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La economista Anne Krueger cuelga a García Padilla

Fue contratada el año pasado por el gobierno de Alejandro García Padilla para rendir un informe que reestructurara la deuda del gobierno, pero la exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, junto a su socio asesor Andrew Wolfe, le dieron la espalda al Plan de Ajuste Fiscal (PAF) presentado por el gobernador a la Junta de Control Fiscal (JCF).

Utilizando el modelo de encuesta provisto por el organismo federal instaurado bajo la Ley para la Supervisión, Manejo y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), Krueger -quien se identificó como consultora del Banco Gubernamental de Fomento (BGF)- consideró que 'el plan fiscal es básicamente un plan para continuar el gasto corriente, con un poco menos al servicio de la deuda, a la vez que aumenta la inversión. Por al menos una década, los políticos del Estado Libre Asociado han asumido que están en una recesión, y creyeron que más gasto del gobierno, estimularía la economía. No reconocieron que su problema es el estancamiento, en gran parte, debido al pobre clima para hacer negocios'.

Más aún, la economista no reconoce ninguna fortaleza en el PAF, al tiempo que destacó su insuficiente reforma gubernamental. Para Kreuger, el Plan debe dividir sus acciones en un 33% para reformar la estructura del gobierno de modo que ayude al crecimiento económico a largo plazo; 33% en ajuste fiscal para presupuestos sustentables, y 34% en la reestructuración de la deuda.

'Atrasar pagos a suplidores o reintegros, ni más préstamos son medidas de austeridad. Cuando fui contratada por el BGF mi equipo concluyó tres necesidades: restaurar el crecimiento económico eliminando cualquier impedimento para hacer negocios, balancear el presupuesto y la reestructuración de la deuda. Sin crecimiento, la reestructuración de la deuda simplemente comprará tiempo', advirtió la experta. Agregó que 'en la reestructuración del gobierno no queda claro dónde queda el BGF, y aunque los gastos del gobierno se redujeron, también se debe recordar que la población decreció 10%'.

De igual modo, criticó que el Plan prevé muchos gastos que solo se justifican como 'necesarios para estimular el crecimiento', entre los que destacó la inversión en completar la construcción de nueve hoteles cuando los existentes están operando a un estimado del 50% de su capacidad. La reforma del gobierno es importante, pero para Krueger, todo lo que se necesita es 'modernización' de sistemas computarizados, que aunque necesario, no aclara de dónde provendrá la inversión para esto. Según la asesora, reducir el personal políticamente designado y otras medidas son mucho más urgentes, así como el aumento de la participación de la mano de obra, 'pero es un resultado, no una política'.

Además de completar la encuesta para laJCF,Kruegerincluye una lista de comentarios donde no se aleja demasiado delinforme que presentó en 2015ante funcionarios del gobierno de García Padilla. Insistió en el recorte o reestructuración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y en reducir el salario mínimo para jóvenes menores de 25 años, de modo que se estimule el mercado laboral, apuntando que 'los salarios en Puerto Rico son menores al de los estados, pero también lo es su ingreso percápita'.

Sobre la reforma contributiva, recalcó que 'el paso a una tasa uniforme de impuesto debería ser urgente y la sola mención de una reforma contributiva no es suficiente para saber si sería uniforme'. Aunque el ejecutivo sometió un proyecto para estos fines, tomando en cuenta la asesoría de Krueger y Wolfe, la medida se colgó en la Legislatura luego de varias enmiendas y un veto final por parte de esta rama gubernamental. Añade que, 'El plan no aclara a qué se refiere con renegociar excepciones contributivas individuales, y ya se han dado problemas mayores con la negociación de excepciones a las compañías'.

Kruegerreconoció que de revocar las disposiciones del Acta Jones, sería de gran beneficio, pero una revocación temporera sería menos efectiva.

Entretanto, Wolfe coincidió con Krueger en que el plan no cumple con las disposiciones de PROMESA y falla en sostener sus propuestas con un análisis costo beneficio.

En torno a cómo se deben dividir las acciones del Plan Fiscal, otorga un 40% a la reforma estructural del gobierno, igual por ciento al ajuste fiscal para presupuestos sustentables, y 20% a la reestructuración de la deuda.

Contrario a Krueger, identificó fortalezas en el Plan: mejora de la capacidad institucional de la gestión presupuestaria, identifica la necesidad de reformar el sistema de salud al igual que establece un escenario claro sobre la base para actuar.

Entre las debilidades destacó tres faltas principales: enfoque en las reformas estructurales para traer más empleos, visión respecto a la estructura gubernamental post impago y la poca profundidad para afrontar las debilidades fiscales estructurales de las pensiones, los municipios y la estructura del gobierno central.

Wolfe también coincide que no hay suficiente información en el plan para fundamentar el llamado a aumentar el gasto de capital ligado a la hipótesis de crecimiento, como en el caso para completar la construcción de hoteles.

También apuntó a que el Plan parece dejar aparte o afuera la situación en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), cuando ambas corporaciones inciden en el desarrollo económico. Tampoco se menciona a la UPR o a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). A ojos de Wolfe, la reestructuración de la primera representaría un gran alivio para el fisco, y la venta del segundo sería una ayuda a la reestructuración gubernamental.

'En el área fiscal, hay demasiada confianza en el supuesto de que el gasto de inversión que el gobierno llevará a cabo y el aumento de las transferencias del gobierno federal darán un fuerte repunte en el crecimiento económico. Hace falta más recortes en los gastos del gobierno y un análisis más profundo de los riesgos costo beneficio de las alianzas público privadas', indicóWolfe en los comentarios sometidos a la Junta.

El socio de Krueger priorizó las reformas para la participación laboral, seguido por la reestructuración gubernamental, y las reformas educativa, energética y de salud, así como la de los sistemas de retiro y los programas de beneficencia social. También apuntó a la necesidad de vender activos del gobierno, la reforma de seguridad y el programa de inversión en infraestructura.

También opinó que se necesitan reformas a los procesos presupuestarios, gestión y control, y recabar asesoramiento del Tesoro o el Fondo Monetario Internacional para definir el control del gasto y los ingresos. De igual modo, propuso hacer ilegal que otros organismos gubernamentales como Fomento Económico concedan incentivos fiscales.

'La política fiscal debe concentrarse en diseñar una estructura gubernamental que sea factible mantener a lo largo del tiempo, estableciendo ingresos consistentes con un tamaño de gobierno para proporcionar servicios gubernamentales básicos y protección social a los más vulnerables de la isla. Esto requiere fortalecer las instituciones fiscales, proporcionando niveles adecuados y apropiados de maestros, policías y otros trabajadores del sector público para proveer servicios claves, y adecuando el tamaño de los diferentes niveles de gobierno', concluyóWolfe.

En una carta con fecha del 23 de noviembre, la Junta rechazó el PAF del Gobernador indicando que 'se ha hecho claro para la Junta que más ajustes de política pública, particularmente con respecto a reformas estructurales, son necesarios para que la economía de Puerto Rico recobre el crecimiento sostenido. El Plan Fiscal también debe incluir un análisis de sostenibilidad de la deuda. En este contexto, respetuosamente solicitamos que su gobierno prepare y someta un Plan Fiscal revisado para el 15 de diciembre de 2016'.

Los cambios sugeridos incluyen definir e incorporar métricas para una visión de 10 años, excluir financiamiento del Obamacare a menos que esté acompañado de una legislación específica que lo viabilice, integrar el financiamiento de los planes de pensión e incluir una propuesta de reestructuración de deuda.

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