Un análisis del banco de corretaje UBS anticipa que el tipo de medidas de recaudo que ha sometido la Administración García Padilla y la ineficiente discusión legislativa de las mismas, hace casi seguro que este mismo año ocurra una degradación del credito de Puerto Rico al nivel de 'chatarra'.

El informe apunta que el gobierno de Puerto Rico parece anticipar lo mismo ya que ha tomado la medida sin precedente de contratar a la empresa de relaciones públicas Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher (JFWBK), la cual ofrece especialidad en manejo de crisis, quiebras, y relación con inversionistas, para posicionarse como intermediaria entre el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la comunidad financiera.

Según el registro de la Oficina de la Contralora, JFWBK tuvo un contrato con el BGF por lo menos el último trimestre de 2012. El acuerdo quedó sin efecto en diciembre hasta que la nueva administración suscribió otro arreglo en marzo de 2013 que fue modificado en abril de 2013 para aumentar la vigencia, hasta junio de 2014, y el pago, hasta $180,000.

'Somos reacios a brincar a conclusiones pero el uso de un ente externo para representar al BGF, que a su vez es el agente fiscal y consejero financiero del Gobierno de Puerto Rico, es ciertamente poco común y amerita atención', indica el informe con fecha de 22 de mayo de 2013.

En otra parte del anáisis, UBS abona al escenario de la declaración de chatarra al decir que la incapacidad de la Legislatura para llegar a una solución relacionada al IVU Extendido, y la debacle de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) los lleva a pronosticar que la declaración de chatarra ocurrirá antes de que se acabe el año. Anteriormente, habían pronosticado que sería en un periodo de hasta dos años.

'[L]os inversionistas deben estar preparados para tal eventualidad', subrayaron.

En el caso del IVU Extendido, UBS no advierte que tiene que aprobarse sí o sí, pero advierte que, de no aprobarse, hay que buscar soluciones que traigan el dinero que iba a traer el IVU Extendido, poco más de $1,000 millones. Y también advierten que, aún si se aprueba el IVU Extendido, 'el riesgo de implementación sería significativo, y hay poca garantía de que los recaudos serán tan altos como se pronostica'.

En cuanto a la ACT, un problema de $2,200 millones, el informe revela un chichón que el gobierno había ocultado hasta ahora: en la segunda semana de mayo, el gobierno federal le notificó que comenzaría a retenerle dinero de asignaciones federales debido a que no se había atendido una deuda que la agencia tenía con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército desde 2004. Si el BGF no encuentra una alternativa para atender la deuda de la ACT, para el 1 de julio esa deuda arrastraría al banco a la insolvencia ya que los $2,200 millones adeudados son casi la totalidad de los $2,500 millones en activos que tiene el banco.

Aún así, la adicción del gobierno por el dinero prestado no muestra señales de aplacar, y ya han anunciado al mercado que pretenden salir a tomar prestado de manera 'relativamente activa' en lo que queda de este año y el 2014.

'Igual que los estados de la unión, no hay ninguna cláusula en el código federal de quiebra para que Puerto Rico se acoja a la protección de la quiebra', apunta UBS en el análisis.

Informe UBS 22 mayo 2013 - NotiCel_2765