El senador Ángel Rosa, presidente de la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica del Senado; no quiso adjudicar que la posposición por 120 días la Ley de Compañías de Inversión de Puerto Rico del 2013 (Ley 93) se debiera a cabildeos en La Fortaleza de parte de UBS Puerto Rico, pero reiteró que existe un compromiso del Gobernador para que dicha legislación se implemente.

En entrevista con NotiCel, Rosa señaló que aunque hubo cabildeo de parte de UBS para que García Padilla vetara el P. del S. 232, no puede establecer que el banquero Carlos Ubiñas, principal oficial ejecutivo de UBS Puerto Rico, continuó cabildeando en La Fortaleza en contra del estatuto una vez fue nombrado como miembro del Comité Asesor que evalúa la medida.

Sería algo 'especulativo, y yo no tengo evidencia de lo uno ni de lo otro', afirmó Rosa.

'El Gobernador nos dijo allí (en la primera reunión del Comité Asesor) a todos los presentes, que él firmó la Ley porque era buena, que se iba a implementar y que esperaba que sea mejor de lo que se firmó. Si ellos continuaron o no cabildeando, eso yo lo desconozco, pero no van a tener éxito porque esa ley está firmada y para derogarla tendrán que presentar otro proyecto', puntualizó.

Según Rosa, el 30 de julio sostuvo una reunión con García Padilla, en la que el Primer Mandatario le expresó su disposición de firmar el P. del S. 232, pero le preguntó al legislador sobre su apertura a que un Comité Asesor evaluara la medida, para ver si era necesario introducirle enmiendas adicionales, de manera que ocurriera un proceso coordinado de transición en el mercado de inversión.

Este dijo que aceptó la petición de García Padilla, quien también le consultó su disposición para que se extendiera el periodo de vigencia de la medida de 30 días que disponía el Proyecto a 120 días.

El argumento de La Fortaleza en torno a la posposición, era que tanto la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) como el Departamento de Hacienda contaran con el tiempo necesario para diseñar los reglamentos y que el comité que crearía el Gobernador pudiera completar su trabajo de evaluación y recomendación.

'Yo entendí que el periodo era demasiado extenso, pero ese fue el acuerdo que yo pude llegar con el Gobernador y con su representante, la Secretaria de la Gobernación (Ingrid Vila Biaggi)', sentenció Rosa.

La inclinación del legislador era que la puesta en vigor de la Ley no se pospusiera más de 60 días, pues entendía que era tiempo suficiente para que tanto OCIF como Hacienda completaran los reglamentos.

Sin embargo, reconoce que había renuencia de parte del Departamento de Hacienda en crear el reglamento.

La razón principal para ello, es que el Departamento de Hacienda no le gustaba la idea de cambiar las condiciones jurídicas para las inversiones de fondos mutuos.

De hecho, Rosa dice que el Departamento de Hacienda ha recomendado varias aclaraciones en el lenguaje técnico de la Ley con relación a aspectos contributivos, con los que está de acuerdo.

No obstante, La Fortaleza se mantuvo firme en que la Ley debía posponerse por 120 días, y Rosa ha dejado claro que por los acuerdo con el Ejecutivo presentó el P. del S. 684.

El Comité Asesor creado por el Gobernador se espera rinda un informe con recomendaciones entre una a dos semanas.

Este Comité está compuesto por la secretaria de Hacienda, Melba Acosta; el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó; el senador Ángel Rosa; el representante Luis Raúl Torres; el presidente de la Junta del Banco Gubernamental de Fomento, David Chafey; el comisionado de Instituciones Financieras, Rafael Blanco; y el asesor Legal y Legislativo de La Fortaleza, Ángel Colón Pérez.

Además, el Comité, que es presidido por Vila Biaggi, tiene como miembros a Ubiñas; al vicepresidente ejecutivo de Servicios Financieros y de Seguros de Banco Popular, Juan Guerrero; el principal oficial de Santander Asset Management, Frank Serra; y la presidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Waleska Rivera.

Rosa dijo no tener problemas con cambios en la Ley en torno a aclaraciones técnicas del lenguaje y en la parte regulatoria.

En lo que sí fue enfático en que no se va a cambiar lo dispuesto en la Ley sobre la transparencia en la operación de las compañías de inversiones en la Isla ni la proporción que se le exige a los inversionistas comprar de la deuda pública, ni que se eximan de tributación a los fideicomisos de inversión exentos ni mucho menos el paralelismo con las regulaciones federales.

Rosa se mantuvo firma sobre los beneficios que traería la Ley para promover la inversión local.

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