Para el profesor de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Rafael Torrech San Inocencio, más que una cuestión de que funcionarios del Gobierno devenguen altos salarios, es si tienen o no las competencias para los cargos que ocupan.

El profesor reaccionó a la serie de artículos que NotiCel publicó esta semana sobre los salarios de los jefes de agencia en la Administración García Padilla, sobre los arreglos especiales que se han hecho para que algunos de ellos reciban compensaciones muy por encima de lo que la ley autoriza, y sobre cómo esos salarios comparan con la compensación promedio para distintas profesiones en el país.

'Hay funcionarios bien pagados, funcionarios excesivamente pagados y funcionarios que merecen mejor paga. El problema es cómo se parean las remuneraciones con las competencias profesionales. Cómo lograr que el funcionario o asesor que es realmente competente sea remunerado apropiadamente por sus resultados, sus conocimientos aplicados y por sus competencias profesionales? El problema es que lo mucho que se invierte en funcionarios políticos drena los recursos que pudieran estar disponibles para contratar los recursos periciales que necesita el país para su administración pública', aquilató.

Torrech San Inocencio sostiene que existen tres tipos de servidores públicos: el funcionario profesional (es el que posee los conocimientos y destrezas para el cargo), funcionario político (obtiene el nombramiento por sus dotes de movilizar apoyo electoral y su liderato dentro de la política-partidista, indistintamente de sus competencias y capacidades) y el funcionario excepcional (sabe combinar la parte política con la profesional).

'El problema con los salarios de los funcionarios públicos es que lo político muy frecuentemente subordina lo profesional. Por tanto, se recompensa con un alto salario al funcionario político y a menudo no se invierte lo suficiente en el profesional. Como resultado, el bien pagado funcionario político, que tiene su valor en la estructura de gobierno, a menudo requiere de subalternos profesionales que realicen el trabajo que le compete y para el cual no tiene suficientes acervos periciales', argumentó.

En la medida que dentro del Gobierno aumenten los funcionarios políticos en los cargos que deberían ser ocupados por funcionarios profesionales, el resultado es que se incrementaría el gasto de la nómina gubernamental, y se produce un déficit de competencias en las agencias.

Al entrar a las comparativas con los ingresos de otros ciudadanos, Torrech San Inocencio, destaca que la referencia a la que se debe partir es los $25,866 anuales que es el promedio que devenga una persona que al menos posea un grado de bachillerato, y no el ingreso per cápita en Puerto Rico.

'El gobierno tiene la responsabilidad de reclutar buen talento, y si ese talento cuesta, debe pagarlo en función razonable de lo que vale en el mercado. Si es así, no hay problema. El rendimiento de la inversión se verá en los resultados que el funcionario logre a favor del País. Tampoco queremos que los salarios sean tan bajos, que no se pueda atraer al servicio público los funcionarios que el país necesita para atender sus retos y necesidades. Eso condenaría el servicio público a una mediocridad que no merece el pueblo' concluyó.

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