Tras salir a relucir que un administrador de La Fortaleza solicitó a los empleados de la Oficina del Gobernador a firmar un acuerdo de confidencialidad, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) expresó preocupación por la terminología ambigua y cuestionable.

El pedido, que solicitó el administrador Luis Martínez, y que consiguientemente fue dejado sin efecto por el gobernador Ricardo Rosselló, causó alarma entre los empleados de la Fortaleza que expresaron sentirse intimidados por las repercusiones legales.

'Es la primera vez que conocemos de una medida administrativa de este tipo en La Fortaleza, donde ya existen suficientes disposiciones legales sobre sus deberes, obligaciones y administración dentro del marco del servicio público', expresó Damaris Suárez, presidente de la Asppro.

'El nuevo acuerdo que le exigieron a los empleados iba más allá, comenzando con prohibir el divulgar o usar 'información confidencial', la cual define como prácticamente cualquier cosa, y con vigencia de por vida porque lo extiende despues de que expire el propio acuerdo o ya no sea empleado de la Oficina del Gobernador', cuestionó además.

Entre las vaguedades del pretendido acuerdo, dice: 'el empleado no divulgará o utilizará, en detrimento de la OG [Oficina del Gobernador], el Gobernador y/o la Primera Dama y su familia, y mantendrá en estricta confidencialidad la información confidencial (…) sea o no designada por escrito como confidencial'. Además, aplica a 'cualquier información' sobre la familia del gobernador y la primera dama, sin limitaciones.

'Otro apartado altamente preocupante se refiere a las citaciones u órdenes judiciales ( subpoenas ). Indica que el empleado 'consultará con la OG, el Gobernador y/o la Primera Dama sobre la posibilidad de tomar alguna acción legal para resistir o limitar dicha solicitud'. Esto compromete al empleado con hacer lo que el administrador, el gobernador y su esposa le digan frente a una autoridad judicial, lo cual es impropio y podría ser en detrimento del empleado', manifestó la presidenta de la Asppro en un comunicado de prensa.

'Los terminos y condiciones del acuerdo son altamente cuestionables desde el punto de vista etico, legal, administrativo y hasta del más básico principio de libertad de expresión. Contradice el principio de la ley que protege a los empleados por denunciar actos de corrupción [Ley 14 de 2001], pero sobre todo contrasta con la política pública de transparencia que el propio gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha dicho defender', apuntó la presidenta del gremio de periodistas.

Puede ver el acuerdo aquí: