Acusaciones, discusiones y discrepancias entre el gobierno saliente y el entrante. Así marcaron la agenda los primeros tres días de las vistas públicas de transición, donde los miembros de los dos principales partidos políticos del país no pararon de defenderse y contraatacarse.

Las vistas reanudan hoy con del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

El proceso cobra mayor importancia en la medida que se acerca el 17 de febrero, fecha dispuesta por la ley de Supervisión, Fiscalización y Estabilización Económica (PROMESA, por sus siglas en inglés), en la que culmina el período de suspensión de litigios por cobro por parte de los acreedores. Para que la próxima administración evite la avalancha de demandas que caerá en ese momento, deberá encaminar de inmediato el proceso de negociación con los acreedores para reestructurar la deuda, según lo permite el Título 3 de PROMESA.

Pero ese proceso de negociación está sujeto primero a la presentación de un Plan Fiscal a cinco años que la Junta de Control Fiscal (JCF), ente que maneja las finanzas del país, deberá aprobar antes del 31 de enero. El pasado viernes la JCF rechazó el Plan Fiscal del gobernador Alejandro García Padilla pues dependía de ayudas federales que, aseguraron, no serán aprobadas a corto o mediano plazo, por lo que recomendaron incluir medidas de austeridad en el gasto público. García Padilla, férreo en su postura en contra de imponer mayores cargas, rechazó la recomendación y anticipó que no presentaría un plan nuevo.

Para la delegación entrante, la negativa del gobernador para enmendar su plan fiscal resulta inaceptable y la interpretan como un gesto para deliberadamente complicar los primeros retos que enfrentará la administración de Ricardo Rosselló. El presidente del Comité de Transición, Elías Sánchez, exhortó al gobernador a estar abierto a las recomendaciones que pronto emitirá la JCF para revisar el plan.

Por su parte el secretario de Estado, Víctor Suárez, resaltó que la JCF ha expresado interés en escuchar las propuestas para el plan fiscal del gobernador electo. De hecho, durante los primeros dos días de vistas,Suárez exigió a la administración entrante en varias ocasiones a revelar su estrategia para proteger los servicios esenciales de cara al vencimiento de más de mil millones de dólares en obligaciones pendientes.

Aún así, Suárez está convencido que el equipo entrante está desperdiciando las vistas de transición para atender el asunto. 'Ellos tienen una herramienta que nosotros no tuvimos, es el título tres de PROMESA y la solución para la recuperación económica de Puerto Rico es la reestructuración de la deuda. No es afectar a los más vulnerables como pretende hacer la administración entrante y están utilizando el foro de las vistas de transición para ponerlo como excusa', dijo el secretario de Estado.

Cuando Suárez explicó a Sánchez la situación sobre el futuro del plan fiscal del gobernador le indicó que estaban en la mejor disposición de escuchar los comentarios de la entrante administración. Sánchez respondió que para que eso ocurra la administración saliente debe mantener una respuesta con la JCF o arriesgar que ese cuerpo decida imponer su propio plan.

Acusan al gobierno saliente de falta de transparencia

Mientras el equipo de García Padilla urge a sostener las vistas de manera sosegada y priorizando la continuidad de aquellas gestiones a favor de los servicio esenciales, el equipo de Rosselló ha levantado varias preocupaciones en cuanto a la veracidad de la información provista en el proceso de vistas.

En el primer día de vistas, Sánchez confrontó a los directivos del Departamento de Hacienda (DH) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Zaragoza y Luis Cruz respectivamente, sobre el verdadero déficit del gobierno. Durante su presentación, Cruz insistió que para los últimos dos años fiscales el gobierno ha cerrado sus operaciones sin déficit, lo que cuestionó la delegación entrante ante las determinaciones del gobierno actual de no presupuestar pero no pagar sus obligaciones. Sus declaraciones provocaron que Sánchez lo acusara de mentir y proveer al comité información falsa bajo juramento.

