La derogación de la Ley 80 de despido injustificado, ficha clave para que se cumpla el acuerdo entre el gobernador y la Junta de Control Fiscal (JCF) para evitar la eliminación del bono de Navidad y la eliminación de días de vacaciones y enfermedad, no contará con el apoyo del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz.

El presidente senatorial dejó conocer su posición en cuanto la polemica medida que minutos antes el propio Ricardo Rosselló Nevares urgió a la Legislatura a derogarla, pues ya el había acordado esa movida con la Junta previamente. No obstante, aunque el senador Rivera Schatz se mostró abierto a cambiar de opinión sujeto a la provisión de información que lo pueda convencer respecto a las supuestas bondades de la eliminación de la Ley 80 sobre la economía, dio a entender que aún así su eliminación sería peor que su permanencia.

'Como cuestión lógica, si usted permite que despidan ese trabajador va a tener que cobrar desempleo, va a necesitar ayuda del gobierno. Es un calculo negativo en lo que es el presupuesto y los recursos del gobierno que, de nuevo, ojalá nos convenzan de que eso es una buena alternativa. Si así lo hicieran, en mi caso personal… no tendría ningún problema', sentenció el presidente senatorial.

Rivera Schatz fue más allá y aseguró que acudirá a los tribunales para defender su postura, señalando que como funcionario electo responde a los mejores intereses de sus constituyentes. 'En mi caso, yo voy a defender mi punto en cualquier foro. En el tribunal inclusive si fuera necesario. Yo no le voy a enviar un mensaje a nadie de que no voy a defender mi punto en los tribunales. Si me toca defenderlo, lo voy a defender porque es mi responsabilidad con los que me eligieron y así lo hare. En el tribunal, en el foro que sea. Con buena fe, con la mejor intención', declaró.

La idea de eliminar la Ley 80 remonta a principios de febrero cuando la JCF la incluyó entre las recomendaciones que el gobierno debería implantar en el próximo presupuesto. La semana pasada el gobernador se reunió en Nueva York con los miembros de la JCF donde acordaron implantar esa medida a cambio de mantener otra serie de derechos laborales aplicables a empleados públicos.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos Mendez Núñez, no fue tan contundente como su homólogo en la Cámara, pero compartió su solicitud a los efectos de que necesita datos que puedan sostener la derogación de la ley 80 para llevar a cabo una evaluación adecuada sobre la medida.

'Nosotros no vamos a aprobar ningún tipo de legislación así. Nos tiene que proveer toda la información. El compañero presidente del Senado le hizo un requerimiento al señor Carrión y el señor Carrión quedó en suministrar esa información y definitivamente es parte esencial de la evaluación de cualquier medida a esos fines que someta el señor gobernador que hasta esta hora no ha sido sometido', declaró el representante Mendez Núñez

Por su parte, el presidente senatorial catalogó la insistencia de la JCF a la eliminación de la ley 80 como un capricho, cuestionando por que todavía no han explicado las bondades de esa medida. 'Es mucho pedir, requerirle a quien defiende la derogación de la ley que nos explique sus bondades. Es mucho exigir, es poner en riesgo algo trabajar con transparencia. Es poner en peligro algo exigir que cada medida que aprobemos este fundamentada correctamente. Desde mi punto de vista no. Lo que es un peligro es complacer caprichos que podrían tener consecuencias negativas más adelante', sostuvo Rivera Schatz, advirtiendo que tampoco tiene garantías de que la JCF no insistirá sobre la eliminación de otros beneficios laborales más adelante.

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