Las escuelas, además de servir como los principales centros de educación en Puerto Rico, fungen como refugios estatales durante emergencias o catástrofes y, al menos cada cuatro años, se utilizan como espacios en los que se ejerce la democracia mediante el derecho al voto. Sin embargo, la clausura de cientos de planteles escolares por parte del Departamento de Educación (DE) pone en peligro esas funciones que les otorga el Estado.

Tras el anuncio más reciente de cierre de escuelas en abril, en que 283 se encontraban en la guillotina como parte de la reestructuración de la agencia, los cálculos apuntan a que al menos 75 de ellas sirvieron como refugios alrededor de la Isla durante el catastrófico huracán María el pasado 20 de septiembre.

De acuerdo a la lista oficial del Departamento de la Vivienda, que incluye centros comunales, iglesias y escuelas, ese número se traduce a una capacidad mínima de albergue de 9,756 personas.

El municipio más afectado es Salinas, pues de diez refugios habilitados el pasado septiembre, solamente dispondría de tres luego de los cierres de escuelas. Mientras, Patillas y Peñuelas permanecerían con dos albergues cada uno, tras contar con cuatro y cinco, respectivamente. Todos estos municipios ubican al sur de la Isla, zona que tradicionalmente es la primera en recibir los embates de los huracanes.

Aunque desde entonces el DE ha comunicado cambios a la lista de planteles, agencias codependientes como Vivienda, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, (NMEAD) y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no fueron notificadas de antemano.

'El análisis realizado [para los cierres] responde estrictamente a los criterios establecidos en el DE. Este análisis solo responde a lo establecido en el compendio de política pública que tambien aparece en nuestra página web. La CEE como otra agencia gubernamental debe realizar los ajustes que le corresponden', estipuló Yolanda Rosaly Alfonso, oficial de prensa de la Secretaria de Educación.

El compendio de política pública referido establece los criterios para clausurar un plantel, como el nivel de matrícula y la calidad de la infraestructura.

La temporada de huracanes comienza el 1 de junio.

Como el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha informado, unas 71 escuelas --cerradas durante el 2017 fueron alquiladas, compradas, o traspasadas por $1 a entidades privadas a tono con la Orden Ejecutiva 32 y la Ley 26 de 2017.

A preguntas de NotiCel, la asesora de Desarrollo e Infraestructura de la Fortaleza, María Palou Abasolo, señaló que los documentos de transferencia de planteles incluyen una cláusula que permite el uso de estas estructuras por parte del Estado durante eventos electorales, no tanto así como refugios.

'Esas cláusulas se establecen en el contrato de arrendamiento. Se incorporó una cláusula para que continúen siendo centros de votación. Lo de refugio es más complicado por su naturaleza', expresó Palou Abasolo, por voz de la oficial de prensa de La Fortaleza, Yennifer Álvarez Jaimes.

A ciegas la CEE

Aunque en teoría las escuelas cedidas o vendidas al sector privado continúan sus funciones como centros de votación para los próximos comicios electorales, la información sobre la cláusula no parece haber llegado a la CEE, pues al conversar con NotiCel, el problema persistía a juicio del presidente interino.

'Es algo que tenemos que mejorar, porque el proceso de las elecciones es un mandato constitucional. O sea que cada vez que se va a tomar una determinación que afecta ese proceso, yo creo que lo mínimo que debe hacerse es coordinarlo con quien tiene que llevar a cabo el proceso', apuntó el licenciado Nicolás Gautier Vega.

Al enterarse de los cierres de escuelas, la CEE elaboró una lista de aquellas designadas como centros de votación y cómo se afectarían las elecciones del año 2020.

Según sus cálculos, un mínimo de 50,000 electores activos del área de San Juan permanecerían sin lugar asignado para votar porque la reorganización electoral efectuada en el 2016 recibió otro golpe con esta nueva ronda de cierre de planteles.

Además, la clausura de múltiples planteles en un mismo municipio dejaría a ayuntamientos como Adjuntas, Dorado, Ceiba, Barranquitas y Salinas sin una escuela previamente designada como centro de votación.

Esa muestra de cinco pueblos suma 30,622 electores a los 50,000 de la ciudad capital.

'Lo que se va a afectar es el número de electores que se tendría que añadir [a otras escuelas] en la eventualidad de que no hayan otras facilidades. Por ejemplo, digamos que para las próximas elecciones se asignen 400 electores por colegio, pues entonces se podrían aumentar hasta 500', explicó el presidente interino.

Gautier Vega aclaró que esa decisión no necesariamente incrementaría el tiempo de espera, pues el organismo transferiría las máquinas de votación en desuso a las instalaciones disponibles.

A esos fines, la CEE empleará un período del próximo año y medio --antes de las elecciones del 2020-- para evaluar otros espacios públicos, municipales o privados.

Un posible escenario para la CEE es incurrir en gastos adicionales para rentar espacios privados que puedan recibir un flujo constante de votantes, lo que a su vez, encarecería el evento.

'Cada vez que tenemos que alquilar salones en una escuela privada, pues estamos amarrados a lo que la escuela privada nos pida. O, si tenemos otras opciones nos movemos a esas opciones si son más baratas. En la medida que tenemos que pagar, en esa misma medida tenemos que aumentar el presupuesto de la Comisión para esos fines', indicó Gautier Vega, antes de añadir que las instituciones no públicas han cobrado hasta $1,000 por el uso de un solo salón.

El presupuesto para las elecciones del 2016 rondaba los $35 millones. Una de las variables que maneja Gautier Vega es la emigración de electores para contrarrestar la cantidad de centros necesarios.

'Yo espero que dentro de los próximos dos a tres meses podamos tener un horizonte claro de hacia dónde o cómo vamos a resolver este asunto y si no se puede resolver todo, entonces acudir al Departamento [de Educación] para ver en que media el Departamento puede dejar esas facilidades disponibles para los municipios para que los municipios se encarguen de darles mantenimiento y puedan ser utilizadas en el momento en que se lleva a cabo el evento', declaró el licenciado.

Por su parte, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos Andújar, compartió su preocupación por el cierre de escuelas de cara a las elecciones del 2020, pese a que conocía de la cláusula en los documentos de traspaso.

En su análisis, uno que le presentó al gobernador Rosselló Nevares, la suma de los años 2017 y 2018 resulta en 433 unidades electorales perjudicadas, lo que representa 28.80% de los centros de votación.

La funcionaria subrayó que la decisión correspondió al DE y descartó que se tratara de un intento de sabotear los centros de votación del Partido Popular Democrático.

Por eso recalcó que tanto ella como su equipo de trabajo identificarán estructuras que puedan servir como centros de votación, como canchas bajo techo, centros comunales, instalaciones gubernamentales industriales, o hasta iglesias que han ofrecido sus espacios. En última instancia, contratarían a los colegios privados.

'Ya yo distribuí los criterios para un centro de votación: que tenga una rampa para personas con impedimentos, que tenga energía electrica, que tenga baños, o sea, hay una lista entera de criterios. Yo tengo coordinadores electorales en todos los precintos para que vayan identificando otra instalación que puede ser utilizada en caso de que no se pueda usar la escuela', afirmó Burgos Andújar.

En el plebiscito del 2017, ejemplificó la funcionaria, se logró un acuerdo con el DE para que los planteles en lista de cierre permanecieran con servicio de energía electrica y agua potable para la fecha del evento y por eso no experimentaron dificultades.