Cuando los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) unánimemente determinaron que la juramentación de Pedro Pierluisi Urrutia fue inconstitucional no precisaron su anulación, encapsulando un extraño episodio de la historia puertorriqueña con una gobernación válida por apenas cinco días.

En la decisión histórica, la cual suma 174 páginas, se atendieron los asuntos más urgentes de la crisis de sucesión gubernamental que vivió la Isla a raíz de la renuncia a la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares el 2 de agosto, la primera dimisión de su tipo que se registra bajo el regimen de la Constitución del Estado Libre Asociado.

Luego del evento, varias personas comenzaron a plantear en redes sociales si el renunciante se puede considerar un 'exgobernador'.

Lo cierto es que el termino puede tener un significado diplomático, protocolar o hasta afectivo. Pero las leyes de Puerto Rico encierran tambien varias disposiciones que reconocen derechos y privilegios a las personas que una vez fueron gobernadores y ya no lo son. Pero no todas esas leyes plantean una definición formal de lo que es un 'exgobernador'.

Según una búsqueda de NotiCel, la única de esas leyes que provee una definición, dice que esa definición solo aplicará a esa ley, y es una ley que ya no aplica a las tres personas que ocuparon el cargo en este cuatrienio ya que es la ley que reconocía una pensión anual a los exogobernadores, lo cual no está vigente desde 1993.

En esa ley, la 2 de 1965, dice que un exgobernador es 'cualquier persona que haya ocupado el cargo de Gobernador bajo las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la elección popular, que no haya sido destituido, y que haya ocupado dicho cargo durante un termino no menor de cuatro años o cesare en el mismo por razón de incapacidad mental o física antes de cumplirse dicho termino'.

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El texto nada dice sobre un gobernador que renuncie o que haya sido detenido por el Tribunal Supremo, lo que sí dice es que la persona no puede haber ocupado el cargo por menos de cuatro años o se haya visto impedido de completar los cuatro años por 'incapacidad mental o física'.

Si aplicamos el texto a Rosselló Nevares, estuvo menos de cuatro años, pero las razones para no completar el termino no fueron 'incapacidad mental o física'. Si lo aplicamos a Pierluisi Urrutia, tampoco estuvo cuatro años y tampoco medió 'incapacidad mental o física'. Y si lo aplicamos prospectivamente a la secretaria de Justicia, nueva gobernadora por sucesión, Wanda Vázquez Garced, su termino definitivamente será menor de cuatro años, y no sabemos si lo terminará o si lo acortará por alguna razón de 'incapacidad mental o física'.

La definición de esta ley, por lo tanto, nos llevaría a concluir que ninguno de los tres gobernadores que ha tenido Puerto Rico este cuatrienio son 'exgobernadores' para efectos de la única definición que se encontró de ese termino en las leyes que nos aplican.

La controversia sobre el termino no se limita a la pensión que ya no existe. la ley tambien usar el termino 'exgobernador' para reconocer el status de los empleados públicos asignados a las oficinas de los 'exgobernadores' (oficina que tambien acarrea una asignación anual de $40,000 en fondos públicos), para reconocer un credito contributivo a las personas que donen dinero a las fundación de un 'exgobernador', para disponer del manejo de los archivos de un 'exgobernador', y para reconocerle un derecho de licencias sobre armas de fuego a los 'exgobernadores' así como eximirlos del pago por esa licencia.

Para ver la ley sobre anualidad para los gobernadores, pulse aquí.

El Tribunal Supremo, empero, llama a Rosselló Nevares 'exgobernador' en su decisión sobre Pierluisi Urrutia, la cual tambien pudo tener el efecto de convertir a Pierluisi Urrutia en exgobernador, igual que el Supremo calificó a Rosselló Nevares.

Al declararse inconstitucional la juramentación de Pierluisi Urrutia, el máximo foro judicial estatal logró reunir una opinión común entre los jueces, facilitando la resolución de una controversia que pudo ser mucho más compleja.

El catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Ramos, señaló que las circunstancias aceleradas bajo las que los nueve jueces de ese foro tuvieron que operar viabilizó una opinión de una juramentación inconstitucional en lugar de una nula. De haberse anulado la jura de Pierluisi Urrutia se validaba una vacante en la gobernación por ese periodo de cinco días abriendo las compuertas a otra retahíla de controversias.

Aunque las potenciales consecuencias de haberse efectuado esa anulación caen dentro el campo de la suposición - ya superada la disputa constitucional - el exsenador popular Eudaldo Báez Galib no descartó la posibilidad de que, en ese caso, los actos de Pierluisi Urrutía en ese periodo hubiesen constituido actos criminales al tener acceso a los recursos del primer ejecutivo.

En cuanto los beneficios a los que tienen derecho los exgobernantes, Ramos opinó que ni Pierluisi Urrutía ni la actual gobernadora, Vázquez Garced, cumplen con los requisitos de elegibilidad para recibirlos.

'Tendría salario y pensión de Justicia y lo acumulará. Pero no beneficios que establece la ley', señaló Ramos en relación a la Gobernadora. No obstante, el catedrático de la Universidad Interamericana hizo la salvedad de que ambos podrían solicitar algún tipo de protección de la Policía, de ser necesario.

Báez Galib, por su parte, opinó lo contrario en el caso de Vázquez Garced. Dado que ella ocupa el cargo al amparo del sistema de sucesión que establece la Constitución del Estado Libre Asociado, ocupa el cargo de forma legítima, por tanto, tendría el mismo derecho a los beneficios que mantienen los exgobernantes.