La exigencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) a la Legislatura para recortar $319 millones en el presupuesto aprobado podría provocar que el organismo impuesto por la Ley federal PROMESA no tenga los $60 millones que solicitó para sus gastos operacionales a la vez que los servicios a la ciudadanía se ven amenazados para el próximo año fiscal.

Varios legisladores coincidieron en que la carta enviada por la JCF es resultado de la ‘pelea monga’ entre su presidente, José B. Carrión III, y los líderes legislativos, así como la falta de transparencia del Ejecutivo en realizar los recortes a los gastos operacionales y de nómina del gobierno a los que se comprometió en el plan fiscal certificado.

‘La Junta no puede predicar en paños menores. No pueden exigir esos recortes mientras ellos están dramáticamente en el presupuesto. He recomendado en más de una ocasión que se recorte el aumento a la Junta de Control Fiscal y se mantenga el presupuesto vigente. Es una falta de respeto el recorte en partidas tan sensitivas’, dijo a NotiCel el representante Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique ‘Quiquito’ Meléndez.

La partida para los gastos operacionales de la JCF aumenta de $20 millones a $60 millones en el presupuesto aprobado. El aumento fue solicitado por el organismo fiscal mientras ha exigido que el gobierno y la Asamblea Legislativa ajusten el presupuesto aprobado el pasado fin de semana en 48 horas.

‘La junta está pasando factura al liderato legislativo, especialmente a Rivera Schatz por todas las pugnas e insultos de los últimos meses’, aseguró, por su parte, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos.

La misiva de la Junta exige que se recorten $119 millones adicionales, que incluye una partida de $16 millones por encima de lo asignado a la Asamblea Legialtiva; $78 millones en nómina, gastos operacionales, subsidios municipales, y otras asignaciones a entidades; y $25 millones en gastos no autorizados a organizaciones sin fines de lucro, becas o apoyos a ciertas industrias como la agrícola, entre otros.

Además, la JCF exige que el gobierno detalle los recortes de $200 millones en nómina, gastos operacionales y otros servicios que no se estimen prioritarios.

Para el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, resulta inaceptable y producto de la ignorancia que la JCF exija recortes en áreas sensitivas mientras pide un aumento en su presupuesto.

‘Los donativos legislativos no son un gasto extravagante sino asignaciones que por décadas se hacen a instituciones sin fines de lucro como SER de Puerto Rico, Boys <><><><><><><><><><><><><><><><><>& Girls Club, y otros que rinden un servicio importante a la ciudadanía. No es un gasto extravagante, por el contrario, tiene justificación de sobra’, sostuvo./p

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Para Rivera Schatz, los planteamientos públicos evidencian desconocimiento de los miembros de la Junta sobre la distribución de los fondos públicos, pese a que estuvieron enterados de todo el proceso de revisión de partidas en la Legislatura y lo que se aprobaría./p

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El líder senatorial recordó que el presupuesto radicado por el Gobernador fue avalado por la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, quien dijo públicamente que cumplía con el plan fiscal certificado./p

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Cuestionó, además, la carta de la JCF ya que los cambios al presupuesto aprobados por la Asamblea Legislativa fueron realizados en colaboración con personal de la Junta y la Comisión cameral de Hacienda./p

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‘Para mí la carta es inconsecuente. Personal de la JCF trabajó con la Cámara de Representantes. Estuvieron a diario trabajando con el personal de la Cámara y el representante (Antonio) ‘Tony’ Soto. Ellos estuvieron enterados todo el tiempo de lo que se estaba haciendo’, aseguró Rivera Schatz./p

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Sin embargo, para el portavoz cameral del PPD, Rafael ‘Tatito’ Hernández, el mayor problema que confrontará el Gobernador es el ajuste de $200 millones que pide la Junta en gastos operacionales. Según el legislador, la misiva de la JCF pone de manifiesto que el presupuesto se queda corto en el compromiso contenido en el plan fiscal certificado de recortar $851 millones en el tamaño del gobierno./p

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Por razones políticas, el gobierno no ha querido implantar recortes en el primer semestre del año, hasta pasado el plebiscito. La carta de la JCF, según el Representante, exige que el gobierno especifique dónde están esos $200 millones en recorte de personal, costos innecesarios en la operación del gobierno y la reducción de subsidios públicos./p

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‘Ellos piden recortes en operación de gobierno. Un corte directo de $200 millones. El problema principal que ha tenido este gobierno es que, por adelantar su agenda ideológica, han estado mintiéndole al país por seis meses al no poder ejecutar los recortes estos recortes antes de la consulta de estatus. Continuaron con el gobierno ‘business as usual’ y los cogió la realidad’, criticó./p

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Reiteró que la mayor partida del presupuesto es el gasto de nómina y funcionamiento, y la revisión hecha por la JCF encontró un desfase de $200 millones en lo que el gobernador Ricardo Rosselló se comprometió a recortar en el plan fiscal certificado./p