El acuerdo de reestructuración de la deuda de $9,000 millones de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), avalado por la administración Rosselló Nevares, beneficiará totalmente a los acreedores a costa de los contribuyentes puertorriqueños.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha indicado que el acuerdo de la AEE es un ejemplo de un proceso de negociación exitoso, 'pero ese acuerdo debe ser visto como una advertencia en lugar de como un modelo'. A esa conclusión llega el estudio titulado 'Money and Power: How Wall Street Broke Puerto Rico's Electric Power Authority (PREPA)', realizado por Refund America Project, que detalla y explica la crisis de la corporación pública y hace las correspondientes recomendaciones.

'Hay dos problemas distintos con la reestructuración de la deuda de la AEE. El primer problema es la cuestión de la deuda misma, la mayor parte de la cual puede ser ilegítima. El segundo, son los términos del propio RSA (acuerdo)', indica el informe.

De acuerdo con el estudio, la crisis de la AEE tuvo como factores principales la vulnerabilidad única que tiene Puerto Rico de no poder solicitar quiebra bajo el Capítulo 9 por su carácter colonial, la triple exención de impuestos que tienen los bonos de la Autoridad; y la presión continua de la banca comercial para que la corporación siguiera endeudándose porque les beneficiaba financieramente.

La triple exención de impuestos significa que los inversionistas no pagan impuestos estatales, locales o federales sobre los bonos.

'Por lo tanto, estos bonos eran considerados una gran inversión por los inversionistas, que contaban con que la AEE no pudiera declararse en quiebra. Los inversionistas estaban apostando que podrían cobrar incluso si eso significaba austeridad para la gente de la isla, así que siguieron comprando los bonos', expresa el informe.

El estudio menciona que los bancos y los bufetes de abogados cobraron más de $101 millones de dólares en comisiones por la emisión de los bonos. También destaca que los bancos suscribieron bonos que retrasaron el vencimiento final de la deuda más allá del límite de 30 años de la Constitución de Puerto Rico.

Se halló que bancos como JPMorgan Chase y UBS han cobrado por lo menos $65 millones en penalidades por rescisión de las permutas financieras ('swaps') de las tasas de interés conectadas a los bonos de la AEE.

De igual manera, 'bancos como JPMorgan Chase y UBS también suscribieron los acuerdos de bonos originales que incluían las permutas financieras ('swaps') tóxicas en los que eran contrapartes. JPMorgan Chase también fue un suscriptor en un acuerdo de bonos que se utilizó para hacer pagos por penalidades por rescisión en esas mismas permutas que tenía JPMorgan Chase. Dichos bancos establecieron acuerdos por los cuales cobraron varias veces'.

El estudio establece que el acuerdo de reestructuración es profundamente defectuoso porque 'Wall Street presionó a la AEE a un acuerdo injusto de reestructuración de deuda que es demasiado generoso con los acreedores'.

'Cuando quedó claro que la economía de Puerto Rico estaba en crisis y la isla y sus agencias pronto incumplirían con parte de su deuda, los acreedores tales como los fondos buitres o 'hedge funds', algunos de los cuales compraron la deuda de la PREPA por 50 o 60 centavos por dólar, empujaron a la AEE a un acuerdo de reestructuración que es potencialmente desastroso para los abonados de la AEE y terrible para la economía de Puerto Rico', lee parte del informe.

La primera recomendación que hace es que la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en San Juan deben rechazar el actual RSA de la AEE. 'El poder de aprobar los acuerdos de reestructuración en Puerto Rico recae en la Junta y en la Corte y no hay razón para que aprueben el RSA', sentencia el informe.

También recomienda que Rosselló Nevares reestablezca la Comisión de Auditoría de la Deuda y garantice que cuenta con los fondos necesarios para poder realizar una auditoría detallada de toda la deuda de Puerto Rico y determinar cuánto de la deuda pendiente de Puerto Rico es depredadora e ilegítima.

Asimismo, sugiere que la JCF debe cancelar cualquier deuda considerada ilegítima por la Comisión de Auditoría de la Deuda, de modo que los limitados fondos de Puerto Rico puedan dirigirse a mitigar la crisis humanitaria que se está desarrollando en la isla y mejorar las vidas del pueblo de Puerto Rico.

El estudio fue comisionado por varios grupos comunitarios y de derechos humanos establecidos en la ciudad de Chicago, liderados por la agrupación VAMOS4PR.

Informe PREPA Esp_25167