El proceso obligatorio de evaluación, exigir por conducto de ley pagos parciales en momentos de emergencia, y una enmienda al Código de Seguros de Puerto Rico son algunas de las medidas que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares busca implementar con el fin de mejorar la respuesta de las aseguradoras para futuras catástrofes.

A casi un año del paso del huracán María, esa es la respuesta del gobierno hoy a las cientos de miles de personas que todavía están afectadas por la lentitud, desatención o coacción de sus aseguradoras.

Las seis recomendaciones fueron anunciadas tras vencerse el plazo de 30 días que Rosselló había otorgado a Rivera Ríos para que le entregara soluciones a la falta de acción por parte de las aseguradoras que recibieron una avalancha de reclamos tras los pasos consecutivos de los huracanes Irma y María por la Isla.

Entre las medidas administrativas, y otras que serán sometidas a la consideración de la Legislatura, ninguna cobija a los asegurados que aún enfrentan una odisea con sus respectivas aseguradoras.

'Por el proceso lento que se ha dado hay personas que han perdido negocios, trabajos, hogares… y esto no puede volver a pasar. Tenemos que mirar al futuro, y que en medio de otra catástrofe, tengamos esta experiencia de modelo', dijo el Gobernador durante una rueda de prensa en la que anunció las iniciativas que tomará tras recibir el insumo por parte del Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos.

Según detalló Rosselló Nevares, una de las medidas sería implementar por ley el proceso obligatorio de evaluación (appraisal) a traves de un árbitro. En la actualidad, este recurso existe y puede ser utilizado por los afectados de María, pero se trata de una herramienta opcional.

'Hay un constante señalamiento de la dilación en el pago de las aseguradoras porque hay discrepancias sobre el valor de los daños o perdidas, y hoy este proceso es voluntario pero las aseguradoras tienden a no llevarlo a cabo. Existe en los 50 estados y hacerlo de manera compulsoria nos permitirá tener mayor claridad y visibilidad', aseguró Rosselló Nevares.

Para cumplir con la jurisprudencia local, se propone legislar a fin de establecer ese proceso de evaluación sujeto a la salvedad de que no suplantará o constituirá una renuncia del derecho del asegurado a iniciar una acción judicial.

La segunda medida trata de exigir por conducto de ley que ante un estado de emergencia sea requisito la emisión de pagos parciales o en adelanto de la reclamación aplicable a las partidas donde sin controversia.

Una tercera propuesta apunta a enmendar el Código de Seguros para establecer que un asegurado no tiene que hacer una reclamación dentro de un termino específico para acudir al tribunal a exigir los derechos de la póliza.

Para ampliar las opciones de cubierta, se introducirán cambios que permitan a las entidades que cualifiquen la colación de riesgos comerciales particulares con aseguradores de líneas excedentes. De esta manera, se podría dispensar a ciertas entidades del requisito de circular el riesgo entre los aseguradores locales antes de recurrir a un asegurador de líneas excedentes, lo que resultará en mayor acceso a primas asequibles.

Otra recomendación fue crear la cubierta del microseguro, que sería a bajo costo con beneficios limitados, y que tiene por objetivo facilitar el acceso de la población de bajos ingresos a productos de seguros.

Además, pondera la creación de una sala especializada para resolver con peritaje los asuntos frecuentes que se puedan resolver con mayor agilidad.

Finalmente, en casos en que el asegurador no haya procedido con buena fe o que el manejo de la reclamación fuera irrazonable, se establecería una penalidad del pago de la totalidad de honorarios al asegurado que solicita la evaluación.

El Gobernador anadió que espera que la mayor parte de sus acciones puedan verse implementadas en un período de 60 días y volvió a advertir que mantiene a las aseguradoras en vigilancia.

El Comisionado, por su parte, dijo que los afectados pueden solicitar el recurso del 'appraisal' y reabrir el caso si sienten que no recibieron la compensación justa. Tambien detalló que quedan pendientes 1,900 querellas, particularmente del sector comercial y gubernamental.