La firma encomendada por la Junta de Control Fiscal (JCF) para investigar la deuda del Gobierno de Puerto Rico, Kobre & Kim LLP, no pudo concluir que el intercambio de funcionarios entre el BGF y el sector privado violó estatutos eticos ni encontró evidencia de que personal gubernamental malinterpretó la provisión legal o calculó mal el límite constitucional de la deuda.

Sin embargo, 'no se previnieron emisiones legales pero insostenibles' a la vez que reconoció que la triple exención contributiva que ofrece el territorio 'alimentó el apetito de los inversionistas y fue un conductor significativo para la sobreexposición' de los bonos de Puerto Rico. Con estas admisiones, recomiendan revisar el significado de la Sección II Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado así como los metodos para determinar los tipos de servicio de la deuda que debe incluirse en el cálculo del límite de la deuda.

Del resumen ejecutivo del informe de poco más de 600 páginas divulgado el lunes se desprenden una serie de señalamientos al Gobierno y sus distintas instrumentalidades:

Tras la eliminación en 1996 del Credito Tributario por Posesión (Sección 936 del Código de Rentas Internas federal para fomentar la inversión de capital en Puerto Rico) se recurrió casi de inmediato hacia los mercados de la deuda para soluciones a corto plazo, incluyendo la emisión de bonos del Sistema de Retiro de Empleados, el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para asegurar las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA), y los intercambios de tarifas de riesgo de interes (SWAPs) entre algunos emisores y la banca para cerrar deficits operacionales.

Se incurrió en intercambios, prestamos y emisiones sin incluir esas cantidades en el cálculo del límite constitucional de la deuda.

Los suscribientes de las emisiones de bonos (underwriters) a traves de fondos cerrados (CEFs) -fondos mutuos emitidos con cierto número de acciones en una oferta pública inicial que luego se intercambian en un mercado secundario- fueron comprados solo por inversionistas locales y manejados por afiliados de los mismos bancos que suscribieron las emisiones.

El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) siguió prestando con cargo al Fondo General sin dejar su doble rol de prestamista y ente fiscal 'rezagando viejas deudas en vez de tomar medidas antipáticas a los electores'.

La emisión propuesta en 2005 de $2 billones por parte del Sistema de Retiro de Empleados tuvo el aval del Senado pero nunca de la Cámara y aunque un banco propuso otra estructura de emisión para que no involucrara bonos de obligación general nadie lo tomó en cuenta.

La estrategia de tomar prestado contra las futuras contribuciones de empleados para mejorar la liquidez inmediata del Sistema de Retiro pudo haber funcionado si hubiera tomado en cuenta el comportamiento del mercado y otras variables.

El fallo recurrente de entregar a tiempo los estados financieros auditados en parte impidió desarrollar presupuestos con base en estimados precisos de crecimiento e ingresos.

Los emisores tuvieron demasiado poder para enmarcar el análisis de las casas acreditadoras (CRAs) y el criterio para aplicar sus calificaciones no fue el más objetivo.

Las partes interesadas en las emisiones carecen de una vía clara para obtener respuestas judiciales con respecto a la validez, exigencias y constitucionalidad de las ofertas de bonos anticipadas.

De igual modo, la firma ofreció una serie de recomendaciones en distintas áreas:

BGF (y su entidad sucesora)

Es necesaria la separación de roles: el prestamista y el ente fiscalizador.

El sucesor agente fiscal debe tener acceso a sistemas integrados de contabilidad.

Cualquier sucesor prestamista debe evaluar regularmente la capacidad de pago de su cartera de prestamos en el sector público.

Agencias y corporaciones

Cambiar las juntas directivas de modo que haya balance entre miembros nombrados por el Gobierno e independientes a terminos más largos.

Establecer comites de auditoría que verifiquen el cumplimiento financiero con las tasas convenidas excluyendo ingresos no cobrados.

