Incapacidad para manejar, fiscalizar y efectivamente responsabilizar a quienes se otorgan fondos; costos de contratos inapropiados y gastos reembolsados injustificadamente, son grosso modo los señalamientos que la Oficina del Inspector General de Estados Unidos divulgó a finales de octubre un informe sobre auditorías correspondiente al año fiscal 2016 de los programas de recuperación de desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en ingles).

Para el año fiscal 2016, la OIG emitió 58 informes de auditoría sobre programas de FEMA, con recomendaciones sobre unos $316 millones de gastos evitables, entre estos $160.2 millones que pudieron invertirse mejor y $155.6 millones que la contraloría federal hubiera desautorizado. De esta última cifra, FEMA solo desautorizó $15.9 millones.

Entre las razones que expuso OIG para desautorizar los $155.6 millones destacan costos de contratos que no cumplieron con estándares federales, no contaban con autorización, costos no elegibles o inaplicables para reembolso; beneficios duplicados reclamados por subcontratistas o damnificados, falta de evidencia para demostrar elegibilidad de ayudas (nóminas, evidencia de cheques cancelados o pagos, pólizas de seguro, por ejemplo); y costos o creditos irracionales, entre otros.

El resumen de auditorías destaca, además, que hubo instancias en que los subcontratistas no permitieron una abierta competencia, la Agencia tampoco aseguró oportunidades para que firmas en desventaja -como las minoritarias o empresas de mujeres- participaran de la subasta de contratos federales, u optaron por contratos que agregaban costos sobre las tarifas establecidas.

La sección 312 de la Ley Stafford, que regula la operación de FEMA, establece que ninguna entidad puede recibir asistencia federal por alguna perdida por la cual ya haya recibido asistencia a traves de otro programa, seguro o fuente. Mientras, la sección 408 (i) requiere que FEMA desarrolle un proceso de verificación para el programa de ayuda individual y de vivienda, tal como una base de datos para minimizar los riesgos de duplicar pagos o procesar reclamos fraudulentos a personas que cuentan con un seguro.

Por sexto año consecutivo, la OIG reportó que los estados incumplieron con proveer información detallada sobre las actividades realizadas con los fondos otorgados a contratistas y subcontratistas, ni realizaron un trabajo adecuado de orientar a estos sobre las regulaciones federales con las que se tienen que cumplir. En el año fiscal 2016, FEMA desembolsó $686 millones en programas de alivio de desastres.

Entre los años fiscales 2009 a 2016, el presupuesto promedio del fondo para alivios de desastres excedió por $10,000 millones cada año, siendo la otorgación de fondos y contratos el responsable principal. Para el mismo periodo, la OIG levantó bandera sobre $1,794 millones en gastos.

En un periodo de seis años, terminando el 30 de septiembre de 2014, las auditorías sobre el programa de asistencia pública tambien cuestionaron $352.3 millones desembolsados por incumplimientos. FEMA luego revisó la elegibilidad de $321.7 millones. Sin embargo, no contaba con la potestad para desautorizar desembolsos pues la responsabilidad recae sobre la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB por sus siglas en ingles).