Washington - A pesar de la incertidumbre que reina en el Congreso sobre el presupuesto, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares afirmó el miercoles estar optimista de que Puerto Rico recibirá los fondos federales de Medicaid necesarios para el próximo año fiscal, y que las medidas de austeridad locales salvarán al pueblo de mayores sacrificios.

Sumidos en varios puntos de controversia, el Congreso tiene hasta este viernes para aprobar una resolución presupuestaria que permita que el gobierno federal siga funcionando. Además del cabildeo contra el reloj del gobierno de Puerto Rico por los fondos federales, RossellóNevares tiene en mente su propia fecha límite este fin de semana.

El Gobernador debe entregar a la Junta de Control Fiscal (JCF) el domingo un presupuesto para la isla que refleje la reducción en gastos que prometió cuando se aprobó el plan fiscal en marzo. Tiene reuniones el jueves y viernes para ultimar detalles.

'Las cosas van encaminadas de tal manera que les puedo decir que vamos a entregar un presupuesto que cumple con los objetivos fiscales,' expresó RossellóNevares en entrevista durante su visita a Washington.extensión hasta el 5 de mayo para someter sus contratos con los proveedores de salud al gobierno federal para aprobación.

No obstante, hizo la salvedad de que el presupuesto que entregará este fin de semana es un borrador, que incluye la partida de fondos federales para servicios de salud. El secretario de Salud de los Estados Unidos,Tom Price, certificó mediante carta el martes que Puerto Rico necesita unos $900 millones para cubrir su programa de Medicaid hasta junio de 2018.

Entretanto, se espera que el Congreso sus negociaciones una semana para lograr la resolución que evite el cierre parcial del gobierno, negociaciones que incluirían los fondos para Puerto Rico. Tomando eso en cuenta, el secretario Price le ofreció a Puerto Rico una

De no recibir los fondos, el gobierno de Puerto Rico no podrá negociar contratos con los proveedores para el próximo año fiscal lo cual conllevaría el colapso del sistema de salud. RossellóNevares afirmó que Price entiende la urgencia e indicó un 'apoyo claro y contundente' a que se asignen los fondos. 'Hay un entendido de que hay una necesidad. Lo que se está tratando de ver es el número,' añadió el Gobernador.

Por otro lado, el plan fiscal contempla $1,380 millones en aumentos de ingresos con eficiencias; $1,623 millones en reducción de gastos; y $299 millones en ajustes al plan de salud. Para lograr esto, el gobierno implementaría una variedad de medidas incluyendo aumentar las multas de Ley de Tránsito, imponerle el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a compras por Internet, aumentar el arbitrio a tabaco y cigarrillos electrónicos, y autorizar al gobierno usar sobrantes de las corporaciones públicas para gastos de servicios especiales, pago de pensiones y empleados públicos.

Se reduciría $500 millones en nómina del gobierno al congelar 9,000 plazas en cinco años, entre otras medidas. Y algunas de las maneras más controversiales para lograr estas y otras reducciones están plasmadas en el proyecto de ley de la Cámara 938, que se está debatiendo ahora en la Legislatura y que ha sido rechazada por gremios del país que reclaman que empobreceríaa la clase trabajadora.

Sus oponentes afirman que dejaría sin efecto los convenios colectivos ya negociados y eliminaría muchos beneficios por los cuales se luchó durante décadas. Incluye la eliminación o consolidación de vacaciones regulares o licencias por enfermedad, pero el punto más neurálgico parece ser la aportación patronal al plan médico, que podría reducir el salario mensual de los trabajadores entre $50 y $150.

Muchas organizaciones que se oponen al proyecto de ley 938, a los recortes de $512 millones propuestos para la Universidad de Puerto Rico, y a otras medidas de austeridad,planifican una manifestación masiva el próximo lunes, el mismo día en que expira el período de cese de litigaciones que a partir de ese día podrían iniciar los acreedores de los $68 mil millones en deuda pública que ha ocasionado la crisis actual.

Al contemplar tanta oposición, Rosselló explicó que el gobierno tiene que demostrarle a la Junta tres componentes: que puede presentar un presupuesto balanceado, que tiene un plan para reducir el tamaño y los gastos del gobierno, y que tienen una liquidez de $900 millones, o sea, dinero en mano disponible.

Se incluyó esta reorganización laboral y reducción de beneficios, añadió el Gobernador, para detener el plan de la Junta de despedir empleados públicos y reducir la jornada laboral a todos los que quedaban, entre otras medidas.

'Las consecuencias son bien claras. O atendemos esto de una manera donde no se le arrebate a nadie lo que sería su sustento y donde hay que hacer algunos sacrificios, pero donde no tendríamos que entrar en medidas más dramáticas ya impulsadas por la Junta de Supervisión Fiscal, como la reducción de jornada laboral o los despidos de empleados públicos,' puntualizó Rosselló Nevares.

El Primer Ejecutivo afirmó estar confiado en poder convencer a la Junta que su plan funcionará. Pero añadió que de la Junta no estar de acuerdo con las reducciones de gastos y aumentos de ingresos por eficiencias incluidos en su presupuesto, sería entonces el organismo instaurado por la ley federal PROMESA, y no él, quien exigiría el despido de empleados y la reducción de la jornada laboral.

'Yo no la voy a implementar,' afirmó el Gobernador. 'Yo estoy confiado de que vamos a presentar los componentes (que requiere el plan) y vamos a detener lo que sería la reducción laboral', insistió.

Otro punto clave en la economía del país y en la crisis es que la negociación de la deuda pública podría estar entrando en sus horas finales. El lunes expira el período de tiempo del cese de litigación que estableció la ley PROMESA. Aunque los acreedores podrían acudir a los tribunales para tratar de cobrar parte de la deuda, también el Gobernador, con la autorización de la Junta, podría declarar al gobierno de la isla en bancarrota y forzar a los bonistas a los tribunales para llegar a un acuerdo.

El plan fiscal aprobado en marzo pasado solo contempla pagar unos 30 centavos de cada dólar que se debe de la mayoría de la deuda, lo cual ha hecho muy difícil el llegar a acuerdos voluntarios hasta el momento.

Aunque no ofreció detalles, Roselló explicó que las negociaciones continúan con todos los grupos de bonistas y que están buscando 'distintas alternativas dentro de los parámetros del plan fiscal'.

Aún así se mostró dispuesto a tomar la ruta de la bancarrota de ser necesario. 'Hay que ver. Si llega el lunes y no hay acuerdo, pues en ese momento yo voy a tomar la determinación que sea mejor para Puerto Rico', adelantó.