El gobierno de Puerto Rico busca recaudar unos $3,000 millones antes del cierre del año fiscal, pero las condiciones del mercado, cada vez más riesgosas, y las restricciones impuestas por legisladores han socavado intentos de llegar a un acuerdo.

El acuerdo saldaría la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). El BGF necesita un aumento en liquidez tanto para operar como para proveer fondos para cubrir vacíos en el presupuesto y otras emergencias fiscales, y podría quedarse sin efectivo después del cierre del año fiscal el próximo 30 de junio.

'De no llegar a un acuerdo, entraríamos en una crisis del liquidez del gobierno central y en un problema de seguridad pública,' dijo un observador del mercado.

'La ejecución de esta emisión es crítica para muchas facetas de la condición financiera del Estado Libre Asociado,' dijo Robert Donahue, director en Municipal Market Advisers. 'La liquidez del BGF está peligrosamente baja entrando en un período en el cual subsidios generales del gobierno pudieran ser necesarios para llenar esos vacíos de presupuesto. Si llevan a cabo la reforma (contributiva) sería un cambio radical a la estructura de recolección que pudiera incrementar los problemas', añadió.

La presidenta del BGF, Melba Acosta, dijo que el rezago en recaudo a mitad del año fiscal por unos $100 millones 'es nada', pero admitió que la decisión de los legisladores en dar fin a la Patente Nacional en diciembre, antes de que la Reforma Contributiva entre en acción, deja un hueco de $200 millones en el presupuesto. Los analistas predicen que el recaudo del gobierno se quedará corto por al menos $55 millones.

'El mercado ha experimentado un cambio dramático con la caída en precios del petróleo, que ha sido bueno para los consumidores pero causado grandes pérdidas para los inversionistas', dijo Acosta. 'Estamos considerando todas las opciones y estamos en conversación con los legisladores sobre enmiendas a la ley', señaló.

La ley aprobada en enero para un alza en los impuestos del petróleo y sus derivados, y autorizar una emisión de bonos de hasta $2,940 millones sufrió enmiendas que no tomaron en consideración el aumento al índice automático de inflación, lo que quiere decir que el gobierno de Puerto Rico puede tomar prestado hasta unos $2,000 millones, porque las proyecciones económicas indican que el recaudo que puede producir no será suficiente para pagar la emisión mayor.

Otro obstáculo fue que el Senado puso un tope a la tasa de interés promedio en el acuerdo de un 8.5% y el descuento a 93 centavos el dólar, lo que quiere decir que el rendimiento de los bonos será alrededor de 9.2%. Acosta dijo que esto no fue suficiente para atraer compradores. Los obligaciones generales de bonos vendidas el pasado marzo ahora devengan 9.7% y le ofrecen al los inversionistas mayor protección.

El gobierno planeaba evitar la restricción al asegurar hasta $500 millones el acuerdo, que hubiese conllevado una tasa de interés de 5%, permitiendo que el resto del acuerdo se vendiera con una tasa fija de interés al 9% lo que hubiese rendido 10% de acuerdo a fuentes del mercado. A pesar de esto, tras meses de conversación, las firmas de seguros no han acordado asegurar el acuerdo, por lo que la Administración García Padilla sometió enmiendas a la 'crudita', aprobadas ya en el Senado y en la Cámara de Representantes, para eliminar el tope.

'Ahora mismo no hay acuerdo', dijo una fuente del mercado añadiendo que dos aseguradores potenciales tienen una exposición de $1,000 millones y $1,500 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 'Los aseguradores se fueron porque el Gobierno no podía precisar cuán grande sería el recorte (a los inversionistas) en la AEE,' dijo la fuente.

Otro problema es que los inversionistas quieren que Puerto Rico lleve a cabo la emisión más grande para así poder tener suficiente efectivo para dos años. De otro modo, el Gobierno tendría que vender más bonos el año que viene, lo que haría la emisión actual menos atractiva, según dos fuentes cercanas a la negociación.

Acosta dijo que el gobierno continúa explorando otras alternativas, incluyendo financiamiento a corto plazo y compradores de deuda estatal, que incluyen 'hedge funds', también llamados fondo de riesgo o fondos buitre, y que en la actualidad son los que adquieren la deuda de Puerto Rico.

Muchos de los fondos de cobertura que han comprado la deuda de Puerto Rico en la actualidad exploran oportunidades en el sector energético de Estados Unidos que se abrieron por la baja en precios del petróleo. Dos de los fondos más grandes que invirtieron en Puerto Rico ahora exploran la posibilidad de inversiones en Venezuela.

'Por qué invertir en Puerto Rico cuando puedes hacer más dinero en Texas? Los únicos inversionistas en este acuerdo son los que ya están expuestos', dijo a NotiCel un comprador potencial.

Donahue vio una caída en el interés de los fondos de cobertura en Puerto Rico porque han perdido dinero en la emisión de Obligaciones Generales, con bonos que ahora devengan más de lo que devengaban cuando fueron adquiridos.

'Va a ser una venta difícil. El interés entre los inversionistas alternos –fondos de cobertura, fondos estatales y fondos de alto rendimiento– puede estar disipándose dado el crecimiento de oportunidades alternas y rendimiento, menos que estelar, en los bonos existentes de Puerto Rico,' dijo.

Daniel Hanson, analista en Height Securities, considera que la decisión del Tribunal Federal en anular la ley local de reestructuración, o 'quiebra criolla', tendrá un 'gran' impacto en los esfuerzos de lograr un acuerdo sobre los bonos.

'Va a tomar un tiempo en lo que el mercado absorbe el golpe de la anulación. Los bonos deben recuperar y cuando ocurra esto el mercado se amplificará. Mientras tanto las cosas van a estar duras,' dijo.

Aun así, un profesional de la industria financiera cercano al acuerdo difiere. 'La decisión hace las cosas más fácil. El gobierno perdió peso en su posición, ahora tiene que meter dinero en sus arcas', resumió.