La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, informó el viernes que emitió una opinión cualificada de las operaciones del Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente de la Administración de Servicios Generales (ASG).

La Ley Número 28 de 1979, designó a la ASG a implementar y administrar este programa federal. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

Explicó que el Informe revela que el Programa donó cinco generadores de electricidad a la ASG sin que mediara una solicitud escrita, sino una orden verbal del administrador de la ASG a la directora del Programa. Dichos generadores habían sido solicitados con anterioridad por las alcaldesas de Loíza y Morovis para atender la emergencia del huracán Irma.

Nuestros auditores no pudieron determinar el uso que se les dio a estos generadores en la ASG. De hecho, la ASG devolvió los cinco generadores al Programa el 8 de marzo de 2018 porque no los estaban utilizando. Dos meses despues se entregaron tres generadores al municipio de Loíza y dos al municipio de Morovis, detalló Valdivieso en un parte de prensa.

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, informó mediante declaraciones escritas que el municipio llegó a solicitar generadores a ASG pero no fueron aprobados por la administración. 'Luego de terminada la emergencia, nos enviaron tres unidades calificadas por ASG como 'excedentes', hace cerca de siete meses. Estaban en tan mal estado que ninguna de las tres funcionó. De hecho, hace dos meses, personal de auditoría de ASG verificaron que las tres plantas inservibles están bajo custodia del Municipio e indicaron que tomarán acción adicional'.

Por su parte, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, tambien confirmó el pedido de generadores a la ASG generadores 'y aunque en principio se aprobaron, al momento de irlos a buscar nos lo negaron, porque alegadamente se los enviaron a Yauco. El generador que tuvimos para energizar la Casa Alcaldía y ofrecer servicios a la población, nos lo prestó el Municipio de San Juan'.

La auditoría de cuatro hallazgos encontró que no se realizaron inspecciones en el 14% de la propiedad donada y se demoraron hasta 13 meses en verificar si la propiedad se había utilizado en el primer año desde su donación. Algunas de estas situaciones fueron comentadas tambien en un informe de la agencia federal General Service Administration.

De la inspección realizada al 17 por ciento de las unidades donadas, hallamos que dos generadores, un reclaimer refrigerator y un photographic projection equipment no se habían utilizado. Los donatarios indicaron que no contaban con los recursos económicos para adquirir piezas que le faltaban a la propiedad o que el equipo resultó ser sofisticado. Estas situaciones propician el deterioro de la propiedad por falta de uso y el que otros donatarios se beneficien.

El Informe señala que la Oficina de Auditoría Interna no ha realizado la auditoría anual del 2017-18, según dispone la ley 28. Además, la Junta Asesora no se constituyó de marzo a agosto de 2018 y por un año no ha contado con los miembros requeridos por reglamento.

La auditoría comenta que el Programa canceló la transferencia de 20,833 paletas de agua a un costo de 22 millones de dólares, declaradas excedentes por la Federal Emergency and Management Agency (FEMA). Aunque la fecha de expiración de las botellas era septiembre de 2019, los primeros donatarios se quejaron de su mal sabor. Tras una verificación del Departamento de Salud y personal de la Food and Drug Administration, indicaron que no se podía distribuir el agua ya que podía estar contaminada.

Otro Comentario Especial indica que la Ley Num. 28 no se ha actualizado conforme a las enmiendas incorporadas en la Federal Property and Administrative Services Act de 1949.

El Informe cubre el periodo del 1 de mayo de 2016 al 31 de agosto de 2018 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.