Aún cuando la ley que permite a las corporaciones públicas insolventes reestructurar su deuda sobreviva los ataques a su constitucionalidad en los tribunales, el estatuto podría quitarle liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y no le traerá beneficios a la isla.

Así concluyó la casa evaluadora de crédito Moody'sInvestorsService, acerca de la Ley para el Cumplimiento de Deuda y la Recuperación de las Corporaciones Públicas, ya que esta no atiende los retos económicos y financieros que enfrenta la isla.

En el informe divulgado por la firma,declara las razones por las cuales Moody's degradó el crédito de la obligaciones generales, corporaciones públicas, COFINA y la Universidad de Puerto Rico.Los emisores continúan bajo observación negativa lo que indica que puede haber más degradaciones.

Según Moody's una ley de reestructuración de deuda que permita extender los vencimientos de pago o reduce las seguridad de los bonos se iguala a un impago.'A nuestro juicio, la ley de reestructuración de deuda es una declaración de parte del gobierno de permitir el impago de unas corporaciones públicas, particularmente las de Carreteras, energía y agua,' reza el informe. 'Eso termina el historial de Puerto Rico de tomar acción para pagar deuda', sentenció.

El informe sale luego de que el gobernador Alejandro García Padilla le ordenara al secretario de Justicia, César Miranda, evaluar la posibilidad de demandar a las casas acreditadoras por degradar aún más de nivel especulativo la deuda de Puerto Rico.

Aunque la nueva ley solo aplica a las corporaciones públicas, Moody's dice que degradó todo porque la ley implica un cambio en la relación de la isla con sus tenedores de deuda.

De igual modo, la agencia acreditadora advirtió que la ley le hará más difícil al ELA regresar a los mercados a vender deuda e impedirá al gobierno tomar acción para aumentar su liquidez, como pudo hacer con la reciente emisión de bonos de $3,500 millones, la cual ayudó al BGF.El gobierno enfrenta unos $1,000 millones en deuda a corto plazo que tiene que pagar en los próximos meses, y la semana pasada anunció que volverá a los mercados no más tarde de septiembre para emitir los TRANS, notas en anticipación de impuestos e ingresos, de los cuales el BGF solo financiará $300 millones.

Aún cuando el BGF no ayude a las corporaciones públicas más allá de los $200 millones que le dio el 27 de mayo a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la liquidez del banco se está reduciendo.

'La capacidad del ELA de y sus instrumentalidades para emitir deuda se ha reducido sustancialmente desde la emisión de bonos de $3,500 millones, y la ley de reestructuración es una de las razones. Como consecuencia entendemos que el ELA tendrá dificultad en los próximos meses en aumentar la liquidez del BGF', dice el informe.Moody's destacó el hecho de que la propia ley resalta las debilidades económicas de la isla lo que hace que la imposición de nuevos impuestos o el aumento en tarifas de servicios esenciales sea imposible. En su preámbulo, la propia ley establece que las corporaciones públicas como la de energía y agua ya fijan tarifas excesivas.

Aunque Moody's entiende que un impago por parte del gobierno es menos probable que un impago de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), afectaría la habilidad del gobierno central de conseguir dinero para financiar operaciones.

Aunque la administración de García Padilla insiste en que el nuevo presupuesto balanceado y las otras medidas presupuestarias alejan al gobierno de un impago, Moody's recordó en el informe que la migración, incluyendo las140,000 emigrantes entre el 2010 a 2013, y la alta tasa de desempleo afectan las acciones del gobierno.Puerto Rico ha tratado de aumentar la actividad con varios programas como el atraer inversionistas de alto caudal, pero esas acciones no han podido revertir las tendencias demográficas que minan la salud financiera de la isla, explica el informe.

Entretanto, varios economistas, durante una conferencia de prensa el miércoles, sugirieron al gobierno poner en suspenso la llamada 'quiebra criolla', o enmendarla para que se parezca al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, que permite a los estados reorganizarse y es más amistosa hacia los acreedores. El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), Charles Blitzer, opinó que Puerto Rico debe crear un comité junto con sus acreedores para dicutir cómo se sigue hacia adelante sin hablar de reestructuración.