Gobierno federal ha intensificado su examen de cumplimiento de incentivos contributivos para detectar posible fraude de compañías o individuos.

El Gobierno de Puerto Rico coopera “extensamente” con los esfuerzos de la división de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas federal (IRS-CI, por sus siglas en inglés) para recopilar información sobre decretos contributivos bajo las leyes 20 y 22 como parte de una auditoría que podría desembocar en acusaciones criminales si se identifica incumplimiento con las condiciones para ser beneficiario de los decretos.

La información fue confirmada, separadamente, por los secretarios de Hacienda, Francisco Parés Alicea, y de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, después de que el medio especializado Bloomberg Tax publicara el jueves que auditorías agresivas a los incentivos son parte de la estrategia de la Administración Biden para allegar más recursos al fisco federal en momentos en que ese gobierno ha desembolsado miles de millones en paquetes de alivio por el COVID-19 y que el presidente Joseph Biden intentan empujar el plan de infraestructura más ambicioso de este siglo.

Bloomberg publicó los nombres de varias entidades con incentivos cuya existencia como negocios bona fides localizados en Puerto Rico no pudo ser confirmada y otros con nombres similares a compañías en otros estados. Además, dijeron que el flujo de personas buscando los incentivos ha aumentado durante la pandemia. Por ejemplo, se confirma que desde marzo de 2020 hubo 82 solicitudes de residentes de Nueva York para relocalizarse a la isla, con solo 22 registrándose el año anterior.

NotiCel publicó los planes del IRS desde el año pasado, así como que se origina en solicitudes de acción por parte del Congreso, particularmente de los representantes demócratas Nydia M. Velázquez, Raúl M. Grijalva y Alexandria Ocasio Cortez, así como el ya excongresista José E. Serrano.

Vea: Lupa del IRS sobre beneficiarios de decretos de Ley 22 en la Isla

Este medio también corroboró de manera independiente que varios beneficiarios de los incentivos han recibido requerimientos de información de parte del IRS. También, que hay empresas de construcción y desarrolladores bajo la lupa por facilitar la obtención de créditos contributivos al aplicar a proyectos que cualifican gastos que vienen de proyectos que no cualifican para el crédito.

En octubre pasado, y tras investigación del IRS-CI, el expresidente de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, Gabriel Hernández Colón fue arrestado bajo acusación de que cometió fraude en el trámite de incentivos para una entidad que no cumplía con los requisitos de la ley y que era, en realidad, un frente para una operación encubierta de agentes federales. Tras el arresto, Agente Especial a Cargo de la oficina de IRS-CI de Miami, Tyler R. Hatcher, dijo a NotiCel que el caso de Hernández Colón era una “advertencia” y que pesquisaban no solo a beneficiarios, sino a posibles coconspiradores locales que los ayudan a conseguir y gerenciar los incentivos y a agentes residentes y directivos de entes corporativos que están cobijados por los incentivos. NotiCel supo que hay también beneficiarios que cooperan contra coconspiradores locales que facilitan las transacciones fraudulentas.

En Puerto Rico, el DDEC es la entidad que administra los incentivos en cuanto a recibir la solicitudes, evaluarlas, aprobarlas y recibir los informes de cumplimiento. Por otro lado, Hacienda es el recipiente de toda la información contributiva de las entidades e individuos beneficiarios. Los individuos de altos ingresos pueden ser beneficiarios de la Ley 22, mientras que las entidades que realizan actividades de exportación pueden ser beneficiarios bajo la Ley 20. Aunque suelen mencionarse en conjunto, son dos leyes distintas. Los individuos son personas que no vivían en la isla y se tienen que mudar aquí como requisito básico para el incentivo, pero las empresas no son solo extranjeras, pueden ser locales también que realicen actividades de exportación. Por ejemplo, las entidades corporativas de varios exponentes del género de música urbano son beneficiarios del incentivo de exportación.

Cidre dijo que no podía divulgar identidades de los beneficiarios de Ley 22 que han sido objetos de requerimientos de información y también distinguió a los beneficiarios que han cumplido responsablemente con la ley, pero aseguró que “la colaboración ha sido extensa y que contamos con la certeza de que aquellos que hayan utilizado nuestra estructura de incentivos de forma fraudulenta sin duda enfrentarán todo el peso de la ley”.

Vea: IRS pide cooperación para casos de fraude de PPP, PUA y 20/22

“Desde que llegamos en enero del 2021 hemos estado inmersos en iniciativas específicas para asegurar el cumplimiento cabal con todos los requerimientos relacionados al Código de Incentivos (Ley 60-2019). Más aún, estamos evaluando medidas para robustecer la reglamentación relacionada a la ley, para garantizar el cumplimiento de los concesionarios con su responsabilidad fiscal. Por lo que, hemos entrado en una nueva etapa de incentivos en la que buscamos lograr el balance propicio entre los beneficios y las responsabilidades del inversionista, y el mejoramiento de las condiciones de vida de los puertorriqueños”, añadió.

El jueves también, el DDEC recurrió al Tribunal de Apelaciones para sostener una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en la que se decretó la legalidad de los esfuerzos del departamento por cumplir con la obligación legal de proveer transparencia sobre, por lo menos, quiénes son las personas y entidades que tienen decretos y bajo cuál de las leyes.

Por su parte, Parés Alicea remitió al Boletín Administrativo 21-03 que emitió el 19 de febrero de 2021 y que informaba a los contribuyentes que el Departamento “estará recibiendo por parte del (IRS) información contributiva reportada a contribuyentes residentes de Puerto Rico a nivel federal”. “[E]l Departamento estará colaborando junto con el IRS con la documentación necesaria para cumplir con los planes de trabajo establecidos en la campaña de cumplimiento emitida por dicha agencia el 27 de enero de 2021 en relación a individuos con decretos de exención contributiva bajo Ley 22”, añade el boletín.

El boletín también incluye en su ámbito “cumplimiento con los requisitos de reporte y retención de contribuciones aplicables a las compañías dedicadas a la industria de construcción, incluyendo, compañías extranjeras”.

El Secretario indicó que la coordinación se ha hecho a través del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, y que “sobre este tema, ha habido mayor mayor volumen de trabajo de ambas partes” recientemente, refiriéndose a Hacienda y el IRS.

“A este momento, lo que concierne al Departamento de Hacienda, estamos hablando de procesos (contributivos) administrativos. Posteriormente, si se encuentra conducta criminal, las autoridades correspondientes entrarán (en acción)”, explicó el también Principal Oficial Financiero del Gobierno de Puerto Rico.

Para ver el boletín de Hacienda, pulse aquí.

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