Para la tarde del viernes, la Junta de Control Fiscal (JCF) aún no finalizaba los cambios anunciados al presupuesto que certificarán para Puerto Rico, no obstante, la eliminación del bono de Navidad para empleados públicos se encontraba entre las certezas de lo que se incluirá entre sus páginas.

Además del golpe a la clase trabajadora, el nuevo presupuesto que contempla la entidad a cargo de las finanzas del país reduce los fondos para la infraestructura y los municipios, y propone recortes más profundos en el gasto gubernamental, o sea, en las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial.

Las medidas fueron anunciadas en una conferencia de prensa improvisada, luego de cancelar lo que sería su decimocuarta reunión pública y a modo de reacción directa de la negación del Senado de derogar la Ley 80 sobre despido injustificado.

En ella, la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, el presidente Jose Carrión III, Ana Matosantos y David Skeel, abordaron en sus oficinas de Hato Rey lo que sería el panorama económico y estructural para la Isla por los próximos cinco a seis años.

Como parte de los anuncios, estipularon que el Plan Fiscal re-certificado de la JCF se encontraba disponible en la página web del grupo de trabajo. Los documentos referentes a las agencias particulares, como el de la Universidad de Puerto Rico (UPR), estaban próximos a añadirse.

Según resumieron, para el año fiscal 2019 --que supone comenzar el 1 de julio--, la Rama Ejecutiva recibirá un recorte de 14%, y la Legislativa uno de 21% ($44.5 millones), y la Judicial uno de diez por ciento. De acuerdo a los estimados, para el año fiscal 2023 las primeras dos ramas habrán acumulado un recorte de 32%, para un total de $82.1 millones.

Mientras, Carrión III indicó que la Policía de Puerto Rico recibirá una disminución 'módica', y agencias independientes como la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental no se afectarían.'Yo creo que en donde estamos, esto es lo más necesario para lograr lo que se nos encomendó bajo la Ley [PROMESA] en terminos de balancear presupuesto, en terminos de tomar acciones que sean necesarias para restaurar acceso a los mercados y lo que es necesario para proveer continuidad en los servicios gubernamentales en este momento', justificó, por su parte, Matosantos quien en abril se opuso a la certificación del Plan Fiscal.

En ese momento, la ejecutiva catalogó los tijeretazos fiscales como 'mucho dolor con tan poca promesa'. En la conferencia de prensa, sin embargo, fue quien leyó una declaración conjunta de la JCF en la cual insistían sobre las reducciones propuestas como las necesarias para encaminar a Puerto Rico al bienestar económico.

'Me parece que es necesario hacer esto, es necesario como discutí, hacer más para poder lograr el crecimiento económico y las oportunidades que nos son necesarias para el futuro de Puerto Rico', añadió.

Sumado a los cortes a municipios, la UPR verá una reducción en la aportación gubernamental de $684 millones a $646 millones, y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) experimentará un incremento en sus ingresos de $1.2 billones a $1.6 billones en comparación con el año fiscal actual.

En cuanto al presupuesto operacional de la JCF, que consiste de $60 millones, el grupo no se autoimpondrá una reducción.

Por otro lado, la Directora Ejecutiva de la JCF indicó que todos los aspectos del Plan Fiscal previo que abordaban la reorganización de las agencias de Gobierno, la reducción de nómina y gastos relacionados continuaban en vigor. Esta determinación compete a unos 116,500 empleados públicos que laboran en 114 agencias, conglomerado que opera con un presupuesto conjunto de $8.6 billones.

Respecto a las agencias, ejemplo de lo que se mantiene vigente es la determinación de que si para el tercer trimestre de cualquier año fiscal una entidad pública muestra un bajo rendimiento, la JCF automáticamente restringirá el presupuesto de dicha agencia en una cantidad correspondiente a todo aquello que no lograron ahorrar.

Sin embargo, Carrión III clarificó que la JCF como entidad no le solicita al Gobierno de Puerto Rico el despido de empleados públicos.

'El Plan Fiscal no llama, no pide despidos de empleados públicos. De acuerdo a lo que se está planteando, el Gobierno plantea que algunas personas se irán por retiro incentivado y atrición y por la consolidación de agencias. Nosotros no estamos pidiendo despidos', declaró el Presidente.

Fuera de la mesa, desde su perspectiva, tambien se encuentra la reducción de jornada laboral para empleados públicos, pugna que llegó a los tribunales durante la última mitad del 2017 antes de que la JCF desistiera de esos esfuerzos por la llegada de los huracanes Irma y María.

La razón por la cual la JCF no ha aprobado su propio presupuesto se debe a la expectativa de que la Legislatura someta su versión entre el viernes y el sábado, documento al que le harían anotaciones.

Precisamente en el Capitolio, y mientras la JCF realizaba su rueda de prensa, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de presupuesto y lo envío al Senado, quienes a eso de las seis de la tarde comenzaron la discusión del documento.

Junto a esa espera, y a modo de anticipación de mayores discrepancias con la Legislatura, Carrión III aseguró que su interes no era resolver los problemas en los tribunales, pero de surgir pues no había más remedio que lidiar con ello.

'Nosotros estamos prestos por recibir el presupuesto de la Legislatura, todavía no hemos visto en detalle. Tan pronto lo recibamos, podemos comentar. Te puedo decir que es nuestro deseo evitarle al pueblo de Puerto Rico litigios y pleitos y demás, pero si desafortunadamente no podemos llegar a acuerdos, así terminaremos', afirmó el ejecutivo.