La agente Mabel Padilla Báez, quien fue arrestada el pasado 16 de mayo por la Agencia De Control de Narcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingles), fungió como escolta en La Fortaleza como parte de sus labores en la Oficina de Seguridad y Protección de la Policía de Puerto Rico.

Los servicios de la agente, sobre quien pesa un cargo por distribución de narcóticos y otro por lavado de dinero, datan del 2017, primer año de mandato del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

'Como parte de sus labores en la Policía en la Oficina de Seguridad y Protección dio servicios de escolta en la mansión ejecutiva y en otras áreas. No obstante, su tiempo de servicio fue corto, aproximadamente un mes, luego fue efectiva su licencia sin sueldo', indicó la oficial de prensa del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Karixia Ortiz Serrano.

De acuerdo al pliego acusatorio, Padilla Báez es imputada de intento de distribuir más de cinco kilos de cocaína entre el 2013 y el 2014, y lavado de dinero, ambos en conjunto con su hermano, Fabián Padilla Báez. El 'lavado' de dinero de las ganancias sería era mediante la compra de una parcela en el barrio Galateo de Toa Alta.

'Trabajó de enero a febrero de 2017 en La Fortaleza en vigilancia escolar y despues se reinstaló a Seguridad y Protección de la Policía donde siempre perteneció', señaló, por su parte, la oficial de prensa de La Fortaleza, Yennifer Álvarez Jaimes.

La Oficina de Seguridad y Protección supone hacerle justicia a su nombre al ser, según su descripción, la encargada de administrar y controlar todas las actividades que se relacionen con la prestación de servicios de seguridad y protección a tenor con las directrices del jefe de la Policía.

La unidad cuenta con una serie de divisiones, entre ellas la Sección de Servicios Especiales y Escoltas. Fue en esta que Padilla Báez trabajó desde el 2008. Allí, se desempeñó como 'investigadora de campo y servicios especiales', tal como especificó el DSP.

Aunque la agencia no contestó a quien específicamente estaba asignada la agente Padilla Báez, se presume que es Rosselló Nevares, puesto que la Orden General 100-110 de la Policía de Puerto Rico restringe el servicio al funcionario público y no a sus familiares ni a la residencia, en este caso el Palacio Santa Catalina.

La única excepción a esa norma consiste de una situación especial que así lo amerite y, según la Orden General, esa decisión queda en manos del Superintendente de la Policía, posición ahora conocida como 'Comisionado' desde la creación del DSP.

Los servicios, entonces, son reservados para funcionarios de 'alta jerarquía' del Gobierno de Puerto Rico, según autorizados por el Superintendente.

Esta denominación incluye Gobernador, Secretario de Estado, presidentes de ambas cámaras legislativas, Comisionado Residente electo, funcionarios de Gobierno autorizados por el Superintendente y exgobernantes.

Tambien, a Jefes de Estado y Primeros Ministros de otros países y, durante el período eleccionario local, a los candidatos a la gobernación certificados por la Comisión Estatal de Elecciones.

El reglamento, firmado en el 2014 por el entonces superintendente Jose Caldero López, autoriza la asignación de un vehículo oficial de la Policía para el agente en labores y limita su alcance a la jurisdicción de Puerto Rico.

Padilla Báez recibió una licencia sin sueldo en el 2017, por lo que estaba destacada en la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

Al momento, ni la CFSE ni el DSP ha contestado cuánto dinero la agente devengaba en esa posición, a pesar de la insistencia de este medio.

En el caso de la CFSE, la Oficina de Información Pública afirma que la directora nos atenderá tras una reunión, pero no sucede. Mientras, del DSP no hemos recibido respuesta aún.

Al darse a conocer la noticia de su detención por parte de las autoridades federales, Padilla Báez fue retirada de su posición en esa agencia.

'En ninguna de las dependencias gubernamentales hay espacio para los actos que se evidenciaron en el ejercicio de sus funciones a la oficial. Es conocido que la agencia federal DEA realiza una investigación y protegemos ese proceso', expresó Ortiz Serrano por parte del DSP.

La agente Padilla Báez se graduó como agente en el 1998 y estuvo destacada en el área de Bayamón por dos años. En su record, el DSP no subrayó otra labor hasta la aprobación de la licencia sin sueldo.

Mientras, los procedimientos judiciales contra la agente y su hermano tuvieron su inicio casi de inmediato tras su aprehensión.

Ambos se dieron cita al Tribunal Federal y fueron asistidos por un interprete de la Corte. Del mismo modo, les fue entregada una copia de la acusación y fueron avisados de los cargos, así como las penas máximas y sus derechos.

De ser hallados culpables, se enfrentarían a una pena que podría consistir de 10 y 20 años hasta cadena perpetua.

El tribunal informó, además, que los demandados permanecerían bajo custodia en espera de nuevos procedimientos referentes al caso.