La Oficina de la Contralora de Puerto Rico se apresta a publicar los hallazgos de la investigación al municipio de San Juan, particularmente durante la incumbencia del exalcalde Jorge Santini Padilla y la implementación del Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD) en la ciudad capital.

'Eso está ahí. Encontramos que ese programa no fue instituido como técnicamente debía haber sido, en el sentido de que era algo nuevo, era la primera vez que un municipio lo estaba aprobando, pero el informe debe salir. Se nos hizo difícil', expresó Valdivieso, quien aseguró que el informe 'está ahí, solo que no ha salido', expresó la contralora Yesmín Valdivieso.

El TDD, comúnmente conocido como 'el impuesto oculto de Santini', consistía de un trato entre el gobierno municipal y los dueños de terrenos privados para que no se construya en esos espacios con el fin de conservarlos.

A cambio de ceder el derecho de construcción, los propietarios recibían compensación monetaria, la cual provenía del cobro de un impuesto a quienes solicitaban permisos de construcción.

'Se estaba cobrando, sí, pero como arbitrio de construcción, como cualquier otro ‘fee' que se puede cobrar a un municipio. Nosotros sí [sabemos a dónde iban] lo que pasa es que no te puedo decir', afirmó Valdivieso.

En el 2013, la administración de Santini Padilla fue referida al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor por el mal manejo de más de $11.4 millones provenientes del programa.

Así, la Oficina de la Contralora lleva alrededor de cuatro años en esta investigación que, según Valdivieso, no ha producido un informe porque la oficina no cuenta con otro documento que les sirva de base.

'Fueron cuatro años pero no desde que nosotros empezamos. No había ninguno otro [informe] puesto. Acuérdate que las reglamentaciones primero salían de la Junta de Planificación, después los municipios hacían lo propio, pero no debe tardar mucho', confirmó.

El pasado julio, funcionarios de la Oficina de la Contralora allanaron la Torre del Municipio de San Juan, localizada en Hato Rey, en relación a múltiples auditorías a la ciudad capital, entre ellas la relacionada al Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo.

'Recordará la gente de San Juan que el paradero incierto de este dinero cobrado irregularmente y arbitrariamente bajo la administración del alcalde Santini fue investigado por nuestra Legislatura Municipal, quien hizo los referidos correspondientes por entender que posiblemente se podrían haber cometido actos contrarios a la Ley', expresó la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto en ese momento mediante un comunicado de prensa.

Por otro lado, Valdivieso informó que se inhibió de las investigaciones relacionadas al municipio de Guaynabo y el exalcalde Héctor O'Neill García.

La decisión se debe a que cuenta con un familiar en ese pueblo y prefiere evitar cuestionamientos que podrían surgir ante esa situación.

'El subcontralor Natanael Arroyo es el que trabaja el municipio de Guaynabo. No vivo en Guaynabo, solo que tengo un familiar allá y por cuestiones éticas y por cuestiones de independencia y las apariencias, que nadie pueda cuestionar', finalizó.

Entre otros asuntos, el exalcalde O'Neill García es investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), quienes incluyen en su pesquisa una auditoría de la Oficina del Contralor, referente a un contrato otorgado de manera ilegal.

De la auditoría se destacan cinco obras de construcción, valoradas en más de $700 mil, además de 11 esculturas de bronce, 15 zafacones ornamentales y otras obras artísticas adquiridas por $764,695 mil sin realizar una subasta pública.