Entre la aprobación de una Reforma Educativa que rige las acciones del Departamento de Educación (DE) en cuanto el cierre de escuelas y la intención de la administradora de esa agencia, Julia Keleher, en cerrar 280 escuelas ,surge una interrogante que aún no ha sido contestada apropiadamente: ¿cuál fue el criterio utilizado por el DE para decidir cerrar estas escuelas?

Dentro la ley 85 del 2018 (ley de reforma educativa), el artículo 8.01 establece la autoridad que tendrá la Secretaria del DE en cuanto la administración de las escuelas, y en el que se incluyen 15 criterios a cumplirse para determinar si una escuela cierra o no. Esta evaluación ha sido mencionada tanto por la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) como la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), al mismo tiempo que estos gremios magisteriales han denunciado la indiferencia del DE y la secretaria Keleher en cumplir con estas disposiciones estatutarias.

Una posible explicación para ello podría ser un lenguaje insertado al inciso F de ese artículo en la ley que establece: 'Efectivo el 1 de julio de 2018 y previo al cierre, consolidación y/o reorganización de cualquier escuela, el Secretario deberá preparar un estudio'. Es decir, la propia ley aprobada provee para que las 280 escuelas que el DE pretende cerrar no tengan que pasar por evaluación alguna.

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No obstante, en febrero la secretaria del DE indicó que estaban llevando un proceso de evaluación para determinar las escuelas que cerrarían, señalando factores como infraestructura, costos, localización geográfica y seguridad como elementos que tomaría en cuenta. Al anunciar el retiro de tres escuelas de la lista de planteles a cerrar, Keleher reiteró la evaluación que efectuó su agencia y aludió a que la decisión fue parte de un plan para escuchar a la ciudadanía.

Según la nueva ley, uno de los criterios de evaluación para determinar si procede un cierre es: 'El impacto del cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela en los estudiantes y en la comunidad'.

Sobre eso, Keleher, había adelantado que evaluaría la lista original de cierres tras las protestas de varias comunidades.

'Siempre hemos estado dispuestos a escuchar, tomar en cuenta y analizar el sentir de toda la comunidad escolar, así como líderes electos por ellos que les representan. Y esta ocasión no ha sido la excepción. Por esto, nuevamente validamos la información recopilada por meses por nuestro equipo de trabajo a la luz de algunas inquietudes surgidas. A base de esto, tomamos algunas determinaciones que redundan en algunos ajustes a la lista original', explicó la titular de Educación.

Preparada la AMPR para retar el cierre en los tribunales

Durante una reunión con padres de escuelas que cerrarían, la presidenta de la AMPR, Aida Diaz, recordó que el DE suponía efectuar una evaluación previo a cerrar una escuela, por lo que los invitó a reclamar dicha evaluación. Desde la FMPR se produjo un llamado similar, pero acompañado con la denuncia sobre la posposición de ese proceso hasta julio de este año.

Para Díaz, la insistencia del DE en cerrar escuelas corresponde a un interes para hacerlas disponibles para convertirse en escuelas 'charter', concepto que viabiliza e impulsa la Ley de Reforma Educativa. Sin embargo, recordó que le corresponde a la Legislatura supervisar el cumplimiento con la recien aprobada reforma.

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'Pues a la Legislatura le toca, le corresponde hacer valer su posición. Si ellos legislaron, que le reclamen, que ella está actuando por encima de la ley', sostuvo Díaz en referencia a la ejecutoría de Keleher.

Para este esfuerzo contra el cierre de casi 300 escuelas, la AMPR ha mantiene como aliado la Federación Americana de Maestros (AFT por sus siglas en ingles), que además de comparecer junto a ellos en manifestaciones locales y cabildear por sus intereses ante el Congreso, tambien proveerán asistencia legal.

En ese sentido, Díaz aseguró que la AFT presentará pronto un recurso legal para impugnar el cierre de escuelas. Dentro el mismo, Díaz anticipó que presentarán como argumento la incongruencia entre el proceso de cierre establecido en la ley, y el procedimiento que llevó a cabo el DE.

La Cámara investigará, pero no detendrán todos los cierres

El reclamo de Díaz hacia la Legislatura está comenzando a rendir frutos, aunque no necesariamente redundaría en un cese al cierre de todas las escuelas. Díaz sostuvo que los legisladores están conscientes del lenguaje de la reforma aprobada que aplaza la evaluación de las escuelas hasta julio de este año.

Ese planteamiento lo validó a NotiCel el representante Urayoán Hernández, quien radicó una resolución conjunta para investigar si el DE realizó todos los procedimientos establecidos para cerrar escuelas, desglosado en la ley. Su interes en emprender en esta investigación yace en el cierre varias escuelas en su distrito - en el que se encuentran los municipios de Orocovis, Barranquitas, Villalba y Coamo - y en compeler a la secretaria Keleher a demostrar la evaluación que hizo a cada plantel que pretende cerrar.

Según explicó Hernández, en visitas que ha hecho a escuelas pautadas a cerrar, ha encontrado que no están en condiciones inadecuadas, mientras que a la misma vez ha visto escuelas receptoras que carecen de infraestructura adecuada para absorber la matrícula entera de otra escuela.

'Yo entiendo, a nivel personal, que no fue uno de los mejores estudios que el DE ha realizado porque yo personalmente fui y visite los planteles y vi mucha necesidad y tambien padres están presentando opciones que tampoco se les está escuchando y tampoco se les está tomando en consideración', sostuvo Hernández.

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A esos efectos, lo que Hernández busca lograr con la Resolución Conjunta 897 es una rendición de cuentas del DE para producir los informes de evaluación hechos para cada caso de cierre. Sin embargo, Hernández admitió que conocía y estaba consciente del lenguaje del artículo 8 - el cual hace referencia en la Resolución Conjunta - y que aplaza las evaluaciones para cierre de escuelas hasta julio de este año.

'Sí, a nosotros se nos explicó todo. Se nos explicó incluso lo que nosotros estamos investigando, lo que sucedió es lo siguiente: Que si no se hace el estudio correcto esto es lo que está trayendo. Está trayendo incertidumbre. Los mismos directores no saben que es lo que va a pasar', declaró el representante.