Aún si la salida del exsecretario del Departamento de Hacienda (DH), Raúl Maldonado Gautier, se considera una represalia por haber denunciado potenciales actos de corrupción que transcurren en la agencia que dirigía, no se puede amparar en protecciones legisladas que cubren a delatores o 'whistleblowers'.

Actualmente, el Código Anticorrupción cubre el campo de denuncias emitidas en contra de la corrupción pública, una ley presentada y aprobada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. El artículo 4.2 de esa ley (Ley 2 del 2018) establece una prohibición de despidos, amenazas o discrimen contra todo servidor público que provea o intente proveer testimonio o información sobre uso ilegal de propiedad pública o fondos públicos.

Sin embargo, el artículo 4.3 de la ley exime de esas protecciones a aquellos denunciantes que resulten ser coautores de los actos ilegales sobre los que ofrecen información. Tampoco se podrán invocar las protecciones disponibles a cambio de testimonio o información sobre actos ilegales ante funcionarios investigativos o incluso si las declaraciones que provea sean 'difamatorias, infundadas, frívolas o constituyan información privilegiada establecida por la ley'.

Por tanto, al Maldonado Gautier tener una obligación inherente a su cargo como secretario de Hacienda de investigar o referir a las autoridades tales denuncias, las disposiciones que protegen a delatores no le aplican a el.

'No creo que el ordenamiento de 'whistleblower' aplicaría a un jefe de agencia que es despedido por una cuestión de confianza y el argumento que se utilice para despedirlo es porque no le informo al jefe de la irregularidad', opinó el licenciado Víctor García San Inocencio.

En el caso de su hijo, Raúl Maldonado Nieves, las protecciones tampoco aplican pues se trata de una persona que no goza de puesto alguno dentro el gobierno, aún si ofreció servicios por contrato a empresas que a su vez mantienen contratos con el gobierno. De otra parte, las denuncias y alegaciones que el difundió en la tarde del lunes en sus redes sociales y nuevamente en la mañana del martes en entrevista radial y que implican directamente al gobernador tampoco le permiten ampararse en las protecciones existentes a delatores de corrupción.

García San Inocencio tambien observó que Maldonado Nieves no ha sido objeto de represalias por el gobierno, elemento necesario para invocar estas medidas. 'Quien está protegido por la legislación no solamente es el que delata algo, es el que sufre una represalia por haberlo delatado', sostuvo el exlegislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

A su juicio, García San Inocencio sostuvo que la situación que ha transcurrido en los últimos días con las revelaciones de Maldonado Gautier dan la impresión de un fallo en toda la cadena de funcionarios que deben velar por la sana administración, señalando que el primero en fallar fue Maldonado Gautier.

'Esto no puede haber sido un caso aislado, para que alguien hable de una mafia institucionalizada en el DH, tiene que ser muchos eventos o un conjunto de eventos y un conjunto de personas obrando con un acuerdo. Puede haber elementos como el delito de conspiración, la alegada extorsión no es un simple acto… la obligación ministerial es denunciarlo, pero es denunciarlo hoy, no dentro de un mes o 2 meses, 3 meses o 6 meses', añadió García San Inocencio.