En una acción instantánea, el Tribunal Supremo paralizó el caso en el cual la Administración Rosselló enfrentaba una orden para entregar copia del primer presupuesto que sometieron a la Junta de Control Fiscal (JCF) y que han buscado por todos los medios no entregar.

La acción del Supremo se registró poco después de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares recurriera al Alto Foro en su lucha por mantener confidencial el documento. Hoy, lunes, se vencía una orden del Tribunal de Primera Instancia para que se entregara el documento y el mismo fuera evaluado por la jueza Lauracelis M. Roques Arroyo de forma tal que ella determinara si debía ser publicado o no.

La determinación del Supremo tiene el efecto de paralizar el caso hasta que ese foro disponga otra cosa.

La expresión del Supremo vino acompañada de cuatro disensos. Los tres jueces nombrados en administraciones populares se fueron por la línea de que el caso no se debió paralizar y se debió permitir que siguiera su curso a nivel de instancia.

Pero el juez Luis Estrella, uno de los nombrados por el exgobernador Luis Fortuño, adelantó la postura de que el documento debe ser divulgado porque no está cobijado por ningún privilegio, para lo cual se basó en que el gobierno no ha establecido que esté protegido por un privilegio y porque la propia Junta ya ha publicado análisis y comentario sobre se documento. 'A fin de cuentas, de qué serviría dar publicidad a la notificación de la Junta que informa si el Proyecto de Presupuesto presentado esté en cumplimiento o no con el Plan Fiscal, si se negará acceso al Proyecto de Presupuesto', cuestionó Estrella.

El pasado viernes, Rosselló Nevares recibió un traspié de parte del Tribunal de Apelaciones cuando declaró no ha lugar la moción en auxilio de jurisdicción que presentó para evitar la entrega del documento a la jueza.

El Tribunal de Apelaciones (TA) utilizó como argumento que como regla general, el Tribunal Supremo ha establecido que el TA no intervendrá en casos que maneja el Tribunal de Primera Instancia (TPI) salvo que hubiera perjuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o error en la aplicación de una norma procesal o de derecho sustantivo.

Este es el caso que lleva Eduardo Bhatia, líder del PPD en el Senado ante los tribunales para lograr acceso a información pública. Durante el proceso mediante moción y vistas argumentativas se ha estipulado que el documento solicitado es público y que no se trata de documentos o memorandos de trabajo confidenciales entre el Gobernador y sus asesores.

'Una vez más el Gobernador insiste en su empeño por mantener en secreto la verdad. En todas sus gestiones durante estos siete meses como gobernador hemos visto solo una cosa: el secreto. Basta ya de querer esconder los datos, los números y las propuestas que ha hecho el Gobernador y que debemos considerar para salir de la crisis. Negar el derecho a saber no abona a la democracia y solo demuestra el miedo, la improvisación y el desconocimiento de la gestión administrativa del Gobernador', declaró Bhatia.

'Junto a mis abogados llevaré este asunto hasta las últimas consecuencias y seguiremos dando la batalla por el derecho fundamental de todos los puertorriqueños a saber', agregó el senador.

El pasado 30 de abril, la juezaRoques ordenó la entrega de ese documento en un plazo de 10 días.

La entrega, sin embargo, no supone que ese documento será público de inmediato pues la jueza primero debía evaluar si contiene información sensitiva que podría validar el argumento del gobierno a favor del privilegio ejecutivo.

Bajo este argumento, el abogado del gobierno, Iván Ramírez Camacho, insistió que el pedido de la parte demandante no procede debido a que el documento solicitado constituyó un trabajo en progreso desarrollado por los asesores del gobernador Ricardo RossellóNevares.

Por su parte, la representante legal del Senador, licenciada Margarita Mercado, se mantuvo firme en que el estado no ha presentado un interés apremiante para sustentar el planteamiento de derecho ejecutivo para no entregar ese documento en particular. Del mismo modo, advirtieron que el caso busca evitar que se establezca un precedente que permita al gobierno entregar el primer presupuesto a la JCF sin que sea sujeto al ojo público o el escrutinio de los medios.

Este caso inició el 4 de mayo con la presentación de un recurso de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, luego que el gobierno no diera paso a la solicitud del Senador para entregar ese primer presupuesto bajo el planteamiento de que era un documento de trabajo.

Posteriormente, el caso fue transferido al foro federal donde la jueza Taylor Swain devolvió la controversia al foro local por entender que era un asunto de derecho a la información que debería ser dilucidado en los tribunales estatales.

No obstante, ante las movidas de Bhatia, quien ha recurrido al tribunal para que se presente el documento, el secretario de la gobernación, William Villafañe insistió en entrevista con Radio Isla 1320 que el documento no es uno público por tratarse de un tema que se dilucidaba con la JCF, argumento al que Rosselló también ha aludido.

'Mañana van a estar pidiéndole los pensamientos a los funcionarios públicos. Uno tiene que pasar la raya entre lo que es legítimo y lo que es absurdo', mencionó al mismo medio radial.

Resolución del Supremo sobre presupuesto de Rosselló - NotiCel_26533