La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles -CDC-, Georgina Candal Segurola, alertó el lunes, sobre el efecto discriminatorio particular entre las personas de edad avanzada y de las mujeres en el campo laboral de aprobarse la propuesta que eliminaría la Ley 80.

Candal Segurola fue enfática en que el derecho al trabajo es un derecho humano reconocido por los organismos internacionales, así como el derecho a una vida digna.

'La Rama Legislativa debe considerar los efectos discriminatorios y onerosos que sobre estos grupos particulares de personas en situación vulnerables tendrá esta legislación, así como otras medidas de austeridad', insistió la otrora jueza superior en declaraciones escritas.

Por su parte, citó La Declaración Universal de Derechos Humanos aprobado en la Organización de Naciones Unidas en 1948 que establece en su Artículo 23 el derecho al trabajo y en el Artículo 25 el derecho a un nivel de vida adecuado. Asimismo, mencionó El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado en diciembre 16 de 1966 en el Artículo 2 y el Artículo 25 que prohíbe el discrimen por raza, sexo y de otra índole.

'No existe duda de que la eliminación de la Ley 80 perjudicará más a los trabajadores de mayor edad y a las mujeres. El efecto devastador del desempleo en la actual economía puertorriqueña se vería aumentada por la eliminación de la Ley 80 cómo protección básica de los trabajadores de estos dos grupos', aseguró la presidenta del organismo público que vela por los derechos humanos de los ciudadanos en Puerto Rico.

Para sustentar su argumento hizo referencia al Informe sobre Desarrollo Humano Puerto Rico 2016, publicado por el Instituto de Estadística el pasado mes que señala que entre septiembre y octubre del 2017 desaparecieron 31,600 empleos asalariados no agrícolas, según información provista por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

'Podemos citar estudios tras estudios y todos demuestran lo mismo, que la eliminación de esta Ley sería un elemento devastador y abonaría aún más a los niveles de pobreza que aumentaron de un 44.3 por ciento a 52.3 por ciento despues de los Huracanes Irma y María', apuntó.

Finalmente, añadió que con ese cuadro de la pobreza en Puerto Rico y la realidad de que más del 94 por ciento de los casos de custodia de menores se adjudican a las madres y que esto abona a perpetuar el discrimen laboral por genero pues muchos patronos discriminan (ilegalmente) contra las mujeres madres en el mercado laboral porque tiene mayor peso en la crianza, según lo destaca el Informe sobre Desarrollo Humano, se estará perpetuando no solamente el desempleo y la pobreza de las mujeres sino tambien el de los menores que están bajo su custodia.