El Programa de Seguro por Desempleo de Puerto Rico estuvo en riesgo de ser eliminado por un cambio que introdujo la Administración Rosselló con la reforma laboral y que, despues de introducido, fue que consultaron con el Departamento del Trabajo federal.

El cambio disponía que los aumentos en el pago de seguro por desempleo que disponía la reforma, a cambio de otras reducciones de beneficios que introdujeron en dicha ley, solo iba a estar disponible para los trabajadores que entraran al sistema a partir de la fecha de aprobación de la reforma, no para los trabajadores que estaban antes en el sistema.

La Administración Rosselló consultó este cambio con la agencia federal despues de aprobada la ley, y la agencia federal se opuso porque implicaba un acto de discrimen contra los trabajadores que estaban en el sistema antes de la reforma.

Incluso, a pesar de la advertencia del efecto que esto tendría sobre todo el programa de desempleo, la Administración Rosselló inicialmente se resistió.

Esta es la historia que está detrás del comunicado de prensa que La Fortaleza distribuyó ayer anunciado de manera triunfante la firma en ley del Proyecto del Senado 1034 destacando que el pago por desempleo aumentaba de $133 a $190 semanales, lo cual aumentará a $240 semanales en el 2020.

'Estos aumentos permitirán que esa persona desempleada cuente con una ayuda más razonable en ese periodo de transición laboral en lo que encuentra otro trabajo', dijo el gobernador Ricardo Rosselló en el comunicado.

El comunicado no explica cómo, originalmente, ese aumento que ahora aplica a todos los empleados originalmente aplicaba sólo a los que entraran al sistema despues de la reforma. Tampoco detalla el rol que jugó el Departamento del Trabajo federal para eliminar el discrimen y lograr que el aumento fuera para todos.

Sin embargo, todo el tracto quedó plasmado en el informe que hizo la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes sobre la medida que, de paso, siguió un trayecto 'fast track', siendo radicada en sesión extraordinaria el 3 de julio, descargada y aprobada ese mismo día en el Senado, y aprobada en la Cámara el 10 de julio con solo una vista ejecutiva y un informe.

'[A] pesar de las múltiples explicaciones y justificaciones de índole legal, económico y de política pública, para la estructuración de los aumentos a los beneficios por desempleo, el Departamento del Trabajo federal cuestionó los aumentos en los beneficios por desempleo y requirió que su distribución fuera para todos los trabajadores independientemente de su fecha de contratación', indica el informe.

'A pesar de una vigorosa defensa de la política pública establecida para favorecer a los empleados dada la crisis fiscal y económica heredada, el Departamento del Trabajo federal concluyó que los aumentos en los beneficios por desempleo, según concebidos por esta Asamblea Legislativa, no guardan conformidad con la Ley Federal de Desempleo por lo que se pone en riesgo el sostenimiento del Programa de Seguro por Desempleo en Puerto Rico. En ese sentido, no solo se pone en peligro el compromiso con la clase trabajadora y encarnado en las disposiciones de Flexiseguridad, sino que se torna incierto el mantenimiento del Programa de Seguro por Desempleo para todos los trabajadores de Puerto Rico', añade el informe.

La postura de la Administración de inicialmente no extender el aumento a todos los empleados, quedó cuestionada tambien en el propio informe al consignarse que el Fondo de Desempleo tiene suficiente solvencia para absorber el aumento.

'El (Departamento del Trabajo y Recursos Humanos) certifica que el Fondo de Desempleo cuenta con la solidez necesaria para la distribución adecuada de estos beneficios sin afectar su viabilidad', se indica sobre la reserva que contaba con $537 millones al 1 de enero de 2018, lo cual la colocaba en la posición 16 de las reservas de desempleo más solventes de todos los estados.

A este episodio con el seguro por desempleo se suman las expresiones recientes del Gobernador y el Secretario del Trabajo celebrando una supuesta baja histórica en el nivel de desempleo, pero sin explicar cómo eso está influenciado por la marcada emigración que ha sufrido la Isla.

Para ver el informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, pulse aquí: