El comisionado de la Oficina de Instituciones Financieras (OCIF), Rafael Blanco, dijo el martes que la Oficina no tuvo inherencia alguna en la negociación del acuerdo del 2012 en el que el Departamento de Hacienda se comprometió pagarle a Doral un reintegro de $229 millones y que se enteró posterior al otorgamiento.

El acuerdo o 'closing agreement' del 2012 se hizo entre el Departmento de Hacienda y Doral Financial Corporation junto con Doral Bank, Doral Mortgage LLC, Doral Insurance Agency, y Doral Properties Inc. El grupo de entidades fue denominado como DFC Group, explicó Blanco.

El funcionario explicó que Doral Financial Corporation no está sujeto a la jurisdicción de la OCIF por ser una compañía tenedora de acciones que se rige por la ley federal del 'Bank Holding Company Act', pero que Doral Bank sí cae bajo la jurisdicción de la agencia.

'Lo cierto del caso es que la OCIF no tuvo injerencia alguna en la negociación del acuerdo del 2012, aún cuando Doral Bank comparecía en dicho acuerdo, representado por el Sr. Glen Wakeman como su presidente y principal oficial ejecutivo. Dándole el beneficio de la duda a DFC para explicar la comparecencia de sus subsidiarias corporativas, una posible explicación para no notificar de antemano a la OCIF sobre el propuesto 'closingagreement' del 2012 era que la única relación de Doral Bank con el acuerdo era comparecer formalmente al mismo para posteriormente beneficiarse de la distribución interna que de dicho crédito contributivo hiciera su matriz bancaria', sostuvo Blanco a la Comisión de Seguridad Pública que investiga la controvertible transacción.

En mayo, la FDIC determinó no reconocer como activo unos $289 millones que emanan de el acuerdo contributivo del 2012 como capital básico del banco. La situación coloca a Doral en incumplimiento de los reguladores bancarios, debido a que la institución bancaria ha incumplido con la orden de consentimiento que le impuso la FDIC, la OCIF, y la Reserva Federal de Nueva York, en agosto de 2012 que le requiere al banco mantener unos mínimos de capital.

Doral posteriormente solicitó a Hacienda el pago del reintegro al que tenía derecho, pero Hacienda anuló el acuerdo al destacar que no hay evidencia de que Doral hizo un sobrepago de impuestos. Por ello, Doral fue a los tribunales.

El martes, la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan,Laureana Pérez, determinó que carece de jurisdicción en la evaluación de si en efecto Doral tiene derecho a un reintegro y de si hizo los sobrepagos obligando a Doral a agotar los remedios administrativos ante la agencia.Pérez mantuvo jurisdicción sobre el tema de si el acuerdo es uno válido.

Doral alega que el millonario reintegro del acuerdo del 2012 se produjo durante los años 2000 y 2004 por un sobrepago de impuestos.

Según Blanco, la OCIF se enteró del acuerdo entre Hacienda y Doral tres días después de que se concretó el mismo, o sea, el 29 de marzo del 2012, en una reunión con el asesor legal del banco,Lcdo. Enrique Ubarri.

Ubarri le informó que se renegoció en el acuerdo el trato que se le daría a los 'deferred tax assets', lo cual incrementaría el capital del banco en unos $232 millones, y que Doral usaría dicho capital para echar a pérdidas ciertos activos clasificados.

El banco tampoco informó a los reguladores federales sobre el acuerdo antes de llevarlo a cabo. Blanco dijo que le preguntó a Ubarri si se le había informado a la FDIC acerca de los detalles del acuerdo en el cual se renegoció el trato de los 'deferred tax assets', a lo que respondió que se presentaría el asunto a la FDIC y al Banco de Reserva Federal.

Blanco dijo que desde un principio tuvo dudas sobre la idea de incluir $229 millones como capital básico del banco. De hecho, dijo que le expresó su preocupación en una comunicación dirigida a Gregory Wyka y Scott Campbell, de la FDIC, en donde les dijo que se le hacía difícil 'aceptar un pago del gobierno en un periodo de 5 años como una inyección de capital 100% instantánea'.

Además, Blanco explicó que el 24 de abril del 2012 se comunicó con el exsecretario de Hacienda, Jesús Méndez, para saber quién había sido la persona que negoció el acuerdo con Doral porque tenía una reunión con la Reserva Federal y con la FDIC en Nueva York, pero que no recibió respuesta.

Posteriormente, el 26 de abril del 2012, se comunicó con la subsecretaria de Hacienda, Blanca Álvarez, quien alegadamente fue la persona que negoció el acuerdo para dejarle saber que los reguladores federales, o sea el FDIC y la FED, son los que tenían que determinar si aceptaban el acuerdo. Le indicó que el acuerdo no decía cómo Doral podía solicitar un reintegro.

'Siendo un mecanismo de crédito a pago de 5 años, su naturaleza sigue siendo un 'deferred tax asset'. De no aceptar los reguladores primarios que en efecto esto es capital, le afectaría adversamente a Doral. Solo intereso conocer algo del trasfondo y opinión de ustedes', le expresó a Hacienda el funcionario de la OCIFen una comunicación en ese entonces.

De igual modo, Blanco dijo que el 26 de abril recibió una llamada de Meinrad Danzer, un oficial de la Reserva Federal, expresando interés en ayudar a Doral para que pudiera incluir los $229 millones del acuerdo como parte de su capital básico, pero que necesitaba algo escrito de Hacienda que expresara, entre otras cosas, que era una 'obligación incondicional del estado' hacer el pago al banco, que era lo que Doral había expresado a los reguladores.

Luego de hablar con Méndez, Blanco dijo que Méndez le informó que lo mejor era que Doral le escribiera a Hacienda solicitando la carta y el contenido de lo que le informó a los reguladores federales. Hacienda le contestaría que las representaciones que había hecho Doral a los reguladores eran las correctas.

Mediante carta con fecha del 30 de abril del 2012, dirigida al Secretario de Hacienda con copia a la FDIC y a los reguladores federales y a la OCIF, se solicitó que se aclarara si el acuerdo reconocía los $229 millones como sobrepago de contribuciones, y si se permitía a DFC Group reclamar el prepago como un reembolso a ser pagado a Doral por un periodo de 5 años.'Ese mismo día la Lcda. Blanca Alvarez, subsecretaria de Hacienda, emitió una carta en la que contestó en la afirmativa ambas interrogantes', explicó Blanco.