La administración de Ricardo Rosselló ha cumplido con la obligación de someter la certificación del impacto fiscal de toda la legislación aprobada a la Junta de Control Fiscal dentro de los terminos que dispone PROMESA, aseguró La Fortaleza. Hasta el momento la Junta no ha hecho señalamiento alguno sobre la legislación certificada.

El gobierno ha enviado a la Junta de Control Fiscal 29 de las 33 leyes aprobadas con la certificación del impacto fiscal y se encuentra en proceso de emitir los documentos sobre las últimas cuatro leyes, dentro del término que dispone la legislación congresional, según la información provista por la Fortaleza a petición de este diario.

Las medidas que se encuentran en el trámite de certificación para ser sometidas a la Junta de Control se encuentran la ley que crea la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico ( o Plan Tennessee); las enmiendas a la Ley de Municipios Autónomos para que puedan establecer empresas o franquicias municipales y la ley que establece las iglesias-escuelas.

El documento provisto por La Fortaleza no ofrece información sobre el desglose del impacto fiscal de cada legislación ya certificada.

'El Gobierno de Puerto Rico ha cumplido con la Sección 204 de PROMESA con relación a las leyes 1-29 y las resoluciones conjuntas 1-3. Actualmente estamos dentro del término provisto para presentar las certificaciones de las leyes 30-33 y las resoluciones conjuntas 4-5. Al momento, se han presentado las certificaciones antes mencionadas a la Junta y esta no ha señalado deficiencias respecto a las mismas.', reza el documento.

El Gobierno está presentando una certificación de cumplimiento conjunta emitida por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda.

La sección 204 de PROMESA, establece que, en cualquier año fiscal en que la Junta esté operando, y en término no mayor de siete días desde que el gobierno apruebe cualquier ley, esta deberá someterse ante la Junta. Con cada ley, se deberá incluir un estimado de impacto -si alguno- en los ingresos y gastos del gobierno; así como una certificación de si es congruente o no con el plan fiscal.

La Fortaleza informó que la agencia encargada de someter las certificaciones de cumplimiento a la Junta de Control Fiscal es la AAFAF.

Según se explicó, AAFAF es responsable de evaluar el cumplimiento de las medidas con el plan fiscal certificado; mientras que OGP se encarga de hacer un estimado del impacto en los gastos del Gobierno de cada legislación. Posteriormente, el Departamento de Hacienda realiza un estimado del impacto de la misma en los recaudos del gobierno.

'Se le requiere al Gobernador incluir lo siguiente con cada ley presentada a la Junta: Un estimado formal del impacto, si alguno, que la ley tendrá sobre los ingresos y los gastos del Gobierno. Una certificación de que la ley nueva no es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal, o Si la ley nueva es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal, así se certificará, junto con las razones para esa determinación. Si el Gobernador incumple con estos requisitos, la Junta le enviará una notificación a este y a la Asamblea Legislativa', explicó La Fortaleza.

Además, la Junta le puede solicitar al Gobernador que provea la información necesaria. En caso de que la Junta notifique que una ley nueva es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal, el Gobierno deberá corregir la ley para eliminar la inconsistencia, o justificar la inconsistencia que notificó la Junta.

Si el Gobierno incumple con lo solicitado por la Junta, dicho organismo podrá tomar las acciones que considere necesarias para que la aprobación o implementación de la ley nueva no afecte adversamente el cumplimiento del Gobierno con el Plan Fiscal, incluso evitar que la ley entre en vigor.