La Comisión de Intercambio de Valores (SEC) acusó hoy a UBS Financial Services Inc. of Puerto Rico, a su exjefe, Miguel Ferrer, y al ejecutivo Carlos Ortiz, de engañar a sus clientes mediante encubrir la crisis que estaban sufriendo 23 de sus fondos de inversión.

UBS Puerto Rico aceptó transar los cargos administrativos mediante pagar $26.6 millones a un pote del cual se compensará a los clientes afectados, según una comunicación escrita que la agencia emitió esta tarde.

La agencia sostiene que UBS sabía internamente de los problemas que tenían sus fondos, pero engañó a sus clientes y utilizó tácticas como meter ellos mismos dinero en sus fondos para que se vieran mejor ante los clientes. Luego, UBS retiró su apoyo a los fondos y buscó venderle la inversión a clientes incautos.

Además de la acción contra UBS, la SEC instituyó acciones separadas contra Ferrer, exprincipal oficial ejecutivo de UBS PR, y contra Ortiz, jefe de mercados de capitales.

La casa de inversiones ha tenido y tiene múltiples contratos de manejo de inversiones con el gobierno de Puerto Rico. Entre sus ejecutivos están el hermano del gobernador Luis Fortuño y el hijo del presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton. La empresa manejó la altamente controvertible transacción mediante la que la Administración de los Sistemas de Retiro emitió $3,000 millones en deuda durante la administración Acevedo Vilá.

"UBS Puerto Rico le negó a sus clientes lo que tenían derecho por ley, una información precisa sobre el precio y la liquidez (de los fondos), así como una gerencia de transacciones que no diera preferencia a las transacciones de UBS por encima de las transacciones de sus clientes", sostuvo Robert Khuzami, director de la División de Ejecución de la SEC.

La orden requiere que UBS PR pague $11.5 millones para compensación, $1.1 millones en intereses, y $14 millones en multa. Además, le somete una censura, le instruye a desistir de la conducta violatoria, y les obliga a pagar de su bolsillo un consultor independiente que va a revisar las políticas y el manejo de esos fondos.

Al transigir, la casa de inversiones ni aceptó ni negó responsabilidad legal.