La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, interrumpió el sigilo que hasta el momento había guardado el Gobierno en cuanto a las candidatas para acogerse a la llamada ley de quiebra criolla. Como quien pide permiso antes de dar alguna declaración, aseguró que el Gobernador estaría de acuerdo con que la Ley 'se aprobó con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en mente'.

La sinceridad de la Jefa de Hacienda se da luego de que el gobernador Alejandro García Padilla evadiera hablar de una corporación particular. En conferencia de prensa, el 25 de junio, García Padilla presentó la medida como una opción para todas las corporaciones insolventes e indicó que aún no se había tomado una decisión respecto a una corporación específica.

Sin embargo, así no lo entendieron dos firmas manejadoras de fondos de la AEE, quienes rápido se dieron por aludidas y presentaron una demanda ante el Tribunal Federal, previo a que la Ley fuese incluso utilizada por la corporación.

'Vamos a ser realistas, la AEE es la corporación que tiene la situación más difícil', expresó Acosta, mientras el presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), David Chafey, resaltó que la corporación enfrenta pérdidas de alrededor de $300 millones desde hace seis años.

'Se ha descapitalizado y tiene un nivel de deuda altísimo. Por eso estamos donde estamos. La realidad es que desafortunadamente no hemos hecho inversión en plantas. Estamos atrás en términos de lo que es la parte de operación', reconoció Chafey, para luego reiterar su optimismo, 'la Junta de Directores tiene enormes retos, pero si me preguntas si hay la voluntad para hacerlos, (la respuesta es) sí'.

Recientemente, la AEE cumplió con el pago delos bonos de obligación generalde$417,556,563 que vencía el 1 de julio. Parte de ese pago, $41.6 millones, salió de la reserva delservicio de deuda para cubrir un déficit en su cuenta de servicio y redención de bonos.De acuerdo al socio gerencial de Axios Advisor, Trier Nguyen, la acción podría ser considerada un impago técnico, pero la AEE refutó su interpretación.

Chafey pareció descartar que el BGF tenga que recurrir a los poderes que le otorga la nueva ley para solicitar que la AEE se acoja a la reestructuración de su deuda, en caso de que la Junta no lo haga. 'Estamos sincronizados. Estamos todos coordinados', comentó al asegurar que la Junta de Gobierno está recibiendo asesoría del BGF.

La Ley dispone, sin embargo, que en caso de que una corporación pública no lo solicite a tiempo, el Gobernador - a través del BGF - tendrá la última palabra para determinar qué corporación se acogerá a la renegociación con sus acreedores.

'Aquí no hay intromisión política', refutó Acosta, al indicar que el administrador de emergencia que nombrará el Gobernador para asumir las funciones de la Junta de Gobierno en carácter exclusivo se le requerirá peritaje en la materia. La Secretaria explicó que la función del administrador será negociar con los acreedores mientras que el director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, continúa a cargo de la operación de la entidad.

Ambos miembros del gabinete minimizaron las repercusiones que la Ley ha provocado en el mercado y con las agencias acreditadoras, que recientemente degradaron no sólo los bonos de la AEE sino los de obligación general y COFINA. Para eso tendrán una vídeoconferencia la semana próxima con los inversionistas y la prensa estadounidense.

'Esta Ley es para ayudar al crédito del gobierno, al crédito protegido por la Constitución. Esta Ley se aprobó pensando en una posible necesidad de la AEE. Jamás se pensó para el Gobierno central. Jamás el deseo del Gobierno de pagar su deuda garantizada se ha puesto en duda', comentó Acosta sobre las posibles inferencias que llevaron a Moody'sy Fitch a degradar los bonos de obligación general.