evaluación son independientes del resultado de las auditorías en proceso o las que se realicen en el futuro sobre el uso de la propiedad y de los fondos públicos.