La Comisión de Derechos Civiles concluyó hoy que el proceso llevado a cabo por el Departamento de Educación para cerrar un gran número de escuelas 'lesionó el derecho a la educación de los niños y niñas del sistema público'.

'Tras realizar cuatro audiencias públicas concluimos que el proceso de cierre de escuelas fue uno desorganizado y sin la participación y orientación de los componentes de las comunidades escolares. Esto es, a los y las estudiantes, a los padres madres y encargados, al personal docente, no docente y administrativo y a la comunidad en general', señaló la presidenta del organismo público, Georgina Candal Segurola

En su informe, la Comisión recalcó que el Departamento de Educación incumplió la responsabilidad básica que tiene de que sus decisiones tomen en cuenta los intereses particulares de las comunidades y personas afectadas por sus acciones y de asegurar que las decisiones esten sustentadas por un peritaje articulado y despues de llevar a cabo un proceso deliberativo democrático.

El mencionado informe, tambien incluye varias recomendaciones como el establecimiento de una moratoria de un año que permita un proceso ordenado mediante el cual se consideren las opiniones de los miembros de la comunidad escolar, incluyendo al estudiantado, a los padres y madres de estudiantes, a las maestras y maestros, al personal administrativo y al no docente, a la comunidad y a los alcaldes y alcaldesas en las determinaciones de que planteles escolares deben cerrarse, cómo y cuándo se llevarán a cabo los mismos.

'La CDC presenta el informe sobre 'El Cierre de las Escuelas por el Departamento de Educación' en protección a los derechos humanos, a la educación de los niños y niñas de Puerto Rico y al derecho a la participación en asuntos públicos que tienen los ciudadanos', apuntó la otrora Jueza Superior en declaraciones escritas.

El mismo surge tras una investigación realizada por la Comisión luego de recibir una querella de parte de la Asociación de Maestros de Puerto Rico que dirige Aida Díaz.

Por su parte, Díaz reaccionó a la determinación de la Comisión e hizo un llamado al gobernador y a la secretaria de Educación para evitar el cierre de los planteles.

'Están cometiendo una barbarie contra los componentes que dan razón de ser al DE, los niños, los maestros y sus progenitores. No hay forma de dar una educación de calidad cuando los gerentes del Departamento creen que se trata de mercancías que puedes moverlas de un lugar a otro', dijo Díaz.

Sin embargo, el Departamento de Educación se reafirmó en que el proceso se ha realizado de acuerdo con la realidad fiscal del país.

'Aunque de inmediato el documento aún está siendo evaluado por el personal de la Agencia, lo que nos impide hacer expresiones específicas sobre su contenido puntual, en el momento en que el Departamento compareció ante la Comisión, la posición del organismo con respecto a la controversia ya era clara. Aún así, el Departamento expuso sus argumentos', lee la declaración escrita del DE.

'La Agencia se reafirma en que ha estado implementando los procesos de transformación de acuerdo al plan y la logística que se había establecido a la luz de la realidad fiscal, de las necesidades de mejorar las condiciones y el ambiente academico y de optimizar el uso eficiente de los recursos del sistema. El proceso estuvo basado en datos que fueron ponderados y respondió a la necesidad urgente de atender la consistente reducción en la matrícula que había producido una considerable despoblación de los planteles escolares', agregó.

'Asimismo, el Departamento de Educación ha trabajado con sensibilidad para hacer ajustes en algunas determinaciones en las distintas etapas de la implementación de los procesos', indicó.