Zaragoza indicó que a nivel de flujo de efectivo hay una brecha que podría ascender los $4 mil millones y que se intenta subsanar mediante medidas extraordinarias como los 'clawbacks', mecanismo para desviar fondos de una agencia para el pago de obligaciones, y la retención de reintegros, pago a suplidores y aportaciones patronales al sistema de retiro. Sin embargo, Sánchez lo criticó alegando que esta acción demuestra lo poco transparente que ha sido la presente administración y esto a su vez que ha sido lo que ha lacerado la credibilidad de Puerto Rico en el exterior.

Los argumentos de Sánchez durante las vistas de transición han puesto en entredicho los planteamientos que ha resaltado García Padilla a favor de la población vulnerable y en contra de intereses ajenos. Este aseguró que el gobierno retuvo una partida de $580 millones al sistema de retiro para pagar déficits, contrario a la retórica del gobernador a favor de este sector. Esto a pesar que la OGP insistió que esa cantidad se trata de una brecha entre el pago que reciben pensionados y las personas que aportan al Sistema de Retiro.

Durante el segundo día, el comité entrante objetó una partida presupuestada de $12 millones reservada para la liquidación de empleados de confianza del gobierno. Sánchez repudió la partida y exhortóque se use esa partida para otros fines como los reintegros, el pago a suplidores y las aportaciones al Sistema de Retiro. 'Utilicen esos 12 millones de dólares, y ese dinero devuélvaselo al pueblo que se les debe', sentenció.

El tono del presidente del Comité de Transición fue objeto de crítica tanto por la secretaria de la gobernación, Grace Santana, quien hizo un llamado a principios de la semana para sostener vistas con la mejor comunicación posible, así como ayer el representante Rafael 'Tatito' Hernández opinó que el proceso enfrenta un problema de credibilidad.

'En el caso de un reclamo, yo creo que el tono que él (Sánchez) utilizó al comenzar el proceso de la transición no es el tono acostumbrado. Este es mi tercer proceso de transición… y siempre ha sido un proceso de caballeros, de profesionales, donde ya la inmensa mayoría de los que están aquí no son funcionarios electos, son los administrativos, son el tipo de persona que mantiene una cordialidad y no se da ese tono de tribuna', manifestó durante un receso el miércoles.

Pocas las ideas de consenso

A pesar de los constantes momentos de tensión entre ambas delegaciones, se han suscitado momentos de colaboración entre ambas delegaciones, aunque hasta ahora han sido pocas.

Una de las necesidades que Rosselló ha planteado ha sido la necesidad de mejores sistemas de contabilidad en el gobierno para mantener vigilancia adecuada a los gastos del estado. Suárez reconoció las dificultades que al presente tiene tanto OGP como el DH para tener un panorama claro sobre ingresos y gastos, pero aseguró que la inversión en un sistema central de contabilidad ya se encaminó y estaría totalmente funcional a partir del 2018.

Por su parte Zaragoza catalogó el sistema como un 'paso gigantesco' e indicó que se trata de un proyecto de $30 millones que además mejorará las herramientas de captación para los arbitrios a los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y el ron. De hecho el secretario de Hacienda también aprovechó la coyuntura para comunicar la necesidad de personal en su agencia y vio con buenos ojos la posibilidad que la propuesta de empleador único de la administración entrante sea de beneficio para el DH.

El miércoles la Autoridad de Puertos (AP) informó que durante este cuatrienio han dedicado sus esfuerzos a realizar mejoras capitales para fomentar el turismo en la isla con la llegada de más cruceros y más destinos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Sin embargo, indicaron que el proceso de recuperación de esa dependencia podría tardar entre dos y tres años más.

A modo de identificar fuentes de ingreso, Sánchez preguntó si los aeropuertos regionales eran rentables y planteó la posibilidad de establecer Alianzas Público Privadas. Suárez le indicó que en su gestión como director de la AP intentó encaminar la iniciativa pero encontró que para lograr esto requiere una evaluación de estas instalaciones y una devolución de fondos federales ascendientes a un millón de dólares de la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Por su parte el secretario de Justicia, César Miranda, afirmó que sería cuesta arriba establecer un acuerdo para obtener un ingreso de estos aeropuertos, pero aseguró a la delegación entrante que hay alternativas que pueden explorar.