La Junta de Control Fiscal (JCF) oficializó hoy, miercoles, un nuevo cantazo al Gobierno de Ricardo Rosselló Nevares luego de que el Tribunal del Circuito de Apelaciones en Boston validara el trabajo del organismo impuesto por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. (PROMESA, por sus siglas en ingles) respecto al presupuesto y la política pública de la isla.

En una misiva de cuatro páginas, la Junta informó la anulación de 24 resoluciones presupuestarias que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, dominada por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La decisión del ente surge en medio de reclamaciones luego de que el mismo Tribunal de Primer Cicuito de Boston declarara que el nombramiento de los siete integrantes de la JCF se hizo de forma inconstitucional. Pese a que en esa misma resolución el tribunal abunda que las decisiones del organismo continúan siendo legítimas, Rosselló Nevares ha llevado una discusión pública sobre la reasignación de fondos presupuestarios justificado en la 'ilegalidad' de los miembros de este cuerpo.

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'Una autorización de gastos del año anterior que no este cubierta por el presupuesto es inconsistente con la declaración de la Sección 4 de PROMESA', sostiene la misiva remitida.

Particularmente, la mencionada sección abunda sobre el proceso de aprobación de un presupuesto, mediante el cual la Asamblea Legislativa deberá someter a la Junta Fiscal cualquier cambio presupuestario aprobado, para verificación del organismo, que está certificado por ley para determinar si las reasignaciones cumplen o no con le Plan Fiscal.

Las reasignaciones presupuestarias suman 30 millones de dólares, que de haber sido utilizados ya, la Junta advierte procederán a emplear sus 'poderes' para corregir el asunto.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reaccionó temprano sosteniendo que el organismo sobrepasa las funciones que le otorga la Ley PROMESA. Sin embargo, tras una demanda radicada por el Presidente senatorial y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Jhonny' Mendez, el mismo Tribunal del Circuito de Apelaciones en Boston ratificó la decisión de la jueza de quiebras Laura Taylor Swain, quien en agosto de 2018 dejó claro que la Junta tiene poder para imponer medidas de política pública dentro del presupuesto, aún con la oposición del Gobernador, toda vez que este poder no significa una usurpación de poderes de la Legislatura.

Mientras, Rosselló Nevares continuó la línea que ha cultivado a lo largo de su administración y que sostiene que el organismo no se limita a los poderes que le otorga la ley. De igual modo, sostuvo que las resoluciones presupuestarias aprobadas fueron realizadas para reparar viviendas afectadas tras el paso del huracán María.

'Se trata de resoluciones que van a arreglarle casas a la gente... Se están metiendo con eso... De los recursos de donde salen (las resoluciones presupuestarias) ellos (la Junta) no tienen inherencia. Nuevamente la Junta se equivoca y nosotros ya tenemos nuestro equipo de trabajo listo para darle curso a estas asignaciones', afirmó retantemente el Primer Mandatario.

Puede leer la carta de la Junta sobre las resoluciones presupuestarias a continuación.