Adoptar requisitos específicos de cómo se invertirán las emisiones.

Establecer juntas revisoras de tarifas que respondan al comportamiento del mercado (en el caso de las Autoridades de Energía Electrica y Acueductos y Alcantarillados).

Impulsar un agente fiscal independiente para que las corporaciones implementen sus acuerdos con el BGF (FOAs).

Eliminar la contribución en lugar de impuesto (CELI).

COFINA

Enmendar la Constitución para que esta deuda sea tomada en cuenta en el cálculo del límite constitucional de la deuda.

Adoptar mecanismos fiscalizadores independientes así como un estatuto para que los bonos o la estructura de emisión sean validadas en corte antes de salir al mercado.

Contabilidad

Desarrollar la infraestructura y recursos para funciones eficientes de contabilidad optimizando el uso de auditores independientes.

Desarrollar procesos presupuestarios más rigurosos que tomen en cuenta el impacto de los creditos tributarios de acuerdo a los ingresos previsibles, incluyendo agencias y no solo el Fondo General.

Adoptar principios de contabilidad aceptados (GAAP por sus siglas en ingles).

Estudiar la viabilidad de una junta dedicada a agregar data crítica y estados financieros de todas las unidades relevantes y preparar reportes externos consolidados.

Adoptar un sistema de contabilidad moderno, integrado a lo largo de todo el aparato gubernamental, accesible al Departamento de Hacienda (DH), Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Junta de Planificación (JP), que incorpore controles automáticos de pagos cuando se agoten los ingresos y se encamine un sistema único de facturación.

Centralizar y delinear funciones de reportes de contabilidad y presupuesto de modo que OGP y JP se reporten a Hacienda.

Acceso público a los gastos.

Adoptar un mecanismo para sancionar a funcionarios que no tomen en cuenta límites de presupuesto, desarrollen estimados de ingresos irracionales o fallen en resolver cuentas a pagar.

Adoptar formalmente una fecha para entregar estados financieros auditivos a seis meses antes de que culmine el año fiscal.

Prohibir auditorías sobre las que ya esten en curso y reparar las fallas identificadas en pasadas auditorías.

Obligar a retener empleados de contabilidad por cierto periodo antes de sustituirlos tras los cambios de administración.

Casas acreditadoras

El Congreso debería considerar si los beneficios del estándar legal vigente que prohíbe a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en ingles) regular los criterios y metodologías de calificación ya no justifican ciertos riesgos para los inversionistas en bonos municipales.

Tambien deben desarrollar guías para clarificar la información ofrecida por emisores y que permitan indicar si una información financiera es insuficiente o no confiable.

Promover la consideración uniforme de variables de credito relevantes.

Recomendar abogados internos para analizar opiniones legales de emisores o suscribientes.

Práctica de emisiones en el mercado

Alentamos a los legisladores a considerar la triple exención solo para bonos que cumplan con la sección 103 del Código de Rentas Internas.

Excluir corredores afiliados o asesores financieros de vender productos afiliados o implementar regulaciones más fuertes.

Reducir el por ciento de bienes en los que fondos internos deban invertir. No tienen que quedarse exentos de contribuciones pero se pueden estructurar mejor para balancear el riesgo de concentración versus los beneficios de incentivar inversión en bienes locales.

Regulaciones eticas

Crear un comite etico por agencia que desarrolle su propio código de la mano de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Aumentar el presupuesto de la OEG para, entre otras cosas, aumentar las investigaciones independientes y establecer un programa de protección a informantes (whistleblowers).

Uso de SWAPs

Se debe enmendar la Ley 39 de 2006 de Contratos Cualificados de Intercambio de Tasas de Interes para el ELA y la Autoridad de Edificios Públicos para que incluya emisiones del BGF, otras corporaciones públicas, COFINA y Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Incluir tarifas de terminación e intereses contra el límite de deuda.

Puede leer el informe de Kobre & Kim a continuación.