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Dos masacres, más de mil casquillos: otro día

OPINION
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Se suele recordar a personajes ilustres y a algunos funcionarios prominentes, designando vías y estructuras públicas con sus nombres. Se trata de perpetuar su significado y aportaciones en la vida pública. A veces, la designación se quiere adelantar en el tiempo, proponiendo estas designaciones con el nombre de personas vivas y activas.

La Asamblea Legislativa y algunas legislaturas municipales en ocasiones por pasión partidista, o por apremios de inconscientes, aceleran los procesos y se le adelantan a la muerte para hacer los homenajes en vida. La práctica ha probado ser muy peligrosa. Más de una vez, se le ha puesto el nombre a un lugar público—presumiblemente de manera permanente— de uno que otro bambalán para vergüenza de quienes lo recuerdan y hasta que se olviden.

Por otro lado, cuando la vida en el país se degrada y se producen hechos otrora impensables en el lugar designado con el nombre del homenajeado, una sombra recae sobre el nombre del personaje, ahora convertido en toponímico. Ese es el caso de nuestras autopistas y vías de rodaje, el de edificios y complejos públicos. Si estos lugares se pueblan de crímenes, masacres, tráfico ilícito, entre otros, poco de los hechos memorables de la vida, si alguno se recuerda, quedan. Al natural olvido en un país donde oficialmente se ignora la historia, poco y mal se enseña, y hasta se la desprecia, se le suma la estela de imágenes negativas.

Así, Baldorioty de Castro deja de ser el nombre de aquel político y patriota de quien José Martí dijo que no tuvo nunca en sí 'un átomo de lacayo', para convertirse en una vía taponada por accidentes fatales, asesinatos y masacres.

Lo mismo sucede con Martínez Nadal y Ramos Antonini, que a la distancia de bastante más de medio siglo ven salpicados de sangre en el imaginario de su gente su recuerdo.

Don Rafael y Don Ernesto fueron políticos y legisladores en un país donde no se habían degradado hasta la náusea esas actividades, salvo honrosas excepciones. Ambos nacieron en Mayagüez y vivieron en Ponce; se labraron una reputación por su laboriosidad, esfuerzos y ejecutorias como profesionales y activistas. Representaron posiciones partidistas e ideológicas distintas; trataron con respeto a sus adversarios; presidieron Senado y Cámara respectivamente y fueron abogados criminalistas extraordinarios. Ninguno abogó por la independencia del país desde sus cargos públicos. Solo a José de Diego, Rosendo Matienzo Cintrón —ambos presidentes camerales—y a Don Gilberto Concepción de Gracia, fundador y senador del PIP, los tres anticolonialistas e independentistas, se les recuerda mucho tiempo después, con esa distinción.

Desde el fin de semana feriado se han estado repitiendo incesantemente en los noticiarios y en la prensa escrita los nombres de Rafael Martínez Nadal y de Ernesto Ramos Antonini en el contexto de masacres en plena vía que han resultado en la muerte de más de media docena de puertorriqueños. Ambas escenas fueron filmadas o grabadas en su crudeza sanguinaria y difundidas aquí y fuera de Puerto Rico. En la de Guaynabo, en el Expreso Martínez Nadal, se observó cómo se remataba a los abaleados a plena luz del día, con una frialdad gangsteril de película. En la masacre del Residencial Ramos Antonini la Policía recuperó más de mil casquillos de bala.

Sólo en el conflicto turco-kurdo reavivado traperamente por el presidente Trump —que tiene en vilo a la comunidad internacional— pueden haber lanzado ayer ese número de proyectiles.

Mientras esto sucede, un bombardeo mucho más inmisericorde que afectará a millones de nosotros sigue produciéndose por los efectos de la Ley PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal y la corte de la juez Swain. La realidad es que ese bestial ataque continuo lleva 121 años ininterrumpidos, pues empezó con el bombardeo del Viejo San Juan por la flota estadounidense dirigida por el Almirante Sampson en el 1898.

Desde poco después el Congreso de los Estados Unidos rige colonialmente nuestras vidas. Lo manda todo, ejerce poderes omnímodos, niega derechos fundamentales a granel y discrimina sistemáticamente contra el pueblo. Ciento veintiún años de iniquidades, remachadas desde hace más de un siglo por el Tribunal Supremo de EEUU en los llamados Casos Insulares, que dictaron que el Congreso puede discriminar contra los que vivimos en Puerto Rico debido a la cláusula territorial de su Constitución.

El martes, 15 de octubre precisamente, aquel Tribunal Supremo oyó a las partes en torno a la Ley PROMESA. Tendrá una oportunidad más de determinar alguna forma de continuar asintiendo a la indignidad o de generar pronunciamientos que afecten o sacudan los cimientos de este bochorno universal que es el colonialismo de Estados Unidos sobre Puerto Rico.

Elevadas y profundas cuestiones jurídicas serán nuevamente hilvanadas en el Supremo federal, explorando la madeja que permite enmascarar la injusticia individual y colectiva que recae hace más de un siglo sobre todos los puertorriqueños. Esa masacre, que pareciera se observa por muchos sin parpadear siquiera, como las dos masacres del fin de semana, forma parte de la misma trama.

La paradoja inmensa que encierran a estas masacres, es que los personajes nombrados —incluidos a los entonces incumbentes independentistas De Diego, Matienzo Cintrón y Concepción de Gracia, Ramos Antonini y Martínez Nadal— ninguno, favoreció o favorecería esta iniquidad y desvergüenza perpetrada continuamente por EE.UU.

Porque habría que decir también, que el colonialismo es como una masacre mega-sanguinaria en tanto degrada, insensibiliza y tuerce la vida de una nación y de cada uno de sus hijos; los expone a guerras ajenas interminables; a migraciones masivas, ausencias sin retorno con cientos de miles de familias desgajadas; sujetos todos al discrimen oficial y a todas sus secuelas.

Dos masacres, una autopista, otra escena de mil casquillos y una vista sobre Puerto Rico en el Tribunal Supremo del imperio: otro día en nuestras vidas.

*El autor es doctor, abogado, profesor y estudioso de los procesos legislativos y reglamentarios. Fue asesor y luego portavoz del PIP en la Cámara durante 24 años.

El licenciado Víctor García San Inocencio. (Juan R. Costa / NotiCel)

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